Nietzsche, Nueva Germania y el Paraguay

Por Fabio Anibal Jara Goiris (*)

Existen capítulos de la historia paraguaya que pasan prácticamente desapercibidos. Son acontecimientos aparentemente sin conexión con la sociología y la política del país y que, sin embargo, se constituyen en importantes pasajes humanos… demasiado humanos (como diría Nietzsche)5. Un ejemplo es el caso de las catorce familias de alemanes que vinieron al Paraguay en 1886, quince años después de la Guerra de la Triple Alianza. Estas familias se instalaron en la actual ‘Nueva Germania’, Departamento de San Pedro (a 297 kilómetros de Asunción), y trataron de recrear un ‘nuevo mundo’ en plena selva paraguaya. 
Eran migrantes alemanes que tensionaban dar un nuevo aliento a la ideología (o al mito) de una superioridad racial teutónica aliada a cierto antisemitismo. El grupo estaba encabezado por el agitador social alemán Bernhard Förster quien era casado con Elizabeth Nietzsche (1846-1935), hermana del célebre filósofo Friedrich Nietzsche. Sin embargo, el emprendimiento de crear un oasis y una fortaleza de una supuesta supremacía teutónica ha fracasado.

Lugo interviene INDERT en forma ilegal y Barreto se convirtió en otro funcionario "con permiso”

Fernando Lugo, Miguel Angel López Perito, Marciano Barreto y Emilio Camacho.

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El presidente Fernando Lugo firmó ayer el decreto 8467 ordenando la “inter-vención” del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. El artículo 2o. del docu- mento dice que el presidente del INDERT queda “suspendido” en sus funciones. El titular del Poder Ejecutivo se basó en los artículos 114, 115, 116 (de la reforma agraria) y en el artículo 238, numeral 1, de la Constitución Nacional (atribuciones del Poder Ejecutivo: representar al Estado y dirigir la adminis- tración general del país). Lo curioso es que el Ejecutivo también se basó en el artículo 10 de la Ley 2419/04, que crea el INDERT, que señala: “el Presidente será nombrado directamente por el Poder Ejecutivo y durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser nombrado por un solo período más”. 
En la norma no existe la figura de la intervención, por lo que es ilegal la designación de Emilio Camacho en este cargo, según abogados. El Ejecutivo tampoco puede destituir al presidente del INDERT. La intervención sería una destitución simulada del titular de la institución, Marciano Barreto, quien solo puede dejar el cargo si presenta renuncia. El funcionario se convirtió así en otro funcionario "con permiso”, como el caso de Camilo Soares. 

Omnibus “chatarra” seguirán circulando con plan Metrobús si no modifican leyes

El sábado pasado, a eso de las 15:00, este ómnibus de la Línea 28 de Luque (coche número 32), tuvo problemas con las ruedas traseras mientras circulaba por la avenida Mcal. López. 

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El Viceministerio de Transporte lanza de nuevo una campaña publicitaria con su plan de Metrobús Pua'ê Porã, transporte público con ómnibus articulados para el itinerario San Lorenzo-Asunción. La viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, ahora habla de buses eléctricos. El plan supuestamente es mejorar el servicio de las líneas, pero esto no será factible si el Parlamento Nacional primero no define qué entidad del Estado es la que administrará el sistema. 

Ley 1590/00, que crea la Secretaría de Transporte del Area Metropolitana y la Dirección Nacional de Transporte, determina que la Setama es la que administra el transporte en el área metropolitana de Asunción. El presidente Fernando Lugo, por decreto 3810 del 14 de enero de 2010, rehabilitó en forma ilegal el Viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La ley derogó esta dependencia ministerial, por lo que el Metrobús no funcionará sin la anuencia de la Secretaría. 

Es decir, los ómnibus “chatarra” seguirán circulando por muchos años porque el único objetivo del gobierno y ciertos parlamentarios sería la construcción de las obras civiles (ampliación de avenidas, construcción de viaductos y obras auxi-liares). Hay mucha plata en juego.

López Perito y Barreto desinforman sobre tierras del Estado disponibles para carperos

Fernando Lugo, Miguel A. López Perito y Marciano Barreto, presidente del INDERT. El ofrecimiento del gobierno a carperos no es serio.

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El secretario privado del presidente Fernando Lugo, Miguel Angel López Perito, había informado que existen unas 30.000 hectáreas del Estado disponibles para los carperos de Ñacunday (Alto Paraná). El funcionario dijo que son tierras “provisorias”, dando así entender que los sin tierra no estarán seguros en los lotes. Además, el presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, Marciano Barreto, dijo a www.cuartopoder.Info que parte de estas tierras están ocupadas. 

Esta es la razón por la cual ciertos carperos, entre ellos Victoriano López, hayan rechazado de plano el llamativo ofrecimiento. Los campesinos consideran que esta propuesta de Lugo es solo una trampa para abandonar, en forma pacífica, las tierras de Tranquilo Favero y otros brasiguayos. López Perito y Barreto desinforman sobre este asunto.

Indert reafirma que resolución de la Corte Suprema afecta las tierras de Favero y de otros brasiguayos

El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, Marciano Barreto, dijo hoy que la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó la mensura judicial de 257.904 hectáreas de “Barthe Cue”, afecta las posesiones o derechos del grupo empresarial de Tranquilo Favero y otros brasiguayos. 

El fallo de la Corte dice que solo se limitó a definir la cuestión de competencia entre el juez Rafael Jacobo, del distrito de Santa Rita (Alto Paraná), y el juez Hugolino Bogado, del distrito de Iruña. La máxima instancia judicial recibió también otro expediente sobre mensura judicial solicitada por el Indert en el 2009 sobre la Finca Nº 4036 del distrito de Trinidad y sus desprendimientos. 

En esta zona está la propiedad de Favero (zona de Ñacunday de Alto Paraná), según Barreto. No obstante, la máxima instancia judicial no analizó este expediente. Solo resolvió que Jacobo debe intervenir en el expediente del caso Domingo Barthe.

Corte Suprema autoriza al Indert a realizar mensura de las 257.000 hectáreas de “Barthe Cue”

La sala civil de la Corte Suprema de Justicia dispuso hoy que el juez Rafael Jacobo, del distrito de Santa Rita (Alto Paraná), tendrá a su cargo dilucidar sobre la mensura judicial solicitada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Esta institución busca delimitar las 257.000 hectáreas de “Barthe Cue” o tierras que el Estado paraguayo había recuperado de los herederos de Domingo Barthe, según sentencia de la Corte Suprema del año 1963. Luego de concluir la mensura y ubicar estas tierras, el INDERT y la Producuradoría General de la República recurrirán al Poder Judicial para anular los títulos falsos que están en manos del “sector productivo” de Ñacunday. 

El comunicado de prensa de la Corte Dice: “La Sala Civil advirtió con énfasis la circunstancia relativa a la existencia de dos mensuras. La primera es la caratu-lada: “INDERT S/ MENSURA JUDICIAL”, del año 2009, sobre Finca Nº 4036 del distrito de Trinidad y sus desprendimientos. La segunda se halla caratulada “EL ESTADO PARAGUAYO S/ REPLANTEO DE MENSURA JUDICIAL DE LOS HEREDEROS DE DOMINIO BARTHE”, y fue promovida en el año 2011., referida a las fincas Nº 81, del distrito de Irala, desprendimiento de la primera, con una extensión de 257.904 Has. con 3.121 m2”.

Carperos señalan que ofrecimiento de Lugo confirma que hay tierras fiscales en Ñacunday

En primer plano, José Rodríguez (izq.), Eulalio López y Victoriano López, en la Plaza Uruguaya. Los mismos dicen que el Indert debe recuperar las tierras públicas de Ñancunday y de Iruña (más de 400.000 has. y no 30.000 has.)

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José Rodríguez, dirigente del Partido Patria Libre (socialista) y asesor de la Liga Nacional de Carperos, señaló que el ofrecimiento del gobierno de Fernando Lugo, de trasladar a familias a unas 30.000 hectáreas de Alto Vera (Alto Parará), confirma que hay tierras fiscales en esta zona y otras de Ñacunday. El mismo dijo que los campesinos sin tierra no rechazan de plano el proyecto, tal como lo había hecho Victoriano López. 

Rodríguez aseguró que el ministro Miguel López Perito entregó la propuesta, en forma unilateral, a Victoriano y no a los miembros de la Liga. Aclaró que Lugo y sus principales colaboradores, entre ellos el presidente del El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, Marciano Barreto, deben visitar las carpas de Ñacunday para hacer el ofrecimiento a las familias.

Ofrecimiento de tierras “provisorias” a carperos sería solo para descomprimir conflicto

El ofrecimiento de unas 30.000 hectáreas por parte del gobierno del presidente Fernando Lugo a los “carperos” de Ñacunday (Alto Para- ná) sería solo una estrategia para descomprimir el conflicto social y político generado por la ocu- pación de supuestas propiedades privadas.

Esta es la lectura dada por ciertos dirigentes campesinos sobre el tema, ya que el gobierno no propone una solución de fondo al problema de la falta de tierras para campesinos. Lugo ofrece tierras “provisorias”, por lo que la reac- ción en contra de ciertos dirigentes, como de Victoriano López, es de esperar. 

El ministro del Interior, Carlos Filizzola, dijo hoy a periodistas que están analizando la situación, según el “protocolo” de desalojo, para cumplir la orden judicial. Manifestó que la Policía Nacional no usará la fuerza, sino tratará de hacer entender a los ocupantes que deben abandonar las propiedades. El ofrecimiento de tierras públicas es parte de esta estrategia para luego ordenar el desalojo “pacífico” de las tierras de Tranquilo Favero y otros brasiguayos.

Sindicato denunció amenaza contra periodista de ABC Color debido a inacción de Fiscalía

Fiscal Justiniano Cardozo (izq.), Pedro Benítez Aldana y Dionisio Arce Jara, en la Fiscalía General de Pedro Juan Caballero.

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Miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay presentaron ayer una denuncia contra persona innominada ante la Fiscalía General del Estado de Pedro Juan Caballero. La presentación es para que esta institución realice una investigación formal con relación a la amenaza de muerte que recibiera Cándido Figueredo, corresponsal del diario ABC Color de esta ciudad. 

Dionisio Arce Jara, Secretario de Prensa del SPP, y Pedro Benítez Aldana, síndico, estuvieron en esta localidad fronteriza y se topetaron con la sorpresa de que el fiscal Justiniano Cardozo no ha abierto aún una carpeta de investigación sobre el caso. Los miembros del gremio se entrevistaron el viernes con el representante del Ministerio Público para abordar este caso.

Arce Jara y Benítez Aldana tuvieron que hacer la denuncia formal ante la inacción de la Fiscalía de Pedro Juan Caballero. La presentación es contra persona innominada porque las autoridades locales no tienen aún datos de la Policía del Brasil sobre la amenaza que recibiera Figueredo. Los miembros del SPP adjuntaron copias de las denuncias hechas por los medios nacionales, entre ellos ABC Color y Ultima Hora. 

Cardozo solo atinó a decir que no existe un expediente porque el colega Figueredo o terceros, que podrían conocer el hecho delictivo, no habían presentado denuncia formal. El fiscal recomendó que el SPP se haga cargo del asunto. Arce Jara y Benítez Aldana, ante esta situación, realizaron la presentación para que se realice una inves- tigación. 

El colega Benítez Aldana se comunicó con Roberto Zacarías, jefe de Gabinete de la Fiscalía General del Estado, para informarle que el SPP ya había hecho la denuncia contra los supuestos criminales que amenazaron al corresponsal de ABC Color. 

Benítez Aldana informó que, según promesa hecha por el mismo fiscal general Javier Díaz Verón, la denuncia del SPP servirá para solicitar datos a la Policía del Brasil a través de la Fiscalía de Asuntos Inter- nacionales. 

Gobernador se reafirma en su sospecha 

Los miembros del SPP aprovecharon el viaje para entrevistarse también con el gobernador de Amambay, Juan “Ancho” Ramírez (foto), para hablar sobre el problema que afecta a Figueredo. El gobernador se ratificó en sus declaraciones hechas al diario ABC Color sobre la implicancia en la amenaza del supuesto narcotraficante Felipe “Barón “ Escurra. 

El gobernador relató que, meses atrás, se hizo un allanamiento en un establecimiento ganadero en la zona de Capitán Bado (lugar conocido como “Torín”). Los miembros de las fuerzas públicas destruyeron cinco pistas ilegales de aviación construidas en la estancia. El dueño de la empresa, Walter Días Dos Reis (brasileño) hizo la denuncia. 

Ramírez dijo que la Policía Federal del Brasil inició una investigación contra Escurra, ya que este también había amenazado al ciudadano brasileño. En el transcurso de la investigación, la policía del vecino país interceptó una llamada donde dos personas hablan de Figueredo. Uno de los interlocutores dijo que hay que “liquidar” al colega de ABC Color porque este siempre publica las informaciones sobre los operativos contra los mariguaneros. El gobernador espera que la Policía Nacional detenga al supuesto criminal buscado tanto en el Paraguay como en Brasil porque ya soporta varios procesos penales. 

ENLACE RELACIONADO

Sindicato pide a Fiscalía investigación seria sobre la amenaza a periodista de ABC Color

Sindicato pide a Fiscalía investigación seria sobre la amenaza a periodista de ABC Color

Pedro Benítez Aldana (izq.), Vicente Páez Chávez, fiscal Javier Díaz Verón, Dionisio Arce Jara y Roberto Zacarías, en la Fiscalía General.
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Los miembros de la comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay visitaron ayer al fiscal general Javier Díaz Verón. El SPP pidió a la Fiscalía General para que se realice una investigación seria con relación a la amenaza de muerte que recibió el periodista de ABC Color, Cándido Figueredo, corresponsal de Pedro Juan Caballero.
En la entrevista estuvieron Vicente Páez Chávez, secretario general del SPP; Dionisio Arce Jara, secretario de prensa, y Pedro Betínez Aldana, síndico. El director de Gabinete de la Fiscalía, Roberto Zacarías, tomó notas de las instrucciones dadas por Díaz Verón.Paéz Chávez dijo que al fiscal general que la comisión directiva del SPP ve como una suerte de “alerta roja” el asesinato del periodista brasileño Paulo Roberto Cardoso Rodrigues. Este cayó el domingo bajo las balas asesinas en Ponta Porá, ciudad vecina a Pedro Juan Caballero. Este caso no tiene vinculación con la amenaza que recibiera el corresponsal, pero el secretario de este gremio dijo que es una muestra de cómo actúa la mafia en la frontera paraguayo-brasileña.
Díaz Verón se comprometió a investigar con más profundidad el caso y para ello ordenó al fiscal de asuntos internacionales, Juan Emilio Oviedo, iniciar los trámites legales a fin de obtener los datos de inteligencia de la Policía del Brasil. El objetivo es coordinar trabajo, en ambos lados de la frontera seca, para la búsqueda del supuesto narco que estaría detrás de esta amenaza, conocido como Felipe “Barón” Escurra.
Los miembros del SPP valoraron la protección policial que tiene Figueredo, pero pidieron a la Fiscalía incentivar los trabajos de inteligencia para capturar al citado Barón y a sus compinches de manera a eliminar de raíz el peligro que soporta el corresponsal.
Periodistas, sin chalecos antibalas
El fiscal general y los miembros del SPP abordaron también el difícil y peligroso trabajo que tienen los corresponsales de los medios, en especial cuando se trata de una situación de crisis social. El gremio también expresó su preocupación por la seguridad de periodistas que cubren desalojos de campesinos de propiedades privadas o cierres de rutas.
Arce Jara comentó que en muchos países, por normas de las autoridades policiales y de las empresas periodísticas, los periodistas y, en especial, camarógrafos y fotógrafos no cubren manifestaciones y desalojos violentos sin tener chalecos antibalas. Las autoridades policiales no permiten a trabajadores de prensa estar en la línea de fuego cuando se trata de intercambios de disparos entre criminales y policías o militares.
Los miembros del SPP dijeron que buscarán un diálogo con trabajadores de prensa y dueños de medios, así como autoridades policiales, para que en situaciones de alto riesgo no se permita cobertura periodística sin protección especial a periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Sobre el tema, no hay seguridad ciento por ciento garantizada y el caso del camarógrafo brasileño muerto durante tiroteo es la prueba de ello. El trabajador tenía chaleco antibalas.