sábado, 11 de diciembre de 2010

CIPAE lamenta que el crecimiento económico de Paraguay no alcance a la mayoría pobre

Roberto Aseretto (izq.), Idalina Gómez y pastor Evaristo Rojas, durante la presentación del análisis de DDHH en Paraguay, año 2010.
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“El Paraguay es un país con grandes desigualdades económicas, sociales y culturales, ítems que conspiran para que los derechos humanos estén plenamente vigentes y que cada uno de sus habitantes gocen plenamente de todos sus derechos. El notorio crecimiento económico que está registrando nuestro país en el año 2010 no se compadece de la crítica situación social que vive una importante mayoría de ciudadanos paraguayos”, según un análisis del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) sobre situación de Derechos Humanos en Paraguay, año 2010.
El contexto de una publicación sobre el tema, presentado el 10 del corriente, señala: “La estimación del crecimiento económico para este año es de alrededor del 10 por ciento, porcentaje no conocido desde hace décadas en nuestro país. Ese crecimiento, muy promocionado por algunos sectores de la sociedad, tanto del sector público como privado, lamentablemente se ve muy lejos de sectores marginales y de pobreza que también forman parte de la sociedad paraguaya. Sectores que tienen el mismo derecho de todos, pero que no les alcanzan esos beneficios socioeconómicos que a muchos les sobra” (ver nota de la BBC de Londres)
La presentación del libro estuvo a cargo del pastor Evaristo Rojas, presidente de CIPAE; Idalina Gómez, secretaria ejecutiva y el abogado Roberto Aseretto, coordinador de DDHH de este organismo. 
“El Paraguay en gran medida continúa con su modelo productivo agro exportador, sin capacidad de generar empleos y mucho menos contrarrestar la pobreza mediante una más justa distribución de los ingresos. Sin industrias, reforma agraria y producción diversificada, difícilmente se podrá lograr la equidad y el bienestar de todos. Cuenta con un sobrevaluado aparato estatal que más bien facilita el funcionamiento impune de roscas corruptas, coimeras y prebendarias”, según CIPAE. 
“De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC), la situación de la pobreza en nuestro país, basada en la Encuesta Permanente de Hogares del 2008, es la siguiente: Persona no pobre: 3.805.571 total. En el área urbana se encuentran 2.499.634 personas y en el área rural, 1.305.937. La población pobre: 2.324.556 total, de los cuales en el área urbana se encuentran 1.080.863 personas, y en el área rural, 1.243.693 personas. La población por área de residencia, según estatus de pobreza es la siguiente: Pobre extremo: 1.165.384 personas. De ese total, 378.588 personas viven en el área urbana, y 786.795 en el área rural. La pobreza no extrema afecta a 1.159.173 personas. De ese total, 702.275 vive en áreas urbanas, y 456.898 en el área rural”, según CIPAE. Esta realidad no varió en gran medida con el gobierno de Fernando Lugo, quien busca reducir la brecha entre ricos y pobres, según Pablino Cáceres, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Acción Social (SAS).
“En síntesis, los seis ejes del programa de gobierno que el presidente Fernando Lugo había promocionado cuando aún era candidato a presidente de la República, en gran medida, sigue siendo letra muerta, salvo algunos puntos que se vienen cumpliendo a medias. Esos ejes son: reactivación económica con generación de empleo y amplio bienestar social; reforma agraria, recuperación institucional del país, combate a la corrupción, instauración de una justicia independiente, recuperación de la soberanía nacional y un programa nacional de emergencia social”, dice parte del contexto del libro sobre DDHH. 
La publicación contiene un recuento de datos, por tópicos, sobre hechos que afectaron la vigencia de los DDHH en Paraguay durante el 2010, entre ellos Poder Ejecutivo, Conflicto de Poderes, Elecciones Municipales, Fuerzas Armadas, Corrupción y Cambios en las Fuerzas Públicas, Narcos, Poder Judicial y Corte Suprema de Justicia, Renovación del Ministerio Público y Cargos Vacantes, Situación Carcelaria, Inseguridad y Delincuencia (ver resumen de los temas analizados).
En el contexto por el día de los DDHH, el CIPAE también lanzó el libro titulado “Primavera Trágica”, de Aseretto, quien cuenta la historia del asesinato de Amilcar Oviedo Duarte, durante la dictadura stronista. También lanzó el libro “Hermanos Ramírez Villalba”, del mismo autor. El escrito relata la historia de la tortura y muerte de estos hermanos Rodolfo y Benjamín Ramìrez Villalba, en setiembre de 1976. 

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Estados Unidos apoya a Lugo para perseguir a las organizaciones sociales, según abogado

La embajadora, Liliana Ayalde, y Fernando Lugo, pasando revista a un grupo élite de militares entrenados por los EEUU para combatir al grupo terrorista fantasma EPP (foto web de la Presidencia de la República)
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“Las instituciones que recibirán asistencia técnica mediante el programa Iniciativa en la Zona Norte (IZN) son: el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas, en temas como estrategias de aplicación de la ley, vigilancias y técnicas de investigación; recopilación, procesamiento y difusión de datos e inteligencia. El éxito del proyecto se medirá por la cantidad de procesamientos, detenciones y condenas, drogas incautadas y arrestos en la zona norte del país”, señala el abogado Juan Martens, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). El abogado acusa al gobierno de Fernando Lugo de impulsar un "Plan Colombia" para liquidar las organizaciones campesinas.
“Este acuerdo es el ingreso oficial y público del Gobierno de los Estados Unidos en la persecución de organizaciones sociales en los departamentos de Concepción y San Pedro, cuyas acciones de protesta y reivindicación de derechos humanos, tan básicos como vivir en un ambiente libre de agrotóxicos o contar con un pedazo de tierra, desde hace tiempo son considerados delitos y sus miembros procesados por Asociación Criminal por los agentes del Ministerio Público”, según el abogado. 

A continuación el resto de la nota hecha pública por otros Blogs 
Si el Gobierno de los EEUU viene para ayudarnos a cumplir mejor la ley en contra del crimen organizado; y, estos campesinos/as desde hace años vienen siendo procesados por el delito de asociación criminal por realizar acciones de protesta, el paso que sigue en la lógica de la correcta aplicación de la ley, ya no será darles medidas alternativas o salidas alternativas a sus procesos penales, sino encarcelarlos, para sacarlos definitivamente de circulación. Además, el éxito de la Iniciativa se medirá por la cantidad de arrestos y condenas. Cuanto más campesinos estén procesados y encarcelados, más exitoso será el proyecto. 
Por otro lado, como en el caso de los falsos positivos colombianos, como el éxito se medirá por procesamientos y enjaulamientos, más inocentes serán exhibidos como culpables o encerrados para justificar los buenos resultados de la Iniciativa. Los estudios criminológicos de los años 60 ya denunciaron los efectos negativos de normas de este tipo, pues aumentan los ingresos de inocentes al sistema penal y penitenciario. 
Fernando Lugo y su equipo de gobierno asistieron a un acto de clausura (febrero 2010) de un curso impartido por policías colombianos (foto Presidencia de la República)
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Si hoy, sin acuerdos cuyos éxitos se deben medir por cantidad de detenidos y encarcelados, el Ministerio Público detiene y procesa sin fundamento alguno a inocentes, miembros de organizaciones campesinas y sociales; y, la Policía Nacional también detiene y tortura a inocentes, ahora tendrán “dos millones de dólares” como razones para realizarlos. 
De esta manera, este Acuerdo se suma a la serie de disposiciones legales que refuerzan la aplicación de un derecho penal del enemigo en Paraguay, es decir, un ley especial, con menos garantías para aquellos que son considerados desde determinados centros de poder como inclinados hacia el mal; aquellos que no comulgan “nuestros valores”. El enemigo es siempre construido y va cambiando de nombre a medida que cambian los detentadores del poder. Para los enemigos, hoy ya existe una ley antiterrorista, una ley del pyraguereato (informante), un servicio civil obligatorio; nuevas disposiciones del Código Penal; y, en ciernes, una modificación en el Código Procesal Penal. 
El EPP es necesario y matarán a cabecillas uno a uno
En este contexto, el EPP es necesario y funcional. Detenerlos a todos de una vez sería un despropósito pues se acabaría la excusa para seguir afianzando las políticas de “mano dura” y preparar el camino para liberar territorios y disciplinar a los disidentes, realizadas tan brillantemente por el ministro Filizzola. Sin embargo, hay que ir matándolos de a uno, para legitimar que se está luchando tenazmente en contra de ellos y decir cada tanto que “les estamos pisando los talones”. 
Este Acuerdo, de manera explícita forma parte de la estrategia de disciplinamiento que viene aplicando el gobierno, principalmente, a través del Ministerio del Interior y el Gabinete Social: Una sutil, a través de contratos y empleos en el estado, distribución de víveres, transferencias condicionadas, etc.; y, otra brutal, torturas, detenciones ilegales, procesamientos y prisiones, con lo que se busca desmovilizar las fuerzas ciudadanas y desarticular los movimientos y organizaciones sociales. 
Más que nunca, urge procesos de reorganización social para evitar que acallen las voces disidentes y críticas.
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Abogado dice que canciller desenterró ley stronista para impulsar el “Plan Colombia” en Paraguay

El ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Dr. Héctor Lacognata, desenterró una vieja ley sancionada en la época stronista para impulsar el “Plan Colombia” en Paraguay, según denuncia el abogado Juan Martens (foto), miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
Martens, en una nota hecha pública por correo electrónico en setiembre pasado (ver nota), señala lo siguiente: “Paraguay ya tiene su Plan Colombia: Se llama “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)”. Se enmarca en un acuerdo de cooperación bilateral que se firmó durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner con los Estados Unidos de América, en Asunción, el 26 de septiembre de 1961. La motivación de este acuerdo era “unirse para una Alianza para el Progreso, basada en ayuda propia, esfuerzo muto y sacrificio común, con el propósito de satisfacer las necesidades de los pueblos de América Latina para mejores casas, trabajo, tierra, salud y escuelas…”[1]
A continuación la nota de Martens: “Como la “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)” es una prolongación de este Acuerdo General de 1961 no necesitó siquiera aprobación del Congreso de la Nación, según dictaminó el abogado Ernesto Velázquez, en el memorandum Nº 255/10, que remitió el 27 de julio de 2010, al abogado José Pereira, director general de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. Explicó que el Acuerdo General de Cooperación Económica y Técnica, entre Paraguay y Estados Unidos, ya había sido aprobado por el Parlamento paraguayo, por ley 756, del 19 de octubre de 1961 [2]. De esta manera se sustrajo del debate público y la posibilidad que sus cláusulas sean discutidas y analizadas de manera exhaustiva sobre los efectos que podrían producir en la población”. 
“La “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)” tiene como objetivo recibir asistencia de los EEUU para que en Paraguay reforcemos la aplicación de la ley y la seguridad a fin de reducir el crimen organizado. Esta asistencia será brindada por expertos a ser enviados por el Gobierno de los Estados Unidos que asistirán a instituciones y a funcionarios gubernamentales tendientes a lograr el bienestar económico y social del parís. Para ello, se prevé destinar un monto total de 2.228.000 dólares, en un periodo de dos años” [3]. 
En esta foto, el senador Miguel Carrizosa (izq.), Luis Alfonso Resk, y Héctor Lacognaga, quien fue diputado por el Partido Patria Querida (de derecha y reaccionario). El cargo ejerció desde el 2003 hasta el 2008. Luego fue elegido miembro del Parlasur, en representación de este partido, durante las elecciones del 20 de abril de 2008. Sorpresivamente, en abril de 2009 renunció a su partido para afiliarse al P-MAS, de izquierda, una maniobra que le fue útil para ser nombrado canciller por el presidente Fernando Lugo. 

[1] Primer párrafo del considerando del Convenio General de Asistencia Económica y Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

[2] Conclusiones del Dictamen 255/10. 

[3] Punto 2.4 del Dictamen 255/10. 

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Abogados dicen que fiscala Quiñónez y Filizzola son responsables de “Terrorismo de Estado”

Por Dionisio Arce Jara (*) 

Los abogados Florencio Díaz Morales (izq.) y César Gómez Gaona aseguraron que la fiscala Sandra Quiñónez y el ministro del Interior, Rafael Filizzola, son responsables de “Terrorismo de Estado”, ya que han planificado y ejecutado un montaje jurídico y policial para crear supuestas pruebas contra campesinos detenidos el 19 y 20 de enero de 2010.
Díaz Morales y Gómez Gaona enfatizaron que no cabe otra calificación a la conducta tanto de Quinónez como la de Filizzola, fundador del socialista Partido Democrático Progresista, debido a que prepararon meticulosamente “elementos de investigación” (conexiones de celulares y fotografías de supuestos terroristas) para justificar la imputación y detención arbitraria e insconstitucional de sus clientes, entre ellos Rumilda Estela Giménez, Alcides Ramón Giménez González, Aguedo Ramón Giménez, Mary Blanca Bracho Martínez.
Gómez Gaona manifestó que es evidente la incapacidad de los miembros de la Fiscalía y de la Policía Antisecuestro, que depende del Ministerio del Interior, para investigar en forma seria las andanzas del fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Es totalmente ilegal y aberrante plantar evidencias en contra de nuestros clientes para así cubrir la ineficacia de la Fiscalía y la Policía”, precisó el abogado.
Conducta confirma denuncia de CODEHUPY
Por su parte, Díaz Morales dijo que la conducta de Quiñónez y de Filizzola confirma que hay una política represiva en contra de campesinos, tal como había denunciado la Comisión De Derechos Humanos del Paraguay (ver denuncia de CODEHUPY) ante la Comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA). Miembros de esta organización nacional habían calificado la política de seguridad del gobierno de Fernando Lugo como “Terrorismo Estado”. Filizzola y el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, encabezaron la delegación que defendió al gobierno del ex “obispo de los pobres”.
Los peritos que analizaron la computadora de Rumilda, así como decenas de celulares, aseguraron al juez Jorge Benítez Ruíz, de la circunscripción de Concepción, que no encontraron archivos relevantes que vinculen a la causa penal (correos electrónicos, fotografías, videos) para determinar la vinculación de los detenidos con los miembros del EPP. Pese a ello, el juez denegó la libertad de los citados campesinos, quienes están procesados por ser supuestamente integrantes de la logística del grupo guerrillero que había preparado y ejecutado el secuestro del ganadero Luis Lindstron ( del 1 de agosto al 11 de setiembre de 2008).
“Show mediático” de Filizzola
Díaz Morales dijo que si el juez hubiera actuado con justicia, tendría que haber ordenado la libertad de sus clientes, ya que la Fiscalía y la Policía Antisecuestro solo generaron supuestas pruebas para justificar los allanamientos y la imputación ilegal de la Fiscalía (que se realizaron luego de la liberación del ganadero Fidel Zavala, secuestrado desde el 15 de octubre de 2009 al 17 de enero de 2010).
El abogado manifestó que la violencia generada por delincuentes comunes (asaltos, asesinatos, robos, etc.) supera la capacidad del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. A fin de tapar esta realidad, Quiñónez y Filizzola utilizan a la prensa para generar un “show” mediático presentando nuevas “pruebas” contra los detenidos. Nuestro entrevistado dijo que el objetivo es hacer creer a la sociedad que los órganos investigativos y punitivos del Estado están funcionando correctamente contra el crimen organizado. Precisó que el ministro socialista “se lava la cara ante la sociedad haciendo aparecer supuestos nuevos elementos con relación a la actividad del EPP”.
¿Qué diferencia hay entre Magna Meza y Sandra Quiñónez?
¿Qué diferencia hay entre Sandra Quiñónez y Magna Meza (supuesta líder del EPP)?. Es la pregunta que lanzó Díaz Morales en el transcurso de la entrevista. El abogado respondió y dio a entender que no hay diferencia entre Quiñónez, quien planta evidencias contra inocentes, y la supuesta secuestradora del grupo guerrillero, que apareció sugestivamente luego de la victoria de Lugo el 20 de abril de 2008.
Díaz Morales enfatizó que en Paraguay existe una política de “terrorismo de Estado”, que es planificado y ejecutado, en forma coordinada, por la Fiscalía y la Policía Antisecuestro. También trajo a colación el caso de los supuestos guerrilleros muertos en enfrentamientos con policías. Manifestó que hay un manto de duda sobre la acción de uniformados bajo el mando de Filizzola, ya que debieron capturar vivos a los miembros del EPP (Severiano Martínez, Gabriel Zárate Cardozo y Nimio Cardozo Cáceres), que en total no serían más de 15 delincuentes, según el supuesto guerrillero arre- pentido Dionisio Olazar. 

(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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Abogado asegura que la fiscala Quiñonez y técnico de Fiscalía plantaron pruebas

Por Dionisio Arce Jara (*)
El abogado Florencio Díaz Morales (foto) aseguró que la fiscala Sandra Quinónez (foto) y el perito informático de la Fiscalía General del Estado, Lic. William Román Amarilla, plantaron las supuestas pruebas fotográficas contra los procesados por el secuestro del ganadero Luis Lindstron. Manifestó que el perito tuvo tiempo desde el 20 de enero hasta el 21 de octubre de 2010 para presentar las pruebas de la vinculación de sus clientes con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).Sin embargo, el perito de la Fiscalía informó al juez de la causa, Jorge Benítez Ruíz (circunscripción de Concepción), que no encontró fotos, correos electrónicos y videos en la computadora portátil de Rumilda Estela Giménez González, una de las detenidas el 19 de enero de 2010 por el caso Lindstron.
El perito contratado por los procesados, Jaime Amador Castro Espinoza, tampoco encontró archivos que tengan vinculación con la causa penal. El abogado Díaz Morales dijo que Román Amarilla no pidió una prórroga del plazo otorgado por el citado juez. 

“Maquinación dolosa” de fiscala 
El abogado Díaz Morales dijo que las supuestas pruebas contra los imputados se presentó fuera del plazo legal o del “anticipo jurisdiscional de pruebas”; es decir, los documentos fotográficos, si es que existía en la computadora de Rumilda, no tienen un valor probatorio porque se consiguió en forma ilegal. Manifestó que el perito de la fiscalía debió trabajar con su colega contratado por la defensa para que los supuestos hallazgos tengan seriedad legal. 
Quiñónez llamó a conferencia de prensa el 15 de noviembre de 2010 para informar a los periodistas que Román Amarilla había encontrado varias pruebas contra los procesados. En las imágenes se observan al ganadero Lindstron (en cautiverio), un túnel o fosa, precarios campamentos de supuestos líderes del EPP y guerrilleros armados. La fiscala informó también que el perito encontró en la computadora de Rumilda recorte de diarios y fotos de diputados, senadores, empresarios, quienes supuestamente están en la mira de los terroristas. 
Lo que no dijo Quiñónez en esa ocasión es que el perito de la Fiscalía había asegurado el 21 de octubre pasado, al juez penal de Concepción, que no había nada relevante con relación a la causa penal sobre asociación criminal y secuestro de Lindstron. 
Díaz Morales aseguró que las supuestas pruebas son solo parte de una “maquinación dolosa” de Quiñóñez contra sus clientes. El abogado dijo que la fiscala preparó un “dossier” con fotografías y recortes de diarios para que todos los medios de prensa muestren a los detenidos como miembros del EPP. 
Entre los procesados están Rumilda, Antonio Ramón Bernal, Sindulfo Agüero, Sixto Sánchez, Zonia Ignacia Muñoz, Juan Simón Ovelar, Stela Agüero de Meza, Alcio Alcides Soria, Alcides Ramón Giménez, Julián De Jesús Ortiz y Juana Bernal Maiz. 
También fue imputado José Mariano Villalba, hermano de Carmen Villalba (condenada por secuestro de Edith Bordón de Debernardi) y de Osvaldo Villalba, supuesto miembro del EPP y uno de los “Enemigos del Pueblo Paraguayo”. José Mariano fue detenido el 31 de enero de 2010.


(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP


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Juez no liberó a detenidos por caso EPP pese a que fiscala Quiñónez no presentó pruebas

Por Dionisio Arce Jara (*)
El juez penal de Concepción, Jorge Benítez Ruíz, fue presionado por la Fiscalía General del Estado para no liberar a los detenidos por el secuestro del ganadero Luis Lindstron (1 de agosto de 2008), según el abogado Florencio Díaz Morales, quien precisó que no hay pruebas contra sus defendidos: Rumilda Estela Giménez y a Alcides Ramón Giménez González, Aguedo Ramón Giménez, Mary Blanca Bracho Martínez. El abogado había solicitado la “revocatoria de auto de prisión preventiva” dictada por el juez Benítez Ruíz contra sus defendidos porque el perito del Ministerio Público, Lic. William Román Amarilla, aseguró que no encontró archivos relevantes con la causa en la computadora portátil de Rumilda.
El perito tampoco encontró pruebas para afirmar que los detenidos hayan mantenido “vínculos telefónicos a través de líneas móviles o celulares con los integrantes del EPP”, tal como señala el acta de imputación de la fiscala Quiñónez. La notebook y los celulares fueron incautados de los procesados en los allanamientos realizados el 20 de enero de 2010 luego de la liberación de Fidel Zavala, ganadero secuestrado supuestamente por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 
“Habiendo completado la extracción de datos contenidos en los aparatos celulares, memory, pendriver, notebook, CD, DVD y tarjetas Simcard objeto de esta investigación y satisfechos lo dispuesto por los proveídos obrantes en autos, CON TODA VERACIDAD, FEHACIENTEMENTE Y CONFORME A MI LEAL SABER Y ENTENDER PROFESIONAL (la letra mayúscula es nuestra), informo al Sr. juez, con el debido respeto, que el examen minucioso, analítico y pormenorizado realizado en el curso del presente dictamen pericial informático, el resultado finalmente obtenido es el que se expresa en desarrollo de la contestación a los puntos expuestos”, señala Román Amarilla, quien buscó archivos fotográficos, correos electrónicos y videos en cada uno de estos elementos. Luego de describir el elemento investigado, el perito dice al juez Benítez Ruíz: “no registra datos con respecto a la causa”. 
Celulares, comprados en 2009 
Díaz Morales dijo que el juez Benítez Ruíz ha demostrado su “falta de coraje” y su “sumisión total” a la Fiscalía, ya que no se animó a revocar el auto de prisión que pesa sobre sus clientes. El abogado aseguró que los teléfonos celulares incautados de los detenidos no contenían pruebas de la conexión con supuestos miembros del EPP que secuestraron a Lindstron. Ello es así porque los celulares y chips fueron comprados en el año 2009, mientras que el secuestro del ganadero se produjo el 1 de agosto de 2008. 
Benítez Ruíz, por auto intercolutorio (A.I.) No. 595 del 30 de octubre de 2010, rechaza la solicitud de revocación de prisión y libertad ambulatoria de los defendidos de Díaz Morales. El juez dice que, a pesar de que los peritos Román Amarilla y Jaime Amador Castro Espinoza (contratado por la defensa), aseguraron que no hay pruebas contra los detenidos, no se puede aún considerar “como tajantes las afirmaciones expuestas en el mencionado informe pericial en cuestión”. 
Además de ello, el juez dijo que las declaraciones testificales realizadas ante la Fiscalía se hicieron “sin el juramento de ley, por lo que así son meramente de carácter investigativos y que deberán ser consideradas por parte del Ministerio Público, a los efectos de determinar, dentro del principio de objetividad que debe regir sus actuaciones, si se constituyen en elementos de cargo o descargo en relación a los imputados que nos ocupan”. 
Fiscalía no presentó ningún testigo 
Díaz Morales dijo que es falso que los testigos presentados por la defensa no hayan jurado como manda la ley. Manifestó que 18 personas declararon en la Fiscalía y todas salieron a favor de sus clientes. Por su parte, la Fiscalía no presentó ningún testigo y solo tiene, para justificar la imputación, las supuestas conexiones telefónicas (vía celular) con integrantes del EPP. Sin embargo, esto quedó descargado legalmente debido al resultado negativo de la pericia, según el abogado. 
Benítez Ruíz dice en el A.I 595 que, si hiciera una valoración de los descargos que presentó la defensa en esta etapa del proceso judicial, “estaría desnaturalizando la tarea investigativa que le corresponde al Ministerio Público, que justamente por su parte, ha señalado convenientemente que la sospecha sostenida en la imputación inicialmente formulada, lejos de desvirtuarse se va fortaleciendo con los nuevos datos que se van obteniendo de las diligencias practicadas por su representación pública y que eventualmente podría terminar en una acusación en contra los mismos...(los detenidos)”. 
Sobre el contenido de la resolución, Díaz Morales dijo que el juez de Concepción se presta a los intereses de la Fiscalía, ya que la fiscala Quiñónez no presentó ninguna prueba de la supuesta vinculación de sus clientes con el EPP. Precisó que Benítez Ruíz no es garante de la transparencia del proceso penal, tal como manda las leyes y la Constitución Nacional. 


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La madre de detenida por caso EPP manifestó que la justicia no respeta los DD.HH

Máxima González (foto), madre de Rumilda Giménez, una de las detenidas por ser supuestamente integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), manifestó entre sollozos que su hija está detenida en la cárcel del Buen Pastor sin prueba alguna, por lo que sostiene que el Poder Judicial persigue a los pobres, ya que no libera a personas inocentes y sin recursos económicos.
La acongojada madre también se quejó de los medios de prensa porque no publica la realidad sobre los detenidos. Un asociado de nuestro gremio nos cedió esta entrevista realizada en Horqueta (Departamento de Concepción).
La señora Máxima indicó que no existen pruebas que demuestren que su hija está involucrada con el EPP y, en ese sentido, dio a entender que la fiscala de la Unidad Antisecuestros, Sandra Quiñonez, junto a los policías, crean supuestas pruebas para convencer a la ciudadanía sobre hechos que no son verdad. “Para el efecto utilizan un pendrive en el que guardan fotos relacionados con el EPP para copiar en la computadora y atacar a Rumi”, expresó en guaraní. 
Explicó que la computadora es propiedad de Rumilda, quien la adquirió en octubre del 2009, y que fue incautada por la policía en un allanamiento que realizaron en la madrugada del 19 de enero del 2010, ocasión en que le robaron algunas de sus pertenencias y hasta una guampa. 
“Le solicito a Sandra Quiñonez para que no persiga a inocentes y que no cumpla con las órdenes del ministro del interior Rafael Filizzola”, manifestó. Anunció que junto a los familiares de otras personas detenidas en enero del 2010 realizarán una huelga de hambre en el presente mes, en una fecha a determinarse, si los procesados no recuperan la libertad. 
La señora Máxima manifestó que, desde que detuvieron a su hija, quedó con el hijo de Rumilda, Fabián de tres años. Este se encuentra desnutrido por la pobreza en que viven. En ese sentido indicó que diariamente desde Ycua Pora, localidad del distrito de Horqueta, donde tiene su precaria vivienda se traslada a esta ciudad para cumplir con su trabajo de limpiadora del Instituto de Previsión Social. 
“Ante esta obligación dejo a mi nieto en la casa de algún vecino para que reciba un cuidado por la ausencia de Rumi”, expresó. Pidió al Presidente de la República, Fernando Lugo, para que investigue al ministro del Interior, Rafael Filizzola, a policías, miembros de la Corte Suprema de Justicia, fiscales y jueces con el objetivo de realizar un cambio a favor del pueblo perseguido para contar con una verdadera justicia que necesita este pueblo. 
Enfatizó que la justicia paraguaya viola los Derechos Humanos debido a la persecución que sufre Rumilda estando en el Buen Pastor. Lamentó que a su hija y otras personas detenidas inocentemente hayan estado por varios meses de este año entre las rejas. Dijo que sacaron del calabozo a Rumilda y los demás muy desnutridos. Sin embargo a los verdaderos delincuentes no se los trata de esa manera, realidad que también demuestra que nuestras autoridades judiciales violan permanentemente los DDHH, concluyó. 


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Peritos señalaron que no hay pruebas contra los imputados por secuestro de Lindstron

Por Dionisio Arce Jara (*) 
Esta publicación, que muestra a los capturados como "terroristas", corresponde a una nota de ABC Color del 23 de junio de 2010. No hay pruebas contra los detenidos, según peritos.
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Jaime Amador Castro Espinoza, técnico en informática contratado por la defensa de los imputados por supuesto secuestro del ganadero Luis Lindstron y asociación criminal, aseguró que no ha “detectado datos relevantes con relación a la causa investigada”, según el informe entregado al juez penal de garantías de Concepción (Departamento de Concepción), abogado Jorge Benítez Ruíz.
El informe, que entregó Castro Espinoza el 18 de octubre de 2010, se refiere al análisis técnico de la Notebook, marca Acer, que fuera incautada de la casa de Rumilda Estela Giménez González, una de las detenidas por el caso. 
Por su parte, el perito del Ministerio Público, Lic. William Román Amarilla, también llegó a la misma conclusión que su colega Castro Espinoza, según informe que entregó al juez el 21 de octubre. Es decir, no hay datos relacionados con el fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo y el secuestro de Lindstron. Los peritos examinaron el disco duro, pendrive, tarjeta Sincard, DVD y CD de la computadora de Rumilda y varios celulares. 
Los expertos en informática no solo verificaron los datos visibles de la Notebook, sino los que fueron borrados, pero que lograron recuperar. No había en el equipo fotografías, videos, correos electrónicos y textos relacionados a la causa, señala claramente los dos profesionales. 
Los abogados Florencio Díaz Morales y César Cristóbal Gómez Gaona nos entregaron copias de los reportes técnicos de Castro Espinoza y Román Amarilla. Los abogados defienden a Rumilda y a Alcides Ramón Giménez González, Aguedo Ramón Giménez, Mary Blanca Bracho Martínez. Estos fueron detenidos el 19 de enero de 2010 y exhibidos públicamente como peligrosos criminales por agentes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía Antisecuestro. 
En la ocasión también fueron detenidos y procesados: Antonio Ramón Bernal, Sindulfo Agüero, Sixto Sánchez, Zonia Ignacia Muñoz, Juan Simón Ovelar, Stela Agüero de Meza, Alcio Alcides Soria, Alcides Ramón Giménez, Julián De Jesús Ortiz y Juana Bernal Maiz. También fue imputado José Mariano Villalba, hermano de Carmen Villalba (condenada por secuestro de Edith Bordón de Debernardi) y de Osvaldo Villalba, supuesto miembro del EPP y uno de los “Enemigos del Pueblo Paraguayo”. José Mariano fue detenido el 31 de enero de 2010. 
La imputación de la Fiscalía General del Estado, a cargo de la fiscala Sandra Quiñónez, señala que los detenidos formaban parte de un equipo logístico del EPP y que habrían ayudado a los secuestradores de Lindstron, que ocurrió el 1 de agosto de 2008. El Ministerio Público aseguró que los imputados “mantuvieron vínculos telefónicos a través de líneas móviles o celulares con los integrantes del EPP”. 
Quiñonez había allanado el 4 de agosto de 2009 la casa de Alejandro Ramos Morel, uno de los supuestos miembros del EPP que aún está prófugo. La fiscala y los policías encontraron tarjetas usadas de saldo de celulares (muy raro porque es difícil que una persona coleccione tarjetas usadas) y 28.000 dólares (supuestamente parte del dinero pagado por Lindstron para su liberación el 11 de setiembre de 2008. Estas supuestas pruebas estaban en un termo de plástico enterrado en el patio de la casa de Ramos en Horqueta. 


(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP


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domingo, 5 de diciembre de 2010

Sindicato de Periodistas integra Confederación de la Clase Trabajadora

Pedro Benítez Aldana (izq.), Julio Benegas, Santiago Ortiz, Belén Cantero y Noelia Ferreira, durante la asamblea realizada el 2 de diciembre. Los asociados de Ultima Hora no asistieron a la reunión.
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El Sindicato de Periodistas del Paraguay ya integra oficialmente la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), que es una nueva “central” fundada el 20 de noviembre. La asamblea extraordinaria del SPP, realizada el jueves 2 del corriente, tomó esta determinación luego de un debate realizado a lo largo de varios meses en instancias de participación gremial.
La asamblea del 2 de diciembre fue para tomar una decisión al respecto, ya que la reunión del 18 de noviembre quedó en cuarto intermedio. Ello, pese a que la mayoría de los presentes estaba de acuerdo con la idea de integrar la CCT. Sin embargo, primó el criterio de atender las inquietudes de algunos asociados, en especial del diario Ultima Hora, en el sentido de profundizar el debate.
Hay que recordar que, en la asamblea del SPP del 18 de noviembre, se había elegido a delegados para asistir al congreso fundacional de la CCT. El secretario general de nuestro gremio, Pedro Benítez Aldana, había informado a la asamblea de la Confederación que el SPP tiene la intención política de formar parte de la nueva Central.
Los asociados presentes en la asamblea del 2 de diciembre eligieron a Osvaldo Zayas, secretario general adjunto del SPP, y a Coco Arce, secretario de organización, para integrar el Consejo Directivo Nacional de la Confederación de la Clase Trabajadora.
El acta de la asamblea del 2 de diciembre señala que el compañero Arce explicó que al congreso de la CCT asistieron “198 delegados e invitados pertenecientes a 24 sindicatos del sector público, siete sindicatos del sector privado, tres organizaciones campesinas y dos organizaciones populares y se reafirmó la intención de que la CCT se funde como una organización clasista, democrática y de lucha que estará al servicio de la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora, del campesinado y de los demás sectores popu- lares de nuestro país”.
Arce enfatizó que la nueva Confederación no tiene y no tendrá nunca vinculación política orgánica con ningún partido político pues levanta la bandera de la autonomía sindical y la independencia de clase y la defensa de los derechos e intereses de las y los trabajadores como clase, independientemente a la opción política partidaria de compa- ñeras y compañeros.
La compañera Andrea Morínigo dijo que la visita de miembros del SPP a la redacción de Última Hora fue importante porque se verificaron las profundas diferencias existentes con varias compañeras y compa- ñeros de ese medio.
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jueves, 2 de diciembre de 2010

Periodistas harán asamblea para decidir sobre ingreso a Confederación de Trabajadores

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay convoca para hoy a los asociados a la asamblea general extraordinaria, a partir de las 20:00 horas, en el local sindical de Oliva 692 casi O’Leary (4º Piso). El único punto del orden del día será la discusión y decisión final de ingresar o no a la nueva Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), cuyo Congreso Fundacional se realizó el sábado 20 de noviembre, del cual participaron miembros del SPP.

En la asamblea del pasado 18 de noviembre se decidió por unanimidad participar de ese congreso fundacional con delegados observadores, quienes llevaron el mandato de expresar la intención política del SPP de formar parte de la nueva organización sindical. Los delegados, encabezados por Pedro Benítez Aldana, secretario general, comunicaron a la CCT que, a los efectos de profundizar un debate, los asociados del SPP resolvieron postergar su decisión hasta hoy jueves.
La asamblea del SPP reconoció la necesidad de formar parte de la nueva organización teniendo en cuenta que hemos tenido una experiencia positiva de casi cuatro años con la Mesa Coordinadora Sindical (MCS), organismo predecesor de la Confederación de la Clase Trabajadora.
A continuación algunos sindicatos que trabajaron en la MCS y propiciaron el nacimiento de la CCT: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica, Frente Intergremial del Hospital de Clínicas, Liga de Obreros Marítimos del Paraguay, Sindicato de Trabajadores de Guardias y Afines, Federación de Sindicatos de las Universidades Nacionales, Sindicato de Profesionales y Funcionarios del Rectorado UNA, Sindicato de Funcionarios de la Facultad Politécnica UNA.
Otros gremios son: Sindicato de Correos, Sindicato de Trabajadores de Filosofía UNA, Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda, Sindicato de Profesionales del Ministerio de Hacienda, Sindicato de Trabajadores y de Funcionarios del Ministerio del Interior, Sindicato de Trabajadores del Centro Educativo de Itauguá, Sindicato de Trabajadores del Centenario, Sindicato del Crédito Agrícola de Habilitación, Sindicato Auténtico de Trabajadores del MOPC.
También propiciaron el nacimiento de la CCT: Sindicato de Trabajadores del MOPC, Sindicato de Funcionarios del SENACSA, Sindicato de Técnicos Forestales del Paraguay, Sindicato de Instructores del Servicio Nacional de Promoción Profesional, Sindicato de Trabajadores del Instituto Geográfico Militar, Sindicato de Funcionarios Civiles de la Intendencia del Ejército, Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Militar, etc.


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