SPP denuncia despido injustificado en Prensa de Itaipú

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) reclama la reposición de la compañera Alba Miryam Flecha que fuera despedida en un procedimiento ilegal por parte de la binacional Itaipú.

De acuerdo al relatorio expuesto por la trabajadora de prensa, “el viernes de 18 de octubre, recibí una comunicación telefónica de desvinculación a última hora de la tarde. La notificación escrita es sin embargo de fecha 16 de octubre, cuya copia me fue entregada en Recursos Humanos, la semana siguiente”. Lo curioso del caso es que la asesora de Comunicación Social, Teresa Aurora Narvaja, no dio ningún aviso ni explicación sobre el despido agravando las injurias de la falta de notificación.

Flecha siguió contando que “luego de varias notas formalmente entregadas a los directivos de la entidad por el SPP y compañeros del área de Prensa de Itaipú, me comunican desde Recursos Humanos sobre mi reincorporación el 4 de noviembre. Inclusive, me fue rehabilitado el reloj digital de marcación, pero luego de 24 horas recibí de nuevo una comunicación telefónica de desvinculación por una supuesta “orden superior” cortándome el sistema de marcación reloj digital de entrada y salida a la entidad”.

Ante este despido arbitrario, injusto e ilegal el SPP insta a las autoridades administrativas y judiciales a actuar en defensa de los derechos de la compañera que fueron sistemáticamente violados por uno de los empleadores más poderosos del país y a reponerla en el puesto al que accedió por concurso.

Trato denigrante

La compañera mencionó además que sufrió “un trato denigrante y discriminatorio como mujer, teniendo en cuenta que: Ingresé a la División Prensa luego de un concurso y examen de admisión en el 2010, cuando fuimos seleccionados tres periodistas profesionales de la zona de un grupo de 30 candidatos, en el marco de los requisitos establecidos para una carrera profesional en la entidad. La convocatoria fue realizada por el entonces Asesor de Comunicación de la Itaipu, Anibal Orué Pozo y el examen de competencia fue aplicado por Laura Patricia Riquelme, bajo la supervisión del citado Super Intendente de Comunicación. Los exámenes en hojas membretadas de la Itaipu fueron impresas y firmadas por cada postulante.

“Cumplí exactamente los tres años requeridos para la carrera profesional como aprendiz, proceso en el cual trabajé a cargo de 4 superintendentes de comunicación quienes coincidieron en la evaluación sobre mi integridad personal, capacidad, dinamismo y profesionalismo. Obran en mi poder las documentaciones de estos procesos”, declara la afectada.

Teniendo en cuenta las reiteradas declaraciones públicas del Director General Dr. James Spalding, de que no desvincularía a los profesiones que están cumpliendo funciones específicas, entiendo que está en desconocimiento de esta situación. La Asesora de Comunicación, tampoco tendría referencias de mi curriculum y trayectoria ya que hace muy poco tiempo está en la entidad y más bien le habrían mal informado personas malintencionadas y con intereses totalmente ajenos al bien institucional.

Discriminación de género

Me siento obligada a dejar este precedente ante el gran daño sicológico-personal que me ha causado la evidente discriminación, siendo que Itaipu ostenta ejes de equidad de género, pero precisamente se le despide a la única mujer de los 7 empleados con que cuenta la División Prensa en Alto Paraná. Es una burla a mi trayectoria profesional como periodista, 15 años de docencia universitaria en la Facultad de Filosofía”, dijo Flecha.

En solidaridad con un caso tan avieso de violaciones a los derechos del trabajador, el SPP se reserva todas las acciones sindicales y legales que corresponden contra la binacional Itaipú.

Campaña de FIP pide a los gobiernos poner fin a la violencia contra las mujeres periodistas

Consejo de Género de la Federación Internacional de Prensa (FIP)- Gentileza Mariela González  

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) lanza una campaña mundial para denunciar la violencia contra las mujeres periodistas. La FIP llama a los gobiernos a asumir la responsabilidad de poner fin a la impunidad frente a estos crímenes. La campaña es una respuesta al número sin precedente de mujeres periodistas amenazadas, atacadas, acosadas, violadas o asesinadas en el ejercicio de su profesión.

"Desgraciadamente, las mujeres periodistas corren mayor riesgo que los hombres frente a los ataques, las amenazas, las intimidaciones (incluso por Internet), la violación y el abuso. Estas actitudes criminales pueden silenciar a las mujeres en los medios de comunicación. Animamos a más mujeres a entrar en la profesión y sepan que su seguridad debe ser primordial", dijo la Co-presidenta del Consejo de Género de la FIP, Mindy Ran.

Según las declaraciones de la FIP, seis mujeres periodistas murieron este año en el ejercicio de su profesión. La neozelandesa Rebecca Davidson, asistente jefe de programa de la Arabian Radio Network en Dubaï, falleció el 8 de febrero en una colisión de barcos, durante un informe, en los Seychelles. Rahmo Abdulkadir, periodista de Radio Abudwaq, recibió un disparo en el barrio Towfiq en el norte de la capital somalí de Mogadiscio, cuando estaba cerca de su casa. Baiu Lu, de Urumqi Evening News, falleció el 18 de abril, en un accidente, mientras realizaba entrevistas en una obra de construcción en Urumqi, en el noroeste de China. Habiba Ahmed Abd Elaziz del periódico emirati Xpress, fué asesinada el 14 de agosto con otros cuatro periodistas en Egipto. Yarra Abbas, de Al-Ikhbariyah TV, brutalmente asesinada el 27 de mayo, mientras cubría los enfrentamientos cerca de la frontera con el Líbano. La periodista francesa Ghislaine Dupont, de Radio France Internationale (RFI), fue secuestrada con uno de sus colegas y asesinada, el 2 de noviembre, en la ciudad de Kidal, en el norte de Mali.

Campaña

En preparación para el Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre, el Consejo de Género de la FIP está pidiendo a los afiliados y afiliadas de la FIP a hacer oír su voz para protestar contra la violencia perpetrada contra las mujeres periodistas en el mundo. La acción consiste en publicar una foto personal y con el mensaje “Alto a la Violencia contra las Mujeres Periodistas", con el Hashtac o etiqueta #IFJVAW.

“Hacemos un llamado a la unidad desde la Federación Internacional de Periodistas. Sigamos luchando por las mejoras sociales que humanicen el trabajo de la mujer y sus derechos conquistados durante décadas de lucha por la igualdad y la justicia social. Pedimos a los y las periodistas, sus sindicatos y organizaciones fraternas, que expresen su preocupación y que exijan el fin de la impunidad frente a estos crímenes hacia las mujeres”, sostuvo Mariela González, Secretaria de Género de la Federación de Periodistas de América Latina y el Carib, Miembra del Consejo de Género de la FIP y de la Secretaría de Género del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).

Gente indignada exigió al Congreso desafuero, fin de la impunidad y de la “lista sábana”

La gente gritaba “Paraguay, Paraguay”. Llevaban carteles improvisados y lucían la bandera paraguaya. Algunos, del grupo de la Coordinadora de Abogados, tenían la cara pintada con la tricolar. Cantaban la clásica canción “Patria Querida”. Sin embargo, no estaban festejando un gol de la selección paraguaya de fútbol. Se trataba de gente indignada y cansada de la corrupción de parlamentarios. La ciudadanía exigió desafuero de senadores y diputados y el fin de la impunidad de parlamentarios. También hubo consignas contra la “lista sábana”.

El senador Víctor Bogado, otrora mimado de la prensa paraguaya, fue el blanco principal de la furia, del griterío y discursos de la gente que se congregó anoche en la plaza frente al edificio del Congreso. Exigían desafuero de Bogado y de Tomas Bittar. El primero, por abusar de su influencia política para nombrar a parientes y amigos en cargos públicos. El segundo, por chocar con su vehículo a un joven y negarle el auxilio debido.

Federación se manifiesta contra Cartes y ministro por represión a campesinos

Un grupo de integrantes de la Federación Nacional Campesina se manifestó ayer a la tarde frente la Comandancia de la Policía Nacional y luego frente al edificio del Congreso Nacional para repudiar la sangrienta represión ordenada por la Policía Nacional contra campesinos de Curuguaty. El presidente Horacio Cartes, el ministro Francisco de Vargas Benítez, los sojeros y los parlamentarios fueron blanco de la crítica de los manifestantes. Esta mañana los campesinos se manifestaron esta vez frente a la sede de la Fiscalía General del Estado.

Los campesinos estuvieron primeramente frente al Panteón de los Héroes, donde prendieron velas o candelas para representar a los campesinos muertos por órdenes de sojeros, ganaderos y terratenientes. El reducido grupo de labriegos tenía el apoyo de miembros del Partido Paraguay Pyahura, del Partido Comunista, de la Coordinadora Clasista de Trabajadores y del Sindicato de Periodistas del Paraguay.

Codehupy abre convocatoria para jornada anual de Derechos Humanos

Integrantes de la Misión de Observación Internacional. CODEHUPY

Como todos los años, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo, (PIDHDD) convoca a las organizaciones de derechos humanos y sociales del país a sumarse y participar en las Jornadas por los Derechos Humanos 2013. 

Hace más de 16 años, en torno al 10 de diciembre -Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos-, varias organizaciones del país han organizado y participado en las Jornadas, con el objetivo principal de contribuir al conocimiento de la población en general sobre los derechos humanos, así como propiciar un periodo y espacio especial para el análisis, debate y difusión de la situación de los mismos y posibles mecanismos de exigibilidad. 

Este año, las Jornadas se iniciarán el lunes 2 de diciembre y se extenderán hasta el viernes 22 de diciembre. Solicitamos a todas las organizaciones y redes que quieran participar, a comunicarse en la brevedad posible, proporcionando los siguientes datos, de manera que puedan ser incluidas en el programa que será elaborado para la difusión del calendario de actividades: 

Actividad: nombre, modalidad (taller, seminario, panel, etc). 
Día y hora:
Local: nombre del local y dirección exacta. 
Localidad: comunidad, ciudad, distrito, departamento. 
Institución organizadora: nombre, dirección, teléfono/s.
Contactos: para informes, nombre de persona con teléfono/celular/correo electrónico.  

La recepción de estos datos se hará hasta el miércoles 27 de noviembre, de manera a poder organizar y calendarizar con tiempo las actividades que serán incluidas ene l programa final.  

Cualquier información y/o consulta, les solicitamos nos puedan escribir a comunicacion@codehupy.org o llamar a Diana Zalazar, en nuestra oficina (de 8 a 17h), a los teléfonos (021) 373732 y 393394 o al celular (0981) 380 279.

Misión internacional de DDHH señala profundización de prácticas represivas en Paraguay

Ana Juanche, Serpaj; Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Codehupy; Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo y José Schulman del Instituto Espacio y Memoria de Argentina. Gentileza Codehupy.

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La Misión Observación Internacional que relevó la situación de derechos humanos de campesinos y campesinas e indígenas de los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú entre los días 11 y 14 de noviembre, resaltó en su informe preliminar la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos. Menciona que, con el argumento de la persecución al enemigo interno (EPP), desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas.

Gracias a entrevistas y observaciones in situ, la delegación de representantes de organizaciones se Suecia, EEUU, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, constataron patrones de violaciones a derechos humanos fundamentales comoel derecho a la vida y a la integridad física y psíquica a través de ejecuciones extrajudiciales; tortura, tratos crueles e inhumanos; amenazas de procesamientos y vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En la misma línea señala violaciones en el acceso a la justicia, pues tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, antes que representar garantías de un juicio justo e imparcial, se constituyen en una amenaza.

SPP repudia criminalización de sindicatos por parte de ABC Color y la censura sobre ley de APP

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay se dirige a la opinión pública para repudiar la censura que ha sido impuesta por la mayoría de las patronales de los medios de comunicación con relación a la ley de acuerdo público-privado. Esta ley, sancionada el 28 de octubre, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de junio del corriente sin llamar a audiencia pública. Los medios, entre ellos ABC Color, dicen que la población está bien informada sin embargo nunca aclararon el alcance de la ley, que otorga en concesión los bienes y servicios del Estado. Un ejemplo de censura constituye el artículo  titulado "Alianza Público Privada: mucho peor que Gramont Berres", que el Ingeniero Ricardo Canese remitió al diario.

El SPP también rechaza la criminalización de sindicatos, que rechazan la ley, por parte del diario dirigido por Aldo Zuccolillo (foto). Este reconoce en editorial que la ley puede ser usada a discreción (sin límites) por el presidente Horacio Cartes. Por eso le recomienda prudencia o “sana razón” a la hora de implementar la norma. Ver editorial: "El presidente Cartes no recibió un cheque en blanco". La comisión directiva recomienda a asociados a usar las redes sociales para romper la censura. 

Al respecto la Comisión Directiva señala:

Artículo de Canese censurado por ABC Color: Ley de APP, mucho peor que caso Gramont Berres

El ingeniero Ricardo Canese, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu (foto), entregó a la comisión directiva del SPP un artículo que había remitido al diario ABC Color el 3 de octubre. La nota lleva como título: “Acuerdo Público-Privado: mucho peor que Gramont Berres”. Canese suele obtener espacio en el diario en temas que interesan al director del diario, Aldo Zuccolillo, y que es de vital importancia para la ciudadanía. Tal es el caso del plan de acuerdo con Río Tinto. El empresario está en contra de la multinacional, pero apoya la ley de APP. Por eso el diario no publicó el artículo.
A continuación el material censurado:

Ley habilita a Cartes cubrir déficits y pérdidas de los socios del Estado en Acuerdo Público-Privado

El proyecto de ley que fue sancionado ayer por la Cámara de Diputados habilita al Poder Ejecutivo cubrir los déficits y pérdidas de los “socios” privados del Estado en proyectos de construcción de obras y de concesión de empresas de Estado. El artículo 4, distribución de compromisos, riesgos y beneficios, dice: “los contratos de participación pública-privada deberán establecer en forma expresa, para situaciones especificas y acordadas, los riesgos, compromisos y beneficios que asumen respectivamente el Estado y el participante privado”.

Sin embargo, el artículo 11, fondo fiduciario de garantía y liquidez para contratos de participación público-privada, establece claramente que el Estado asumirá los riesgos de los proyectos encarados. La ley determina que se crea un fondo fiduciario, a cargo de la Agencia Financiera de Desarrollo, que servirá para “garantía y liquidez para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables a que se podría obligar el Estado y de los costos que le corresponden por la resolución de controversias...”.

El inciso “F” determina que, “en los casos en que el Fondo no pueda responder por la totalidad de los PASIVOS, el Ministerio de Hacienda implementará los mecanismos legales y administrativos pertinentes para cada caso”. Es decir, el Estado cubrirá las pérdidas y déficit del emprendimiento privado. La ley dice que el fideicomiso se adecuará a la Ley 921/96, de negocios fiduciarios.

FONACIDE y secreto de Estado

Congreso otorga a Cartes poderes inconstitucionales para dar en concesión empresas públicas

PRESIDENTE OBTIENE UNA "LEY HABILITANTE" COMO EL CHAVISMO

La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de “promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado” (más conocida como de Acuerdo Público-Privado). El proyecto, que se remitirá al Poder Ejecutivo, fue aprobado por los senadores el 26 de setiembre de 2013. La normativa otorga superpoderes a Horacio Cartes para dar en concesión servicios públicos y bienes del Estado. Es una propuesta legislativa similar a las “leyes habilitantes” que había conseguido el finado presidente Hugo Chávez y que su sucesor, Nicolás Maduro, también conseguirá para combatir la corrupción. 

Los partidarios de Cartes (colorados y liberales) y la prensa derechista habían criticado los poderes extraordinarios que consiguió Chávez (ver ABC Color). Sin embargo, nada dijeron sobre el proyecto de ley que otorga a Cartes facultades similares a la del gobierno chavista.

La diferencia entre la legislación bolivariana y la paraguaya es que la Constitución de Venezuela autoriza a la Asamblea Nacional (Congreso) y al Poder Ejecutivo a usar este mecanismo por tiempo limitado. La Carta Magna de Paraguay no permite que Cartes administre las empresas del estado y los bienes públicos como si fuera un holding de su familia. Sin embargo, el presidente Cartes administrará fondos estatales como dinero privado en el plan de concesiones.

Los artículos 112, DEL DOMINIO DEL ESTADO y 202, DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO, de la Constitución de la República “Soberana” de Paraguay establecen claramente que las concesiones de bienes del Estado estarán a cargo del Poder Legislativo (caso por caso y no en forma genérica como la ley de acuerdo público-privado). 

El Congreso paraguayo utilizó un eufemismo (Acuerdo Público-Privado en vez de Concesión) para eludir la Constitución y así otorgar a Cartes poderes especiales por tiempo ilimitado o hasta que remate las principales empresas del Estado, entre ellas ANDE, Copaco e Industria Nacional del Cemento.