Ana Juanche, Serpaj; Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Codehupy; Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo y José Schulman del Instituto Espacio y Memoria de Argentina. Gentileza Codehupy.
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La Misión Observación Internacional que relevó la situación de derechos humanos de campesinos y campesinas e indígenas de los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú entre los días 11 y 14 de noviembre, resaltó en su informe preliminar la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos. Menciona que, con el argumento de la persecución al enemigo interno (EPP), desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas.
Gracias a entrevistas y observaciones in situ, la delegación de representantes de organizaciones se Suecia, EEUU, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, constataron patrones de violaciones a derechos humanos fundamentales comoel derecho a la vida y a la integridad física y psíquica a través de ejecuciones extrajudiciales; tortura, tratos crueles e inhumanos; amenazas de procesamientos y vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En la misma línea señala violaciones en el acceso a la justicia, pues tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, antes que representar garantías de un juicio justo e imparcial, se constituyen en una amenaza.
Otros derechos vejados por el propio Estado paraguayo son el derecho a la libertad y la seguridad personal, a través de detenciones ilegales y arbitrarias sin que sean fundamentadas debidamente las causas de detención; el acceso a la salud y a la educación, pues las zonas visitadas carecen de centros sanitarios y educativos capaces de satisfacer las necesidades básicas. La Misión constató así tambiénla violación al derecho a la asociación y a la manifestación, pues los dirigentes sociales son hostigados, amenazados y criminalizados por sus labores de reivindicación de derechos como el acceso a la salud, a la educación, a la tierra, vinculándoseles con el grupo ilegal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.
En Paraguay el Estado está violentando además los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que pese a gozar de protección diferenciada, son agredidos física y verbalmente en los operativos de desalojo y/o allanamiento, y en consecuencia presentan alto grado de trauma psicológico y ven integralmente limitado el disfrute de sus derechos (educación, protección integral, recreación, vivienda, entre otros); asimismo, recibimos testimonios que niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual sin que se les preste ningún tipo de asistencia, ni se investiguen los hechos punibles.
Exigen respeto del Ejecutivo
Ante este y otros patrones de violación de derechos humanos del pueblo campesino e indígena, la misión exige que el Presidente de la República y otras autoridades reconozcan la importancia del trabajo que realizan las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos. Atendiendo a las repetidas declaraciones políticamente incorrectas del presidente Horacio Cartes, pidieron al Ejecutivo y a las demás instituciones que dependen de éste abstenerse de emitir discursos y declaraciones que menoscaben y estigmaticen negativamente la labor que dichas organizaciones y personas realizan, de acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el Estado paraguayo.
El informe también exige al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa que implemente mecanismos eficientes, para que los integrantes de las fuerzas de seguridad actúen con base al estricto cumplimiento de los estándares legales nacionales e internacionales de protección de la vida e integridad física y psíquica de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, absteniéndose de cometer abusos y diferentes actos de violencia física y psíquica contra ellos y ellas;
Sobre el sistema penitenciario, la observación internacional exigió que el Ministerio de Justicia y Trabajo impulse una reforma integral, orientada al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y al impulso de un modelo de rehabilitación y reinserción social;
Sawhoyamaxa
La Misión Observación Internacional ordenó además dar cumplimiento sin dilación, a las medidas políticas de asistencia en salud, educación y otras, previstas en la Sentencia de la Corte Interamericanal de Derechos Humanos del año 2006 para la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. En el mismo sentido, ordenó aprobar la expropiación de las tierras ancestrales pertenecientes a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet.
Derogar ley antiterrorismo
La observación integrada por 37 organizaciones internacionales que promueven el cumplimiento de los Derechos Humanos mencionó también en su informe preliminar que el poder legislativo debe derogar las modificaciones recientemente realizadas a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, porque “consolidan la militarización de la seguridad interna y crean las condiciones para la profundización del patrón represivo desde el Estado”, según refiere el documento publicado ayer 14 de noviembre.
Publicado por www.sindicatodeperiodistas.org
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