sábado, 6 de noviembre de 2010

Canal 13 cometió grave atentado contra la libertad de conciencia del periodista Tuki Franco

El empresario Christian Chena (foto de la izquierda, tomada de su perfil de Facebook) y el periodista César Franco, quien prefirió salir del Canal 13 por conciencia. El colega demostró que su convicción profesional vale más que el sueldo.
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La empresa Teledifusora Paraguaya S.A. (Canal 13), del grupo empresarial de Christian Chena, despidió el 28 de octubre al periodista César “Tuki” Franco porque se había negado a realizar una cobertura en un caso judicial que involucra a Mepshow SA, empresa que explota la quiniela, juego que no pudo tomar como concesionaria Chena Ventures SA. El medio cometió un grave atentado contra el derecho a la libertad de conciencia del compañero de trabajo. 
La Comisión Directiva del Sindicato de Periodista del Paraguay (SPP), encabezado por Pedro Benítez, al conocer el caso visitó a Franco para conocer el motivo de su despido. El gremio informó al colega que puede accionar legalmente, ya que el artículo 29 de la Constitución Nacional ampara a los periodistas que se niegan a realizar una cobertura o investigación por motivos personales.
La Constitución determina que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”. 
La Comisión Directiva del SPP no pudo siquiera iniciar conversaciones con los representantes del canal, entre ellos el jefe de prensa, Mariano Nin, ya que Franco decidió aceptar la indemnización que le corresponde. El colega dijo que se negó a realizar el trabajo porque la política periodística del Canal 13 colisiona contra los dictados de su conciencia. 
El caso es que el Canal 13 había comenzado una gran campaña contra Mepshow SA, cuyo presidente es Jorge Escobar, y contra la Comisión Nacional de Juegos de Azar porque esta institución descalificó la oferta de Chena Ventures, que fue la segunda empresa que mejor propuesta hizo al Estado para el pago del canon mensual de la quiniela. 
Debido a la manipulación periodística que viene realizando Canal 13 sobre el caso, Franco se negó de nuevo el pasado 27 de octubre a realizar la cobertura sobre una demanda del Ministerio de Hacienda contra Mepshow SA. 
Manifestó que, desde que comenzó la campaña contra Mepshow SA en agosto de 2009, se había negado a hacer coberturas sobre el caso porque no estaba de acuerdo con el enfoque periodístico. La empresa no le amonestó por este caso. Sin embargo, llamativamente el jefe de prensa le comunicó su despido por esta razón el pasado 28 de octubre (ver caso en Diario Popular). 
El colega dio a entender que no quería que su trabajo sea utilizado como “garrote” contra Mepshow SA, por lo que hizo saber al canal que obraba de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Nacional. 
Los propietarios del Canal 13 tienen empresas comerciales, entre ellas Chena Ventures (dominios de internet) y juegos de azar (Ricachón). En este último caso, los Chena utilizan su medio para “desprestigiar” a su competencia. Como siempre, el periodista es el que paga los platos rotos, como es el caso del compañero y asociado Tuki” Franco. 
Este tipo de hechos son los que abundan cuando empresarios vinculan las empresas comerciales a sus respectivos medios de comunicación, pues, generalmente, se defienden más intereses comerciales que periodísticos. En nuestro país, se tiene por ejemplo que un solo empresario tiene dos canales de TV, una radio AM, dos FM y un diario (Ultima Hora), más una cincuentena de empresas comerciales, como el caso del grupo de Antonio J. Vierci. 










Policía luguista utilizó el “submarino seco” y solo faltó usar la pileta del otrora temible Pastor Coronel

El Dr. Joel Filártiga examina al Crispín Fernández, campesino sometido al "submarino seco" por parte de policías y militares, quienes también le apretaron los testículos. El objetivo de los efectivos luguistas era que confesara su supuesta participación en la quema del cuartel de Tacuati (ver ABC Color).
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Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) denunciaron el miércoles pasado que las fuerzas del orden a cargo del presidente Fernando Lugo y del ministro Rafael Filizzola utilizaron el “submarino seco”.
Esta es una técnica de tortura que consiste en colocar la cabeza de la víctima en una funda plástica para que se ahogue por falta de aire. Los torturadores saben hasta qué punto deben mantener a una persona de esta forma antes de que se desvanezca. El relato de los miembros de la CODEHUPY, realizada en reunión del 3 de noviembre, muestra que a los policías y militares luguistas solo les falta utilizar la pileta eléctrica del finado Pastor Coronel, temible ex jefe de la Policía Nacional durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

La denuncia de este tipo de torturas fueron hechas por campesinos detenidos en el marco del operativo militar y policial llamado “Jerovia”, que fue lanzado por el gobierno de Fernando Lugo días después del asalto a un militar y quema del cuartel militar ubicado en la localidad de Tacuati (Departamento de San Pedro), que ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre de 2008. El presidente ordenó el operativo, solo porque fue presionado por el Parlamento Nacional, la prensa y sectores empresariales, entre ellos la Asociación Rural del Paraguay, para buscar a los miembros del fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Sin embargo, el operativo sirvió de excusa para amedrentar y criminalizar a campesinos y, en especial a dirigentes de organizaciones que luchan por la tierra propia. La CODEHUPY entregó 12 casos de abusos de poder y torturas a la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado. El tercer caso es el testimonio de varios campesinos, entre ellos Crispín Fernández, Américo Fernández y Alcides Oviedo.

Amenazas de violaciones y asesinato de campesino

Los abogados de la CODEHUPY, Juan Martens y Roque Orrego, comentaron que los testimonios de los campesinos indican que los militares y policías del operativo “Jerovia”, que terminó el 7 de marzo de 2009 en un acto de inauguración de un nuevo cuartel militar en Tacuati (ver información), utilizaron varias técnicas para no dejar huellas, pero en algunas se excedieron, por lo que hay datos fotográficos y médicos de los casos.
El Dr. Joel Filártiga, conocido luchador contra la dictadura stronista, fue el médico que había inspeccionado a los campesinos golpeados y torturados por militares y policías. Un caso registrado es el de Crispín Fernández, quien fue sometido al “submarino seco” y luego fue torturado mediante una vieja técnica stronista: le apretaron los testículos para que confesara su supuesta autoría en la quema del cuartel o bien que indice las personas comprometidas con el EPP.
Los abogados también dijeron que en el operativo Jerovia y otros también los policías y militares amenazaban a hombres y mujeres que serían violadas si no decían el paradero de los miembros del fantasmal ejército. Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2009, fecha en que fuera asesinado el campesino Martín Ocampos (ver nota de ABC Color). Al parecer, los autores intelectuales de este crimen aprovecharon las acciones policiales contra el EPP para que el caso sea conocido como “quema de archivo”, tal como publicó el diario ABC Color.
En la mayoría de los desalojos de campesinos sin tierras o bien en operativos para la búsqueda de integrantes del EPP, la policía utilizó métodos violentos para reprimir y detener a las personas, tanto mujeres, hombres y niños. En los procedimientos abundaron patadas, golpes de puño, golpes con cachiporras y palos. En los allanamientos de Mbokajaty y Curupayty, en Chore (Departamento de San Pedro) la policía también quemó tres casas humildes de campesinos, quienes viven cerca de la Agroganadera Jejui, de Emilio Ramírez Russo, con el objetivo de aterrorizar a los pobladores. Los abogados de la CODEHUPY dijeron que la Policía Nacional y la Fiscalía Nacional reconocieron que el procedimiento fue criminal, pero el gobierno de Lugo no ha indemnizado a las víctimas.


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Viceministro Caballero se burló de CODEHUPY









Política de “seguridad” de Lugo se enmarca en terrorismo de Estado, según la CODEHUPY

La secretaria ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, y los abogados de esta entidad, Roque Orrego (izq.) y Juan Martens.

La política de “seguridad” del gobierno del presidente Fernando Lugo y del liberal Federico Franco se enmarca dentro del concepto de terrorismo de Estado, ya que existe una intención de causar terror a la población indefensa a través de los órganos de seguridad, cuyos miembros están denunciados por tratos inhumanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales (asesinatos a sangre fría), de acuerdo a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
Los miembros de CODEHUP hicieron una reunión el 3 de noviembre, otrora “día feliz” o natalicio del finado dictador Alfredo Stroessner, para explicar los casos de torturas que presentó esta organización ante la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado.
La secretaria ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, y los abogados de esta entidad, Juan Martens y Roque Orrego, dieron las explicaciones a la audiencia en la siesta de ayer. Los mismos aseguraron que hicieron las denuncias en contra del gobierno de Lugo porque agotaron las instancias judiciales y administrativas (Ministerio del Interior y Policía Nacional) para que el Estado proceda a castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos.
Martens dijo que el uso abusivo de la fuerza pública (violación de derechos humanos) contra campesinos y la criminalización de las luchas populares es una política institucional del gobierno de Lugo, en especial del Ministerio del Interior a cargo del abogado Rafael Filizzola, del “socialista” Partido Democrático Progresista.
La secretaria ejecutiva de CODEHUPY dijo que fueron a Washington no para pedir sanciones contra el Estado paraguayo, sino para informar a la OEA que Lugo sigue la política de represión contra campesinos y las torturas de personas indefensas por parte de policías y militares, tal como era la política de los gobiernos colorados durante la era stronista y desde la caída de la dictadura, el 2 de febrero de 1989, hasta el 15 de agosto de 2008, fecha en que asumió el “gobierno del cambio”.
El abogado Orrego aclaró que la reunión en la OEA no fue para pedir la apertura de un proceso legal contra Paraguay, sino para informar sobre los hechos de torturas documentados por la CODEHUPY. Esto será útil para el organismo internacional para incluir la denuncia en el informe de 2010 de países violadores de los derechos humanos.
No obstante, la OEA determinará si corresponde una sanción o un llamado de atención (recomendaciones) para que el gobierno de Lugo establezca políticas públicas de seguridad que incluya el respeto de los derechos humanos.

Testimonios en reserva

El abogado Orrego explicó que se presentaron varios documentos fotográficos y audiovisuales a la OEA que prueban las violaciones de derechos humanos en procedimientos de desalojo de tierras ocupadas, allanamientos de viviendas con orden judicial y actividades antiterroristas por parte de miembros de la policía y de las FFAA contra supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Orrego dijo que algunas de las informaciones dadas a la OEA se publicaron por la prensa, pero una parte de los testimonios se mantienen en reserva para el público como medida de seguridad de las víctimas.




Entidad de DDHH desmiente informaciones falsas

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) informaron el pasado 3 de noviembre que presentaron 12 casos de torturas y tratos crueles cometidos por militares y policías ante la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
La CODEHUPY realizó la presentación el 25 de octubre de 2010 y ninguno de los casos se refiere al proceso penal que se sigue a los supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Tampoco está entre los documentos entregados los operativos de la policía en los que resultaron abatidos, supuestamente en enfrentamientos, los “jefes o comandantes” del EPP, Severiano Martínez, Nimio Cardozo y Gabriel Zárate.
De esta manera, la CODEHUPY desmiente a la mayoría de los medios de prensa, en especial al diario ABC Color, cuyo director es Aldo Zuccolillo, que aseguró que la CODEHUPY había presentado denuncias por violación de derechos humanos en contra de los supuestos miembros del EPP. En las notas publicadas por este diario, mediante comentarios de terceros, se daba a entender que los miembros de este organismo era en realidad un “brazo político” de los supuestos terroristas. El objetivo era supuestamente dar argumentos legales a los prófugos para que luego recurran a la OEA a pedir asilo político (ver nota de ABC Color)
La CODEHUPY presentó ante la OEA los siguientes casos de violación de DDHH: 1) Denuncia contra el comisario Ricardo Chaparro, ex jefe de la comisaría de Horqueta (Departamento de Concepción) y otros policías; 2) Habeas Corpus realizada el 17 de setiembre de 2008 a favor de Luis Rojas, condenado por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. El mismo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía; 3) denuncia hecha el 19 de enero de 2009 por torturas durante el operativo “Jerovia”.
4)Denuncia realizada el 3 de marzo de 2009 por torturas contra Luis Rojas, Flaminio Acosta, Ovidio Ramírez y otros presos en la Agrupación Especializada; 5) denuncia hecha el 25 de junio de 2009 por casos cometidos en el operativo en la localidad conocida como “Jaguarete Forest” (Departamento de San Pedro); 6) denuncia hecha el 7 de julio de 2009 por casos de torturas durante operativo policial en Kurupayty y Mbokajaty de Chore (San Pedro). 
7) denuncia hecha el 8 de marzo de 2010 por torturas contra José González Ocampos, preso en la Agrupación Especializada; 8) denuncia hecha el 4 de mayo de 2010 por abusos cometidos por policías y militares durante el operativo “Py'aguapy”; 9) denuncia el 24 de junio de 2010 por casos de torturas cometidos por miembros de la Fuerza de Operaciones de Policía Especiales (FOPE) en Kuruzú de Hierro (Departamento de Concepción). Ver caso en Web del SPP.
10) denuncia de violación de DDHH hecha el 30 de junio de 2010 por miembros del Movimiento Campesino Paraguayo de Campo Aceval (distrito de Tte. Manuel Irala Fernández (Departamento de Boquerón); 11) denuncia de allanamientos irregulares en Kuruzú de Hierro y 12) allanamiento del domicilio de Demetrio Alvarenga de esta localidad en la zona de Horqueta (Concepción).


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De la web "Kaosenlared": reprimen a campesinos por caso EPP

Vea informe de CODEHUPY sobre torturas en la web de E'A




Policías obligaron a campesinos a comer tierra

Los abogados Roque Orrego (izq.) y Juan Martens de CODEHUPY
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El informe presentado por miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), en una audiencia pública realizada el 3 de noviembre en el local de la entidad sobre la calle París casi Colón de Asunción, se puede ver una nómina de los casos emblemáticos de torturas y represión policial que se presentó ante la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado.
El caso número uno del documento entregado por CODEHUPY a la OEA es una denuncia de tratos crueles y degradantes y torturas presentada contra el comisario Ricardo Chaparro Riveros, ex jefe de la comisaría de Horqueta (Departamento de Concepción) y otros policías individualizados, entre ellos el suboficial Carlos López (domiciliado en la comunidad de Santa Librada de Horqueta) y el suboficial Cristino Martínez.
El documento y el video presentado en la ocasión muestran que los maltratos ocurrieron durante un desalojo violento de un grupo de campesinos acampados en una propiedad ubicada frente a la estancia del ganadero Jorge Camperchioli. El escrito señala que el suboficial Martínez “apretó contra el suelo a Marcos Báez, diciéndole que coma la tierra si tanto quería y reclamaba tierra propia, así como porque era campesino sin tierra”.
Los hechos denunciados ocurrieron el 6 de julio de 2008 y el jefe del operativo policial fue el comisario Chaparro. Otra parte del documento señala que el campesino Alcides Paniagua también fue presionado a tragar tierra, si es que no quería recibir más golpes de palo y cachiporras. Los campesinos estaban reclamando al gobierno de Nicanor Duarte Frutos la expropiación de las tierras de Camperchioli.
El desalojo fue ordenado porque estaba a punto de asumir Lugo como titular del Poder Ejecutivo, ya que tenía fama de ser un “socialista” que presionaría al Parlamento Nacional para llevar a cabo la reforma agraria a toda costa. Inclusive, teniendo como último recurso el apoyo a las ocupaciones de tierras (ver nota de Ultima Hora).

Caso Chaparro, en el “oparei”

El informe de CODEHUPY señala que la denuncia contra el comisario Chaparro y los demás policías terminó en el “oparei” (se esfumó como si fuera alcanfor). El asunto es que el sumario administrativo fue archivado por la Dirección de Justicia de la Policía Nacional. El informe del 23 de junio de 2009 del abogado Carmelo Caballero, viceministro del Interior, señala que los investigados fueron sobreseídos el 18 de noviembre de 2008 “por no existir elementos de convicción suficientes para sustentar la responsabilidad de los sumariados en el hecho investigado”.
Los abogados de CODEHUPY demostraron que los investigadores ni siquiera llamaron a declarar a los testigos, a las víctimas y victimarios. Martens dijo que la Dirección de Justicia de la Policía Nacional alegó que no tenía medios para viajar hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, tampoco respondió al ofrecimiento de la entidad de DDHH, que ofreció vehículos para trasladar al equipo de la Justicia de la Policía hasta Horqueta.
Por su parte, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos, que tiene su sede en Asunción, pero con jurisdicción en todo el país, tampoco hizo gran cosa para castigar a los policías denunciados. No obstante, CODEHUPY aclara en sus denuncias que es difícil en investigar las torturas, ya que no está bien tipificado por el 309 de la Ley 1160/97, Código Penal.


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Entidad de DDHH desmiente informaciones falsas

Política de seguridad de Lugo es terrorismo de Estado



Viceministro de Seguridad se burló de CODEHUPY

El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, abogado Carmelo Caballero (foto), se burló de la Comisión de Derechos Huma- nos del Paraguay (CODEHUPY) en el caso de la denun- cia de torturas presentada con- tra el comisario Ricardo Chaparro Riveros, ex jefe de la comisaría de Horqueta (Departamento de Concepción) y otros policías.
La CODEHUPY hizo la denuncia en contra del jefe policial el 16 de julio de 2008 y, a partir de esta fecha, realizó varios trámites administrativos y legales ante la Policía Nacional y el Ministerio del Interior a fin de que el caso no termine en el “oparei” (en la nada). En la reunión realizada el 3 de noviembre pasado, la entidad entregó documentos sobre el caso (ver nota).

Caballero envió una nota a CODEHUPY el 28 de abril de 2009 para señalar que la investigación estaba aún en su etapa inicial. Sin embargo, ante un nuevo requerimiento de la entidad sobre el caso, el 23 de junio de ese año, el viceministro informó que el comisario Chaparro Riveros y los demás policías fueron sobreseidos.
La nota señala que, por resolución 256 de la Dirección de Justicia Policial, del 18 de noviembre de 2008, los policías fueron sobreseídos “por no existir elementos de convicción suficiente para sustentar la responsabilidad de los sumariados en el hecho investigado”.

Justicia Policial apaña a torturadores

Los miembros de la CODEHUPY señalaron que la Justicia Policial, con el aval del Ministerio del Interior, apaña a torturadores. Si no existe “elementos de convicción suficiente” para sancionar al comisario Chaparro Riveros, quien fue trasladado de Horqueta recién en enero de 2009 a disposición de la Dirección General de Orden y Seguridad, es porque Justicia Policial, el Ministerio y la Fiscalía General del Estado obraron para que el resultado sea la impunidad.
Es decir, la Justicia Policial no hizo lo que debió realizar desde un comienzo, como tomar declaración informativa a víctimas, testigos y victimarios de la represión a campesinos que estaban acampados frente a la estancia del ganadero Jorge Camperchioli.
El abogado Juan Martens, de CODEHUPY, dijo que la Dirección de Justicia de la Policía Nacional alegó que no tenía medios para viajar hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, tampoco respondió al ofrecimiento de la entidad de DDHH, que ofreció vehículos para trasladar al equipo de la Policía hasta Horqueta.



lunes, 16 de agosto de 2010

SPP condena campaña de hostigamiento en contra de periodistas de radio de Villa Hayes



El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado para condenar el el hostigamiento y atentado sufrido por Martín Caballero, locutor de la Radio Sagrado Corazón de Jesús (90.5 FM) de Villa Hayes. Además, rechaza el pedido de censura realizado por el Fiscal Gabriel Ramírez Palumbo. La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), a través de su presidente Celso Schröder, quien se encuentra en Asunción, manifestó su apoyo a la postura asumida por el SPP. Schröder estuvo el sábado pasado acompañando a una delegación de la Comisión Directiva, encabezada por Pedro Benítez Aldana, Secretario General del SPP. El grupo visitó a Caballero para darle su apoyo.

El comunicado del SPP señala que el pasado 11 de agosto a las 22 horas, sobre la Ruta Transchaco, Caballero fue perseguido por un vehículo desconocido que intentó tirarlo a la banquina. Los desconocidos realizaron luego dos disparos al aire. Posteriormente fue interceptado por una motocicleta a bordo de la que dos hombres. Uno de ellos lanzó una piedra sobre el automóvil del colega mientras que el otro le enseñó un revolver amenazándolo.
Martín Caballero viene realizando denuncias que guardan relación a los más de 100 días de huelga de los obreros de la siderúrgica Aceros del Paraguay (Acepar). Además había hecho público malas prácticas de los policías de la zona.
Intento de censura
Por otro lado, la radio, propiedad de la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (COOTRAPAR), sufre un intento de censura. El fiscal Gabriel Ramírez Palumbo solicitó al juez Tadeo Fernández prohibir a la radio realizar entrevistas a los dirigentes obreros de Acepar.
El SPP manifiesta su preocupación por la violencia desatada en Villa Hayes a causa de la no resolución del conflicto en la siderúrgica privatizada. Violencia que ya llega a los trabajadores de prensa de la citada localidad. Consideramos inadmisible que quiere imponer el fiscal y esperamos que el juez desestime tamaña afrenta a la libertad de prensa y de expresión.
Detención de periodista
El SPP también había condenado la detención ilegal de la periodista Natalia Villalba de la 90.5 FM. En el marco de la visita de los presidentes Fernando Lugo y Lula da Silva en pasado 30 de julio se había montado un operativo policial en Villa Hayes. En la ocasión, la periodista radial fue amenazada y privada de su libertad por una comitiva policial, junto con dirigentes y obreros huelguistas de ACEPAR, entre ellos Hugo González Chirico.
“Una vez en la dependencia policial, los oficiales de guardia anotaron los datos de todos los que estaban en el vehículo, menos de la comunicadora, lo que llamó la atención de los presentes. Ahí, de vuelta, la colega insistió al comisario Felipe Denis la orden de arresto por escrito. El mismo no le dirigió la palabra. El comisario iba y venía con el teléfono en la mano, visiblemente nervioso, relató después la comunicadora”, según reza una nota enviada por obreros de ACEPAR.
El escrito dice que, después de tomar todos los datos de los demorados, los efectivos policiales exigieron a los detenidos a abordar una patrullera. Por eso, González Chirico exigió de nuevo la orden por escrito y explicaciones de dónde los llevaban. “Finalmente fueron llevados por la ruta Transchaco. En la patrullera mencionaba iban además cuatro policías adentro y cuatro en la carrocería. Además detrás de esta patrullera iba una camioneta blanca, sin luces de patrullera, donde iban policías de civil, de camisa amarilla, y portaban un maletín. Los llevaron hasta el km 27 de la ruta, rumbo hacia Asunción, a la altura del frigorífico Neuland. En el lugar, extrañamente, la patrullera decidió pegar la vuelta, retornar de vuelta hacia Villa Hayes. Posteriormente, los dirigentes sindicales y la colega fueron bajados a una cuadra de la cooperativa de los obreros de ACEPAR”, refiere la nota que recibió el SPP.

lunes, 9 de agosto de 2010

Historia sobre “Servilismo y Periodismo” muestra que Zuccolillo no es el paladín de la libertad

Por Dionisio Arce Jara (*)
Aldo Zuccolillo y la periodista Norath Alfonso, de Fama TV, en la noche del 7 de agosto, en ocasión de la fiesta que ofrece ABC Color todos los años a invitados especiales.
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El 8 de agosto de 1967, el finado dictador Alfredo Stroessner asistía a la inauguración del “diario joven con fe en la patria”, según dice el viejo y gastado slogan de ABC Color.
El director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, no perdió ayer la ocasión para alardear de nuevo de ser supuestamente uno de los grandes defensores de las libertades públicas, entre ellas la libertad de expresión.
El editorial dice: “En lo que a ABC Color se refiere, hoy cumplimos un aniversario más –el 43°– de firme, sostenido y orgulloso servicio a la libertad de opinión y de información. Fue un compromiso asumido desde el comienzo, que nos costó hasta la clausura por cinco duros años mantenerlo erguido pero que, finalmente, alcanzó firmeza inconmovible y que recibió, por esta constancia indoblegable ante las fuerzas políticas, la muy clara e indiscutible confianza pública de la que actualmente goza, y que agradecemos con toda humildad”.
Sin embargo, la “historia sincera del Paraguay contemporáneo”, editada en el 2004 por el periodista Nemesio Barreto Monzón bajo el título de “Periodismo y Servilismo” (1), saca a luz el pasado oscuro de las cabezas visibles de la prensa stronista: Zuccolillo y Humberto Rubín.


Barreto Monzón dice en su monografía, que publicamos con permiso del autor, que Zuccolillo fue y sigue siendo el más activo de la derecha reaccionaria del Paraguay, ya que luego de la caída de Stroessner continuaba defendiendo a dictaduras como las de Augusto Pinochet.
Al contrario, sigue atacando las dictaduras de izquierda, como en la época del stronismo, para dar a entender que solo en estos regímenes se violan los derechos humanos y la libertad de expresión. Los hermanos Castro, de Cuba; el presidente Hugo Chávez, de Venezuela; Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador y Daniel Ortega, de Nicaragua, son ahora los enemigos de Zuccolillo.

Humberto Rubín, “el mendigo ingrato”

El periodista relata el caso del asesinato del capitán José Antonio Valiente, la visita del Almirante Emilio Massera, ex represor argentino, para el décimo aniversario de ABC Color, la inauguración por parte de Stroessner de las nuevas máquinas del diario, el ataque periodístico del diario contra el ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter (por condenar la dictadura stronista), la relación de Zuccolillo con el ex director de la “técnica”, Antonio Campos Alum. Barreto Monzón cuenta también la historia del incendio de la Ferretería Americana y las sospechas sobre el siniestro.
La monografía de Barreto Monzón igualmente cuenta la “verdadera historia del mendigo ingrato”: Humberto Rubín. El colega dice que el director de Radio Ñandutí fue uno de los grandes defensores de Stroessner por intereses económicos. También señala que comenzó a atacar la dictadura por motivos particulares, ya que vio como un negocio la ayuda de organizaciones de EE.UU., que a partir de los años '80 comenzó a cambiar de política con relación a los regímenes latinoamericanos.
El autor refresca la memoria del lector sobre el premio que otorgaba Rubín a los representes de la dictadura, llamado “Micrófono de Oro”, el beneficio que recibió del IBR no siendo sujeto de la reforma agraria (recibió 2.000 hectáreas de tierra), la historia del “animador de cumpleaños de Stroessner”, entre otros relatos.
El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) había homenajeado el 10 de julio, en ocasión del 123 aniversario de este partido, al director de Radio Ñanduti y de ABC Color. Los conocidos empresarios-periodistas fueron pintados por los miembros de esta agrupación política como los paladines de la libertad de prensa y expresión, así como los grandes luchadores contra la dictadura del general Stroessner.
Barreto Monzón fue perseguido por la dictadura de Stroessner, por lo que fue obligado a vivir en el exilio en Suecia en la década de 1980. Actualmente trabaja como traductor de lenguas nórdicas. El periodista independiente también escribió: “Las relaciones sueco-brasileñas en el siglo XIX” (Tra- ducción, 1989). “Días sangrientos en Paraguay” (Traducción, 1996). Autor de “Paraguay y sus vínculos con Suecia” (1992) y diversas monografías: “Documentos de la Emperatriz Amalia (1988) y “La CIA en Paraguay” (2006).

La monografía del periodista Nemesio Barreto Monzón es una especie de "refrezca memoria" para la gente madura que ya olvidó quienes fueron los que apoyaron la dictadura de Alfredo Stroessner. En esta foto se ve a Aldo Zuccolillo y al finado Humberto Dominguez Dibb (HDD) junto al dictador.

(1) Bajar archivo completo sobre “Periodismo y Servilismo"

(*) Periodista del Diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP



lunes, 2 de agosto de 2010

Sindicatos repudian a Filizzola por represiones a trabajadores huelguistas de ACEPAR



Cuando se trata de reprimir a sindicatos, no hay diferencia entre la mentalidad del stronista Augusto Montanaro y del luguista Carlos Filizzola.
Los directivos de la Mesa Coordinadora Sindical, de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Federación de Educadores del Paraguay y el trotskysta Partido de los Trabajadores entregaron en la tarde del 30 de julio una nota de repudio al ministro del Interior Rafael Filizzola, debido a las represiones en contra de obreros huelguistas de Aceros del Paraguay (ACEPAR). Un grupo de afiliados y simpatizantes de estas agrupaciones acompañó la iniciativa. La huelga sigue, ya que anoche fracasó otra reunión entre directivos de la empresa, sindicalistas y autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo (ver información)

A continuación la carta entregada a Filizzola:
Los abajo firmantes nos dirigimos a usted con el objeto de manifestar nuestro más enérgico repudio a las violentas represiones desatadas por las Fuerzas Policiales en contra de los Obreros de Acepar en Huelga.
La semana pasada, ante la falta de efectividad de las mesas de diálogo con la patronal y el gobierno, los obreros decidieron seguir en las calles, a lo que la policía decidió responder una vez más con la brutal represión, que nos recuerda a la policía política del dictador Stroessner, utilizando carros hidrantes, balines de goma y golpeando a los compañeros huelguistas y a sus familiares, entrando incluso en los domicilios.
Consideramos absolutamente inaceptable que el Gobierno siga violando las prerrogativas constitucionales que garantizan a los trabajadores el derecho a la Huelga. Con las recurrentes represiones contra los obreros de Acepar por parte de las Fuerzas Policiales bajo su mando, usted está demostrando que este Gobierno está al servicio de los intereses de la patronal y en contra de los Trabajadores.
Una vez más manifestamos nuestra plena solidaridad con los Obreros de Acepar, quienes desde el 16 de abril pasado vienen luchando para el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo de 1995 que tiene resolución firme y ejecutoriada de la Corte Suprema de Justicia, por la suspensión de la persecución sindical, entre otras arbitrariedades de la patronal.
Así como exigimos al Poder Ejecutivo intervención inmediata para la solución definitiva del conflicto en Acepar, que pasa por el cumplimiento de los derechos elementales reclamados por los trabajadores, exigimos también al señor Ministro del Interior el cese inmediato de la represión a los obreros de acepar y a sus familias, así como el retiro de las fuerzas represivas del lugar.
El Gobierno tiene la obligación de exigir y hacer cumplir las leyes laborales a las patronales y no ponerse al servicio de las mismas en contra de los trabajadores.

¡BASTA DE REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES DE ACEPAR!
¡POR LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL GOBIERNO PARA QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES!
Coco Arce, miembro del SPP y dirigente del MCS, lee la carta dirigida a Rafael Filizzola frente al local del Ministerio del Interior.

jueves, 29 de julio de 2010

Trabajadoras se comprometieron a luchar contra la discriminación, el acoso sexual y el machismo

Algunas mujeres que asistieron al Primer Encuentro Trabajadoras de la Mesa Coordinadora Sindical (MCS).
El 17 de julio se realizó el Primer Encuentro de Mujeres Trabajadoras afiliadas a la Mesa Coordinadora Sindical (MCS), que se en el local de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación y Cultura (Afemec), sito en Chile y Manduvirá.
Entre las conclusiones y propuestas del encuentro figuran: “1) reivindicaciones de las Mujeres Trabajadoras que se deberían incluir en el programa de la Nueva Central; 2) Igual salario por igual trabajo; 3) combate tenaz al acoso sexual. Basta de sometimiento a las mujeres trabajadoras; contra todo tipo de discriminación (Se valora más su presencia física, por ser objeto sexual y no por ser profesional). Basta de un ambiente degradante a la que es sometida la mujer”.Para el MCS, el encuentro “se configuró en un verdadero éxito, pese a que fue uno de los días más fríos del año y con una copiosa lluvia que duró todo el día (45 mujeres de 18 sindicatos, 2 organizaciones campesinas y 1 indígena). Nos hemos reunido para con el doble objetivo de debatir sobre la situación de la mujer trabajadora y sobre la importancia de su plena participación en las organizaciones sindicales”.
“Como primer punto debatimos sobre la coyuntura, la situación del conjunto de la clase trabajadora y del movimiento sindical, en ese contexto, el encuentro de mujeres reivindicó plenamente la creación de la Nueva Central, así como también, comprometió esfuerzos para trabajar desde la base una central que sea una poderosa herramienta para luchas por los intereses de la clase trabajadora. Seguidamente, analizamos la Situación de la Mujer Trabajadora, los principales problemas del sector, que es, el más afectado por el desempleo, el subempleo, el trabajo informal y la precarización, con salarios inferiores, además de la carga de la doble jornada laboral y el acoso sexual en los lugares de trabajo”, reza otra parte del comunicado de la MCS.
“El trabajo doméstico reservado para las mujeres y no remunerado, que sirve para reproducir la fuerza de trabajo, es la principal condición material de la opresión de las mujeres trabajadoras. Aunque todas las mujeres son oprimidas, no todas son oprimidas de la misma manera, los niveles de explotación determinan los niveles de opresión”, según el MCS.



A continuación las conclusiones y recomendaciones:



1) Reivindicaciones de las Mujeres Trabajadoras que se deberían incluir en el programa de la Nueva Central
2) Igual salario por igual trabajo.
3) Combate tenaz al Acoso Sexual. Basta de sometimiento a las mujeres trabajadoras
4) Contra todo tipo de discriminación (Se valora más su presencia física, por ser objeto sexual y no por ser profesional). Basta de un ambiente degradante a la que es sometida la mujer.
5) Defensa de los derechos de las mujeres embarazadas, por el cumplimiento irrestricto de la legislación de protección a las mujeres en estado de gravidez.
6) Cumplimiento de servicios sociales, guardería y comedores en los lugares de trabajo
7) Para el Estatuto de la Nueva Central
8) Establecer mecanismos para garantizar la participación de las mujeres en la nueva central, en la base y en los órganos de dirección.
9) Propuestas para dirección de la MCS y la Secretaria de la Mujer
10) Capacitación constate para todas las integrantes del sindicato. Programas de capacitación para mujeres sea una vez al mes.
11) Promoción del protagonismo de las mujeres. Campaña de sindicalización de mujeres y promoción de compañeras en los órganos de dirección.
12) Articular la lucha de las mujeres trabajadoras, sindicales y campesinas e indígenas. Buscar la unión para la defensa de nuestros derechos.
13) En los sindicatos luchas contra el machismo. Nuestros propios compañeros nos oprimen, se debe conseguir luchar y zanjar este problema. No callar más nuestras discriminaciones.
14) Acompañar y apoyar a las mujeres que están en cargos directivos en los sindicatos.
15) Fortalecer la Secretaria de la Mujer de la Mesa Coordinadora Sindical y a las existentes en los sindicatos, promover la creación de las secretarias en los demás sindicatos.