Utilizan datos manipulados sobre energía e impacto económico para recomendar negociar con Río Tinto

Bernardo Navarro (izq.), funcionario de Hacienda; Diego Zavala, coordinador del ETI, y Mercedes Canese, viceministra de Minas y Energía. Los dos primeros se borraron de la audiencia sobre Río Tinto Alcan luego de escuchar las primeras críticas sobre el proyecto.

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Diego Zavala (hermano de Fidel, ganadero secuestrado por el EPP) y Bernardo Navarro (funcionario del Ministerio de Hacienda) recomiendan al gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco iniciar la negociación con Río Tinto Alcan utili-zando datos manipulados por la consultora inglesa CRU Strategies, contratada con fondos de Itaipú Binacional a propuesta del Equipo de Trabajo Interins-titucional (ETI).
Esta es la conclusión a que arribó la mayoría de la gente después de escuchar las ponencias de Zavala, coordinador del ETI, de Navarro, de la viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, así como del Ing. Ricardo Canese y a técnicos de la ANDE, entre ellos Pablo Guimaraes. Estos hablaron en la audiencia realizada en el Congreso Nacional el lunes 19 de diciembre sobre el proyecto Rio Tinto Alcan. Por su parte, Axel Benítez, asesor de entes binacionales abrió los ojos de la gente en el tema de la contaminación ambiental, que fue minimizada por los técnicos del ETI.

Funcionario señala que el Estado podría pagar obras por US$ 1.000 millones para beneficiar a Río Tinto

Bernardo Navarro (izq.), funcionario de Hacienda y brazo derecho del ministro Dionisio Borda; Diego Zavala, coordinador del ETI, y Mercedes Canese, viceministra de Minas y Energía, en la audiencia sobre Río Tinto Alcan.

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Los miembros del Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI), cuyo coordinador es Diego Zavala (hermano de Fidel, secuestrado por el EPP) recomendaron al gobierno del presidente Fernando Lugo y Federico Franco iniciar las negociaciones con Río Tinto Alcan para la instalación de una planta de aluminio.
Zavala y Bernardo Navarro, del Ministerio de Hacienda, dicen que el gobierno debe negociar con la multinacional la concesión de ciertas ventajas impositivas y un precio especial por el consumo de energía eléctrica (no reconocen que es subsidio, ya que dan cómo válido el informe de la CRU Strategies). 

Además, el Estado debería pagar el costo de la infraestructura para que pueda operar la planta industrial, según había dicho Navarro en la audiencia pública realizada ayer en el Congreso Nacional. Las obras que el pueblo paraguayo pagaría costarían entre 700 a 1.000 millones de dólares. Es decir, propone hipotecar bienes del Estado por décadas para beneficio de una sola empresa y para eso estarán disponibles instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial. El saldo de la deuda externa de Paraguay, a junio de 2011, supera 2.300 millones de dólares. No obstante, el funcionario dijo que estas obras serán beneficiosas también para las industrias que se instalarán en el futuro parque industrial y otras ya instaladas en la zona donde se asentará la planta de aluminio.

Borda, Rivas y Zavala operan a favor de proyecto que atenta contra soberanía energética, según Laíno

Bernardo Navarro (izq.), funcionario de Hacienda y brazo derecho del ministro Dionisio Borda; Diego Zavala, coordinador del ETI, y Mercedes Canese, viceministra de Minas y Energía, en la audiencia sobre Río Tinto Alcan.

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El Dr. Domingo Laíno, miembro del consejo de Itaipú Binacional, acusó a Dionisio Borda, ministro de Hacienda, y Francisco Rivas, Ministro de Industria y Comercio, de operar a favor de la multinacional Rio Tinto Alcan, que presentó un proyecto que atenta contra nuestra soberanía energética. Esta empresa pretende que el Estado paraguayo le otorgue un subsidio para utilizar una parte de la energía generada por Itaipú (contrato desde 2016 al 2045). La misma promete invertir 3.500 millones de dólares para producir 670.000 toneladas de aluminio por año, pero pide también ventajas impositivas.

Laíno también acusó a Diego Zavala (hermano de Fidel, ganadero secuestrado por el EPP) y a Bernardo Navarro (funcionario del Ministerio de Hacienda) de no defender los intereses nacionales. El primero es coordinador del Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) creado por decreto 5938 (enero de 2011) para estudiar la propuesta de Río Tinto Alcan. El consejero de Itaipú habló ayer en la audiencia pública realizada en el Congreso Nacional para analizar el proyecto de la empresa canadiense.

Empresarios y afectados por plan Metrobús critican falta de transparencia y arbitrariedad del MOPC

Los dirigentes de la CETRAPAM, Eduardo von Eckartsberg (izq.), Juan Carlos Aveiro, miembro de la SETAMA, Jorge Jure Vallejos y César Ruiz Díaz. Este último y Aveiro estuvieron en la Cámara de Diputados.

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El presidente el Centro de Empresarios del Transporte Metropolitano, Juan Carlos Aveiro, criticó la falta de transparencia del Metrobús, proyecto lanzado por el ex ministro Efraín Alegre. La abogada Lorena Segovia, de la Cetrapam, preguntó cómo se llevará a cabo la modernización del transporte porque la Secretaría de Transporte del Area Metropolitana no participó ni aprobó el ambicioso plan. Las quejas escucharon legisladores de la comisión de obras de la Cámara de Diputados en reunión realizada el miércoles. 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones usurpa, en forma ilegal y arbitraria, las atribuciones de la SETAMA, pues esta institución administra el transporte de pasajeros en el área metropolitana, según Ley 1590/00.

Asamblea de DDHH asegura que Lugo pactó con la “mafia criolla” y que no hay estado de derecho

César Báez Samaniego, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General (izq.), Nilda Estigarribia, José Bellasái y Nils Candia Gini, en el Hotel del Paraguay, durante el homenaje al conocido médico.

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Los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos emitieron un comunicado ayer durante el acto en homenaje al Dr. José Bellasái, médico y miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. La Asamblea condena al presidente Fernando Lugo porque ha pactado con la “mafia criolla”, ya que pone trabas para que un grupo de ciudadanos investigue la corrupción que existe en las instituciones del Estado. 

Algunas víctimas de la dictadura stronista dicen que los políticos de ultra-derecha, enquistados en el Parlamento Nacional y en los gremios empresariales (Unión Industrial Paraguaya, Asociación Rural del Paraguay), condenan a Venezuela porque es gobernado por Hugo Chávez, supuestamente un dictador de izquierda (ganó sucesivas elecciones generales). Sin embargo, Paraguay también superó lejos los parámetros para ser considerado un país democrático (Estado de Derecho Versus Terrorismo de Estado).

Ríos Tonina dice que el nivel de la justicia paraguaya no llega a la categoría de prostíbulo

Augusto Ríos Tonina (foto), miembro de Movimiento Frentista de Asunción, aseguró que la justicia paraguaya no llega a la categoría de prostíbulo, donde existe una “madama” que administra y manda. En el Poder Judicial, los jueces y fiscales hacen lo que quieren y no lo que mandan las leyes. Enfatizó que la corrupción que existe en esta área es tan grande que la mayoría de los casos de denuncias de robo de dinero del Estado termina archivados. Sin embargo, nuestra justicia aplica la ley cuando se trata de ladrones de poca monta.

Diputados rechaza proyecto de "transporte gratuito" por inconstitucional y populista

Los diputados Amado Florentin (arriba, izq.) y Juan Denis y los senadores Ro-gelio Benítez (izq.) y Hugo Estigarribia aseguraron que el proyecto del senador liberal Blas Llano es inconstitucional.
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La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de ley que “declara carga pública” y establece el servicio de transporte de pasajeros gratuito para el refe- rendum del 9 de octubre de 2011. Este proyecto, presentado por el senador liberal Blas Llano y aprobado “sobre tablas” por la Cámara de Senadores el 22 de setiembre, fue rechazado porque es inconstitucional, populista y extem- poráneo (el referendum ya es historia). 

El senador colorado Rogelio Benítez había dicho que es “loable” el proyecto, aunque reconoció que no se puede imponer a los transportistas “una carga pública”, ya que no se presume la gratuidad del trabajo. Pidió que la Cámara de Senadores realice un estudio para prever un rubro a fin de pagar a los trans-portistas.

Senadores aprueban transporte gratuito en el día de elecciones para no usar subsidio a los partidos

Los senadores Miguel Carrizosa (izq.), Blas Llano y Miguel Saguier fueron los "cerebros" que justificaron el proyecto de ley de "carga pública" para trans-portistas. La Cámara de Diputados rechazó el proyecto y vuelve al Senado.

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El senador Blas Llano había presentado un proyecto de ley que “declara carga pública” el servicio de transporte de pasajeros” para el referendum del 9 de octubre de 2011. El proyecto había sido aprobado el 22 de setiembre y se estableció que el transporte también sea gratuito para el día de las elecciones de 2013. El objetivo del proyecto “loable” es evitar que los partidos políticos utilicen el subsidio del Estado para “arrear” a sus afiliados. El Estado desembolsó G. 102.677 millones en concepto de subsidio electoral, según el Tribunal de Justicia Electoral (ver ABC Color). La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto por “inconstitucional”.

Blasco viola DDHH de trabajadores de Ministerio

Estos son algunos funcionarios del Ministerio de Justicia y Trabajo que desde ayer inician una nueva medida de fuerza contra el ministro Humberto Blasco.

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Los funcionarios del Ministerio de Justicia y Trabajo siguen con su campaña de presión para que el ministro liberal Humberto Blasco cumpla el acuerdo laboral suscrito con dirigentes del SUFE-MJT.Py, SITE-MJT, SITRIP, SINTRACEI y SISNPP. Estas son las siglas de gremios de varios organismos que están a cargo del Ministerio, entre ellos el Servicio Nacional de Promoción Profesional y las Penitenciarias. 

Blasco sigue violando los derechos humanos de los trabajadores de este Ministerio, pero el mismo continúa tirando la pelota al Ministerio de Hacienda en el tema de la falta de pago del salario mínimo a un número de funcionarios que aún no alcanzaron este beneficio laboral. El titular de esta cartera de Estado había sido denunciado ante las comisiones de Derechos Humanos del Parlamento Nacional por esta razón. Entonces, ¿cómo confiar en el Ministerio, que debe defender a los obreros ante los empresarios, si también viola las leyes laborales?.

Periodistas de ABC Color preocupados por despidos

El comité sindical de ABC Color presentó una nota al director del diario, Aldo Zuccolillo, para expresar su inquietud con relación a los despidos de tres perio- distas, dos de ellos con estabilidad laboral (más de diez años de labor) y con cargos a nivel de jefatura, así como la desvinculación de practicantes que han cometido pequeños errores en publicaciones que afectaron los intereses de la empresa y de sus anun- ciantes. En el primer caso, los periodistas cedieron a la presión de la empresa y decidieron aceptar sus indemnizaciones correspondientes. 

El comité también exige al diario que cesen las per-secuciones sindicales. Zuccolillo ordenó no aumentar el salario a los delegados del Sindicato de Periodistas del Paraguay para desmolarizarlos y así reducir el nivel de actividad gremial. 

Por otro lado, la empresa ha habilitado un plan para la "salida voluntaria" de trabajadores con el pago del correspondiente reconocimiento económico por los años trabajados.