Fernando Lugo, Miguel Angel López Perito, Marciano Barreto y Emilio Camacho.
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El presidente Fernando Lugo firmó ayer el decreto 8467 ordenando la “inter-vención” del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. El artículo 2o. del docu- mento dice que el presidente del INDERT queda “suspendido” en sus funciones. El titular del Poder Ejecutivo se basó en los artículos 114, 115, 116 (de la reforma agraria) y en el artículo 238, numeral 1, de la Constitución Nacional (atribuciones del Poder Ejecutivo: representar al Estado y dirigir la adminis- tración general del país). Lo curioso es que el Ejecutivo también se basó en el artículo 10 de la Ley 2419/04, que crea el INDERT, que señala: “el Presidente será nombrado directamente por el Poder Ejecutivo y durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser nombrado por un solo período más”.
En la norma no existe la figura de la intervención, por lo que es ilegal la designación de Emilio Camacho en este cargo, según abogados. El Ejecutivo tampoco puede destituir al presidente del INDERT. La intervención sería una destitución simulada del titular de la institución, Marciano Barreto, quien solo puede dejar el cargo si presenta renuncia. El funcionario se convirtió así en otro funcionario "con permiso”, como el caso de Camilo Soares.
En la norma no existe la figura de la intervención, por lo que es ilegal la designación de Emilio Camacho en este cargo, según abogados. El Ejecutivo tampoco puede destituir al presidente del INDERT. La intervención sería una destitución simulada del titular de la institución, Marciano Barreto, quien solo puede dejar el cargo si presenta renuncia. El funcionario se convirtió así en otro funcionario "con permiso”, como el caso de Camilo Soares.
El decreto 8467 no dice que Barreto queda sin sueldo mientras dure la inter-vención. No obstante, debe ser así porque se quedó sin funciones y el cargo es de confianza del Ejecutivo. La designación de Camacho como interventor es sin perjuicio de sus actuales funciones como asesor jurídico de la Presidencia, lo que demuestra la poca importancia que da Lugo al problema agrario.
Barreto debió pedir “permiso”
El presidente Lugo y sus principales hombres de confianza, entre ellos López Perito y Camacho, debieron pedir a Barreto para que se “ausente” del INDERT por 90 días. Así podrían haberse adecuado a la Ley 2419/04. El artículo 22, ausencia del Presidente, dice: “En caso de ausencia del Presidente, por hasta treinta días, el mismo designará de entre los miembros de la Junta a su sustituto interino. Cuando la ausencia se prolongare por entre treinta y noventa días, el Poder Ejecutivo designará Presidente Interino de entre los miembros de la Junta”.
De esta manera, el representante del Ministerio de Hacienda podría haber sido el “interventor”. Se informó que el Director General de la Dirección General de Catastro, Ing. José T. Villarejo, se mantiene este cargo, pero no es hombre de confianza de varios luguistas del primer “anillo” de Lugo, entre ellos el senador socialista Sixto Pereira y el gobernador José “Pakova” Ledesma.
¿Responsable del problema Ñacunday?
La decisión de Lugo no tiene ni pies ni cabeza, ya que la “suspensión” en el cargo de Barreto sería supuestamente para combatir la corrupción en el INDERT y para impulsar la reforma agraria, que es un compromiso asumido por el presi-dente durante la campaña para las elecciones de 2008. Así dice el decreto 8467, que recuerda también que en “gobiernos anteriores” hubo corrupción, dila- pidación así como venta fraudulenta de tierras públicas. El decreto también dice que el Ejecutivo tomó esta decisión ante la “perentoria necesidad de intervenir decididamente el conflicto social surgido en la zona de Ñacunday y otros lugares”...
La intervención ilegal de INDERT no es más que otro teatro montado por los asesores y hombres de confianza de Lugo, entre ellos el secretario Miguel Angel López Perito y Camacho. El decreto del presidente es un castigo a Barreto, quien aparece ante la opinión pública como responsable de una mala gestión y corrupción. En realidad sería el epilogo de un conflicto entre Barreto y López Perito en el manejo del caso de Ñacunday y las tierras de Tranquilo Favero.
López Perito había anunciado que el gobierno de Lugo ofreció unas 30.000 hectáreas “provisorias” a carperos asentados frente a las tierras de Favero. Barreto dijo que no hay tal cantidad de tierras disponibles y que, en todo caso estarían ocupadas. El ahora suspendido presidente dijo que existen unas 10.000 hectáreas del INDERT en departamentos colindantes a Alto Paraná, entre ellos Canindeyu, Caazapá e Itapúa. La solución salomónica fue trasladar a los carperos en una zona destruida del Parque Ñacunday.
La intervención del INDERT da a entender que el presidente es el máximo responsable y con poderes especiales para encarar el problema de la tierra. Sin embargo, el Instituto tiene una “junta asesora”, que se mantiene intacta porque el presidente Lugo tampoco puede suspender a sus miembros.
El presidente del INDERT tiene funciones que son exclusivas del cargo, pero la mayoría depende de “dictámenes vinculantes” de la junta asesora, entre ellas decidir sobre la compra, venta, permuta o arrendamientos de inmuebles.
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