Campesinos exigieron a Lugo cambios en Agricultura, Catastro, Registros Públicos y en Procuradoría

Los campesinos que se manifestaron el martes pasado en Asunción (ver fotos) habían exigido al presidente Fernando Lugo el cambio del titular de la Dirección General de Catastro, José Tomás Villarejo (nombrado por el ministro de Hacienda Dionisio Borda); del ministro de Agricultura y Ganadería, el liberal Enzo Cardozo; del procurador general de la República, Enrique García y del escribano Mayor del Estado, Justo Germán Denis. También pidieron cambios en Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en la Dirección de Catastro del INDERT y en la Dirección General de Registros Públicos (que depende del Poder Judicial). El senador socialista Sixto Pereira confirmó que pidió a Lugo el cambio de Villarejo.

“Entendemos que una demostración clara del compromiso en favor de la democracia, en favor de la transparencia, de la justicia y contra la corrupción por parte del Ejecutivo será la intervención de todas las instituciones involucradas en el ordenamiento territorial del país, puesto que no podemos seguir afirmando que tenemos más de 520.000 km2 de títulos cuando tenemos apenas 406.752 km2 de territorio como país”, señala parte del comunicado de la Coordinadora de Recuperación de Tierras Malhabidas lanzada el pasado martes. 

“Llegan a 7.851.295 hectáreas, las tierras malhabidas identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia y no puede ser que los corruptos sigan impunes y las tierras no puedan ser utilizadas por compatriotas que son sujetos de la Reforma Agraria”, dice la Coordinadora. Esta agrupación señaló a los representantes de los tres poderes del Estado que existen muchas irregularidades en las citadas instituciones y sus directivos no hacen nada para sanear la tenencia de tierras en el Paraguay. Todo lo contrario, obstruyen la labor del Poder Ejecutivo, en especial Villarejo y la directora de Registros Públicos, Lourdes González, quienes están abiertamente a favor de los brasiguayos y del grupo Favero en el caso de las 257.294 hectáreas de tierras que recuperó el Estado de los herederos de Domingo Barthe (año 1963). 

“Del Poder Judicial esperamos que intervenga y produzca cambios en la Dirección General de los Registros Públicos, atendiendo el desorden territorial que padecemos paraguayos y paraguayas. Al mismo tiempo, exigimos el replanteo de la MENSURA JUDICIAL en Ñacunday y el cambio del juez de Ñacunday por el de Iruña, tomando la Finca 81 como finca madre. Además, creemos muy necesaria una posición pública de la Corte Suprema de Justicia, reconociendo la necesidad de una profunda reforma y democratización del Poder Judicial para que verdaderamente la administración de la justicia sea imparcial e igual para todas y todos, no como hasta ahora que funciona para el que tiene más dinero”, señala otra parte del comunicado.

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