Sindicato pidió a viceministro se brinde seguridad a periodista de radio de Alto Verá

Dionisio Arce Jara (izq.), Vicente Páez Chávez, Pedro Benítez y el viceministro Carmelo Caballero.

Miembros de la comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay se reunieron hoy con el viceministro de Seguridad Interna, abogado Carmelo Caballero, para solicitar seguridad para José María Martínez, periodista de la radio La Voz de Alto Verá, de Itapúa.
El colega itapuense presentó una denuncia el lunes 8 de marzo ante la Fiscalía General del Estado contra un poblador de Alto Verá identificado como Milciades Atienza.

La denuncia señala que, en el momento en que Martínez estaba realizando comentarios en contra de la administración municipal, llamó a la radio 99.3 FM el citado Atienza para amenazar de muerte al comunicador. El denunciado es un allegado a las autoridades municipales, según se informó.
Estuvieron con el viceministro, Pedro Benítez Aldana, secretario general adjunto del SPP; Dionisio Arce Jara, secretario de Interior, y Vicente Páez Chávez, secretario de Finanzas.
Cabe recordar que anteriormente fueron blanco de ataques y amenazas los periodistas radiales Cándido Gómez y Nelson Gómez, también de Alto Verá. El SPP repudió la nueva amenaza contra los trabajadores de la comunicación y en la fecha solicitó al viceministro Caballero para que se brinde seguridad a Martínez.
El alto funcionario del Ministerio del Interior dijo que tomará cartas en el asunto, en el sentido de que dará instrucciones a los jefes de la Policía Nacional de Alto Verá para proteger al trabajador de prensa.

Caso periodista de Capiibary

Los miembros de la comisión directiva del SPP también aprovecharon la entrevista para señalar a Caballero que continúa en un estado de inseguridad el periodista Alberto Núñez Barreto, corresponsal del diario La Nación de Capiibary (San Pedro).
Benítez Aldana informó al viceministro que los policías de la zona se niegan a dar protección al colega porque tienen un sentimiento de resquemor en su contra debido a las denuncias que hace contra ciertos miembros de la Policía Nacional. El representante del gobierno de Fernando Lugo dijo que ordenará una evaluación del trabajo de los miembros de la Comisaría de Capiibary en este caso particular.
Caballero informó que dentro de unas semanas terminará el sumario administrativo que se ordenó contra el suboficial mayor Rubén Darío Quintana y el suboficial 2o. Juan Carlos López García. Estos fueron denunciados por Núñez Barreto por “omisión de auxilio”, ya que no impidieron la golpiza que había recibido por parte de una turba en noche del 1 de enero de 2010.
Los miembros del SPP también recordaron al viceministro que el colega de Capiibary también viene siendo amenazado por miembros de una “comisión garrote”. Caballero dijo que el Ministerio no permitirá la aparición de grupos armados, pero si comisiones de vecinos que ayuden a la policía local.

Fiscalía de Capiibary no investiga a garroteros que amenazan a periodista de La Nación

El Intendente Juan Cuenca Castillo (izq.). Aparece también Diana Vargas. Abajo: Rigoberto González (izq.) e Idalino Frutos, agredidos por los garroteros.

La Fiscalía General de Capiibary, Departamento de San Pedro, no está investigando a los integrantes de un grupo parapolicial que está provocando miedo entre los pobladores debido a la impunidad con que se mueven en la zona. El periodista del diario La Nación, Alberto Núñez Barreto, ha denunciado a los cabecillas del grupo de garroteros, debido a ello fue amenazado en varias ocasiones.

La fiscala Nimia Avalos no ha llamado siquiera a prestar declaración informativa a los supuestos garroteros, que estaría encabezado por Bruno César Benítez, de acuerdo a denuncias publicadas por el corresponsal. Hay que recordar que el 10 de marzo se realizó una reunión pública, convocada por la “comisión garrote”, con el único objetivo de presionar a Núñez Barreto a dar explicaciones sobre sus supuestas denuncias falsas sobre agresiones sufridas por campesinos.
Una nota del corresponsal del diario La Nación del 4 de marzo pasado dice: “Comisión Garrote amedrenta a los pobladores de la zona de Capiibary”. El periodista informó que “los miembros de esta agrupación realizaron un aparatoso allanamiento que tenía como objetivo detener a un joven e incautar de una motocicleta que ni siquiera fue denunciada como robada. De acuerdo informes, los civiles armados estaban vestidos con uniforme camuflado de uso militar y portaban potentes armas. El detenido (Juan Caballero Matto) afirmó que fue golpeado y ahora está internado”.
“Joven de 18 años denuncia a “comisión garrote” de Capiibary por brutal golpiza”, señala el diario La Nación en su edición digital del 8 de marzo de este año, según nota enviada por el corresponsal.
“Las denuncias contra la “comisión garrote” siguen imparables en Capiibary. Esta mañana, un joven de 18 años, se presentó ante el Ministerio Público de esta ciudad a cargo de la agente Nimia Ávalos, para acusar al grupo armado por haberlo sometido a brutales torturas en una escuela de un asentamiento de este municipio”, según el corresponsal.
El 10 de marzo, el diario La Nación dice: “Víctimas de “comisión garrote” de Capiibary destacan brutalidad del grupo”. Los supuestos líderes de este grupo, Bruno César Benítez y Gregorio Ríos, acusaron al corresponsal, durante la reunión en aquel día, de haber supuestamente exigido coimas a los civiles armados a cambio de dejar de publicar sus actos ilícitos.

Las víctimas de los garroteros, según Núñez Barreto, son: Martiniano Gamarra Matto, 30 años; Idalino Frutos, 28 años; Rigoberto González Ríos, 18 años; Rodolfo Valdez Gavilán, 23 años y Brígida Riquelme Esquivel, 38 años.

Complicidad de las autoridades

No solo la fiscala de Capiibary es cómplice y encubridora del grupo parapolicial, sino las autoridades de la Municipalidad local y de la Gobernación del Departamento de San Pedro. Núñez Barreto señala en sus denuncias que el intendente de esta ciudad, Juan Cuenca Castillo, y su esposa Mabel Garcete de Cuenca, concejala departamental, organizaron la reunión del 10 de marzo para repudiar su labor periodística y apoyar a los garroteros.
En la reunión estuvieron Diana Vargas, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y Pedro Arturo Santacruz, funcionario de esta institución. No es claro la labor de estos funcionarios al dialogar con las autoridades que apoyan a los garroteros. El ministro Rafael Filizzola no exige a la Fiscalía investigar al grupo armado.
La comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay está preocupada por este hecho porque el corresponsal viene siendo hostigado en forma permanente por el grupo parapolicial. Los garroteros se sienten poderosos debido al apoyo tácito que reciben de la fiscala Avalos y de la coordinadora fiscal de San Juan Bautista, Lilian Ruiz.

 

Rigoberto González, de 18 años, muestra las huellas de los golpes que recibió por parte de garroteros protegidos por la fiscala Nimia Avalos de Capiibary y policías de la zona.

Radio San Roque de Ayolas despide a periodista

Fernando Lugo y el monseñor Melanio Medina en setiembre de 2008, en Misiones (foto de APC).

El Sindicato de Periodistas del Paraguay denuncia el despido del periodista Gabriel Bustamante de Radio San Roque González de Ayolas. El colega se desempeñaba como cronista de un programa periodístico mañanero denominado “Al Día”, conducido por William Aquino, corresponsal del Diario ABC Color en esta ciudad.

Bustamante realizaba también programas deportivos y transmisiones de partidos de fútbol, con el sistema de espacios comprados. Ante esta situación, el secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana, conversó con el Obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, Monseñor Mario Melanio Medina, quien es el responsable de la emisora, ya que pertenece a la Iglesia Católica. Sin embargo, aseguró que no puede hacer nada a favor del colega despedido porque la radio está “tercerizada”, por lo que es responsabilidad de la empresa adjudicataria.
Benítez Aldana viajó hasta Ayolas para entrevistarse con uno de los responsables de la emisora, Gabriel Alfonso, quien informó sobre la negativa de la empresa en admitir nuevamente a Bustamante. De esta forma, el SPP tiene vía libre para recurrir a las instancias legales correspondientes para hacer valer los derechos del trabajador, principalmente, para percibir sus haberes por un despido injustificado.

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La Jerarquía de la Iglesia no pone condiciones

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Sobre el caso Bustamante podemos deducir lo siguiente: la jerarquía de la Iglesia Católica paraguaya no fijó condiciones a los arrendatarios de la radio, en el sentido de exigencias éticas, profesionales e, inclusive, de programación. Es decir, el monseñor Medina o el apoderado legal de la licencia dada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), no estableció ninguna regla básica de conducta periodística a los empresarios, entre ellos Alfonso.
A fin de evitar lamentables casos como el de Bustamante, quien ni siquiera puede ser defendido por los verdaderos dueños de la radio San Roque González, se hubiera establecido en el acuerdo de arrendamiento una exigencia de la Iglesia Católica para que la empresa respete la libertad de expresión y de prensa, consagrada en la Constitución Nacional, el cumplimiento de las normas laborales y del seguro social obligatorio.
De acuerdo a informes que recibió el SPP, el colega despedido ni siquiera estaba siendo tenido en cuenta como parte del “staff” periodístico permanente de la radio San Roque González, ya que dependía de los caprichos de los conductores que compran espacios periodísticos.
La Diócesis de Misiones y Ñeembucú es tenedora de un permiso de uso legal del espectro radioeléctrico por parte de CONATEL. Esto es una práctica muy extendida en nuestro país. El SPP considera que es irregular, ya que los verdaderos dueños de la licencia de la emisora no se hacen responsables de las programaciones ni mucho menos del respeto a la Constitución y a las leyes laborales y del Instituto de Previsión Social (IPS).
Otro aspecto llamativo de la Radio San Roque González es que la Diócesis de Misiones y Ñeembucú no tiene el más mínimo control de la programación, que debe ser una tarea primordial para el monseñor Medina porque la emisora debe seguir las pautas éticas de la Iglesia Católica en cuanto al valor social de los medios masivos. Por esta razón los arrendatarios de la radio pueden contratar y despedir periodistas de acuerdo a sus intereses comerciales.

Sindicato condena cierre de programas de canal 7 y de radio FM de San Juan Bautista

Francisco Gómez de la Fuente (izq.), Claudia Páez, Luis Horacio Fernández y Pedro Benítez Aldana, en San Juan Bautista Misiones.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) repudia y condena los graves atropellos contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión cometidos por el presidente de la Cooperativa San Juan Bautista de las Misiones, Sabino Acosta, y la dueña de Radio San Juan FM, Ana Gadea.

En el primer caso, se suspendió un programa emitido vía cable en el canal 7 TV, de la Cooperativa San Juan Bautista. Acosta levantó el programa en vivo “Cooperativismo Hoy”, conducido por Francisco Gómez de la Fuente, porque no le gustó la persona invitada para una entrevista.
La Cooperativa San Juan Bautista es propietaria del Canal de Cable (TV 7) y Sabino Acosta es el presidente de la institución. Gómez de la Fuente quedó sorprendido por lo que consideró “una decisión inédita” en su carrera profesional. Aseguró además que se trata de la violación de un contrato firmado por las partes con vigencia actual.
En el segundo caso, la propietaria de radio San Juan FM, Ana Gadea, levantó el programa radial ”sin límites ni censura” porque, supuestamente, no le gustaba el estilo periodístico de los conductores.
Los conductores del programa radial, Claudia Elisa Páez y Luis H. Fernández, quedaron sin trabajo, pese a tener contrato hasta el 18 de julio. Fernández dijo que la dueña de la radio levantó el programa “porque criticaron a políticos y dirigentes cooperativistas” y porque “se abusaba de la libre expresión”.
Tanto a Acosta como a Gadea no les importaron el contrato en vigencia y en ambos casos se transgredió el artículo 26 de la Constitución Nacional que garantiza La Libertad de Expresión y de Prensa. Estos hechos nos retrotraen a la oscura y sanguinaria época de la dictadura de Alfredo Stroessner cuando los gobernantes, ejerciendo un poder autoritario, censuraban a los medios de comunicación y a los periodistas.
En los casos de Canal 7 TV y Radio San Juan FM ocurrió igual, pues sin disimulo alguno se ejerció una inaceptable y repudiable censura tan solo porque un supuesto adversario político fue entrevistado.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay no cesará en su afán de hacer respetar la libertad de expresión y los derechos del trabajador. Para este efecto recurrirá a las instancias gubernamentales que correspondan.
En este sentido, el SPP presentará protestas ante organismos nacionales e internacionales para hacer respetar los derechos de los periodistas que garantiza el artículo 26 de la Constitución Nacional, como así también el derecho al trabajo.
El Secretario General del SPP, Pedro Benítez Aldana, estuvo presente en la ciudad de San Juan Bautista para solidarizarse con los compañeros periodistas Francisco Gómez de la Fuente, Luis Horacio Fernández y Claudia Páez.
El Artículo 26 de la Constitución, de la libertad de expresión y de prensa, determina: Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.

Sindicato se solidariza con periodista de Radio Yuty querellado por un candidato a intendente

Esta es la denuncia del periodista César Ferreira y que fuera publicada por el diario ABC Color el 17 de febrero de 2010.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresa su solidaridad con el periodista César Ferreira, de Radio Yuty, del Departamento de Caazapá, por la amenaza y acción judicial (difamación y calumnia) que está soportando por parte de un político del lugar, debido un sondeo de opinión que había realizado sobre los futuros candidatos a Intendente de la ciudad.

Entre los nombres mencionados por la audiencia figuraba como principal candidato el del Abogado Benjamín Adaro, quien se sintió “manoseado” porque su nombre apareció en la encuesta telefónica. Recurrió inclusive a los estrados judiciales en contra de Ferreira y el martes 23 se realizará la audiencia de conciliación en el juzgado civil de Caazapá. El SPP seguirá de cerca este caso porque considera que es otro grave atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Adaro llamó a Ferreira pidiéndole que borre su nombre de la lista de candidatos y, si no lo hacía, “verá la forma de hacerlo”. El periodista le explicó que era solo un sondeo realizado por iniciativa de la gente, sin buscar herir a nadie y que proseguirá con este tipo de programa.

Posteriormente, Ferreira se comunicó con los principales directivos del SPP, explicando la situación y mencionando que Adaro no cesó en sus amenazas. Nuestra organización, que agrupa a periodistas de todo el país, tiene la obligación de respaldar a los compañeros que realizan actividades informativas de interés para la ciudadanía. Por esta circunstancia, expresamos nuestra solidaridad con el compañero César Ferreira.
El diario ABC Color, versión digital del 17 de febrero de 2010, informó sobre la denuncia realizada por Ferreira bajo el titulo: Político colorado amenaza con "destrozar" a locutor. “Si volvés a mencionar mi nombre y te encuentro por la calle te voy a destrozar me dijo", había dicho Adaro al periodista cuando éste se negó a acatar su exigencia. Esta es la versión difundida por el diario y que sirvió base para que el candidato a Intendente presente una querella criminal.

Sobre el caso, la comisión directiva del SPP señala que la libertad de expresión, el derecho a informarse (de la ciudadanía) y la libertad del ejercicio del periodismo están garantizados por los artículos 26, 28 y 29 de la Constitución Nacional y nadie podrá coartar impunemente el ejercicio de estos derechos.
Adaro pretendió presionar al periodista para que no ejerza su derecho a la libertad de expresión y, por ende, para que los ciudadanos no reciban información sobre la calidad humana, intelectual y perfil político de los candidatos a Intendente. El caso es que Ferreira no podía excluir del sondeo al seccionalero porque, de hecho, implica anular esta iniciativa periodística que es común durante las campañas electorales.
El político colorado, con la presión manifestada contra el periodista y ahora con su querella criminal, está atentando contra artículos de la Constitución Nacional. 
A continuación transcribimos el mandato de la Carta Magna.

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Artículo 26 - DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa.
Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.

Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.
Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios.

Artículo 29 - DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.
El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.

Masacre de Caaguazú, apuntes contra la amnesia selectiva

Por Nemesio Barreto Monzón (*)

Se cumple hoy 30 años de una de las masacres más terribles perpetradas du- rante la prolongada dictadura de Stroessner. Pero pese al tiempo transcurrido, este caso sigue en la total impunidad. Parece ser que a la Justicia paraguaya se le perdió la vara. La masacre es conocida como el “Caso Caaguazú”. Fue probablemente la represión más emblemática emprendida por el dictador Stroessner y sus sicarios contra el “comunismo apátrida y ateo” (1).

Todo comenzó cuando un grupo de campesinos de la Colonia Nueva Esperanza (Acaray-mí) fueron desplazados de sus tierras por la señora Olga Mendoza, esposa del general Ramos Giménez. En la madrugada del sábado 8 de marzo de 1980, en el kilómetro 37 de la Ruta Internacional, un grupo de 12 campesinos abordó un ómnibus de la Empresa “Rápido Caaguazú” para viajar a Asunción. En aquella represión de campesinos de Alto Paraná, pertenecientes a las Ligas Agrarias Cristianas, participaron militares, policías  y milicianos del partido colorado. Esta desgarradora historia fue internacionalmente conocida, en parte por la prensa extranjera pero sobre todo por el libro "En busca de la Tierra sin mal" (2).
Pasaron 30 años sin que las autoridades competentes se preocuparan seriamente de castigar a los responsables de aquella brutal represión ni siquiera por saber dónde están los cadáveres de los 10 desaparecidos, enterrados en una fosa común. Los nombres de las víctimas merecen ser recordados: Adolfo César Brítez, Gumersindo Brítez Coronel, Fulgencio Castillo Uliambre, Concepción González, Federico Gutiérrez, Reinaldo Gutiérrez, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Estanislao Sotelo y Feliciano Verdún. Los asesinos siguen impunes hasta la fecha de hoy.
No obstante el tiempo transcurrido, y gracias a la solidaridad de la gente, se ha podido averiguar algunos nombres de los responsables de aquel macabro festín en el que participaron civiles, policías y militares de las “gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación”. Uno de los responsables es el ya fallecido ex Delegado de Caaguazú, Dr. Jorge Sebastián Miranda, quien quedó el descubierto en septiembre de 1993, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (3).
Existen otros responsables de aquella masacre que a modo de ejemplo merecen ser conocidos y sometidos a proceso penal, como Camilo Almada Morel, el entonces mayor Sixto Benítez Coronel y el general (SR) Carlos Alberto Ayala González, ex Secretario Ejecutivo de la SENAD (1997-1998). Conforme a la Nota Nº 37/81, firmada por el general Bernardino Valoy Arza, en marzo de 1980, el entonces teniente coronel Carlos Alberto Ayala González, era comandante de la Segunda División de Infantería (con sede en Villarrica) y jefe de operaciones de la masacre de campesinos de Caaguazú. Se presume que Ayala González fue auto herido. Cierto o no, existe un certificado médico expedido por el Dr. Victoriano Santacruz Martínez en fecha 11 de marzo de 1980.  Ayala González actuaba en coordinación permanente con el Jefe de Inteligencia Militar, Benito Guanes Serrano, y Pastor Coronel. Asimismo, y según informes de sus ex comandados, Ayala González es el que conoce dónde fueron enterrados los campesinos asesinados. Pero la justicia nunca actuó, ya sea porque ella depende de quién es el que comete el crimen y quiénes son  las víctimas, o porque aplica textualmente el viejo consejo de Don Quijote: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dadiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algun pleyto de algun tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria, y ponlas en la verdad del caso”. (Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quixote de la mancha).
Dos de los sobrevivientes de aquella masacre, Apolonia Flores y Victoriano Centurión, denunciaron a los verdugos en todas las instancias pero sin ningún resultado; algunos de los responsables ya fallecieron, mientras que otros viven tranquilamente en confortables mansiones. Apolonia Flores Rotela tenía 12 años en la época en que ocurrieron los hechos, recibió dos balazos en el muslo y pasó seis meses en la prisión de mujeres “Casa del Buen Pastor” (Archivo del terror. Microfilm Nº 00018F 0352 y 00018F 0353).  Apolonia era menor de edad, hablaba sólo guaraní  y nunca había ido a una escuela. Sin embargo, fue procesada como “subversiva”  por el entonces Juez José Francisco Appleyard, quien años después fue abogado defensor del general Lino Oviedo.

En tanto que Victoriano Centurión, logró escapar de las fuerzas represivas, asilándose en la Embajada de Panamá. Victoriano Centurión, un carismático líder campesino, era conocido como “Vitó” o como el “profeta Centú”. El libro “En busca de la tierra sin mal” (Pág. 78) dice que “Era un pequeño comerciante de Caaguazú, que conoció a través de un cursillo a las Ligas Agrarias, ya por 1970. Si la meta era vivir como hermanos, Centú quiso practicarlo enseguida. Por eso dejó de ser comerciante y repartió la mercadería de su almacén entre los vecinos organizados. Desalambró sus propias tierras y las de sus vecinos y lo pusieron todo en común. A raíz de este hecho y por sus palabras que denunciaban las injusticias sin miedo y ante cualquier autoridad, los campesinos organizados le fueron teniendo suma confianza. Otro factor que aumentó su prestigio fue su conocimiento de la medicina natural”. Centú, como se le conoce, mítico líder de las Ligas Agrarias Cristianas, sobrevivió a la “Masacre de Caaguazú”, vivió 10 años en Venezuela. De regreso a Paraguay, Centurión se estableció nuevamente en el campo, dedicándose al cultivo de autoconsumo. Hoy, casi octogenario, es el líder campesino paraguayo más respetado. Pese a los muchos ofrecimientos, nunca se vendió. Las veces que le hicieron alguna oferta, respondía con un argumento inapelable: “Si hubiera querido ser un hombre rico, no hubiera desalambrado mis tierras, hubiera seguido explotando a mis hermanos campesinos”.
Finalmente, es de esperar que la fiscal Sandra Quiñones, que en los últimos años ha ganado experiencia en el rubro de secuestros, tome también este caso. Si no lo hace, por alguna razón valedera, podría pensarse que ella sólo se ocupa de “ricos y famosos” y no de gente con menor ingreso relativo (léase: pobres).

Notas:

1. "Las verdades anticomunistas de hoy" y “Estudiando Felices sin Comunismo” (editados por el Ministerio de Educación y Culto en 1977), eran dos folletos que los alumnos estudiaban en las escuelas y en los seminarios de la Junta de Gobierno del Partido Colorado (ANR). El entonces ministro Raúl Peña decía que “el Ministerio de Educación y Culto tiene la firme convicción de que a través de este Manual se combatirá con éxito al enemigo común de los sagrados valores de nuestra Patria y de nuestra civilización cristiana y democrática”. Muchos “gorilas” de hoy templaron su espíritu anticomunista en aquellas clases “magistrales” del fascismo paraguayo.

2. En busca de la Tierra sin mal.  Indo American Press Service, Bogotá, mayo de 1982. (Con prólogo del Monseñor Pedro Casaldáliga).

3. Véase Nota Nº 32 de la Cámara de Diputados dirigida al Fiscal General del Estado, Dr. Luis Escobar Faella (firmada entre otros por el actual senador Blas Llano).

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(*) Periodista independiente. Vivió en el exilio en Suecia en la década de 1980. Actualmente trabaja como traductor de lenguas nórdicas. “Las relaciones sueco-brasileñas en el siglo XIX” (Traducción, 1989). y “Días sangrientos en Paraguay” (Traducción, 1996). Autor de “Paraguay y sus vínculos con Suecia” (1992) y diversas monografías: “Documentos de la Emperatriz Amalia (1988), “Periodismo y Servilismo” (2003), “La CIA en Paraguay” (2006).

Nueva amenaza a periodista de La Nación pone en jaque la libertad de prensa en Capiibary

 

Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP (izq.), Alberto Núñez Barreto y Dionisio Arce Jara, secretario de Interior en la antesala de la fiscala Lilian Ruiz de Santani (6-01-10)

La comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay ha recibido una nueva denuncia del corresponsal del diario La Nación en Capiibary, San Pedro. Se trata de Alberto Núñez Barreto, quien desde hace años viene sufriendo agresiones físicas y todo tipo de amenazas contra su integridad personal.
El intento de agresión física contra Núñez Barreto, que ocurrió el pasado domingo a la noche, pone en jaque no solo el derecho al trabajo, sino la libertad de expresión y de prensa. El periodista estaba haciendo una cobertura en un área de la ciudad donde un grupo de hinchas del club Olimpia festejaba el triunfo de su equipo ante Cerro Porteño.

Núñez Barreto relató que, en la ocasión, se le acercó un poblador de la zona llamado Rafael García, alias “Rapái”, para amenazarle de muerte por los escritos que apareció en su contra hace aproximadamente un mes en La Nación. La información del diario señala que el sujeto fue expulsado de un asentamiento de Capiibary debido a los problemas que causaba a los vecinos, ya que es considerado como un inadaptado social.
El colega dijo que “Rapái” pidió a un vecino un cuchillo para liquidarlo y, como no consiguió su objetivo, fue a su casa a traer un puñal. Por suerte, ya no pudo acercarse al periodista porque la gente se lo impidió. El agresor, que estaba borracho, se retiró del lugar sin antes dejar caer la vaina del arma blanca.
El citado García realizó luego un gesto grosero en la vía pública, ya que se desnudó frente a mujeres que estaban en una farmacia, según Núñez Barreto. Esto demuestra que el tipo no está bien de la cabeza.

Historia de agresiones y amenazas

Núñez Barreto es periodista de La Nación desde el año 2006 y, a pesar de su corta carrera, ya tiene en su historia personal varias denuncias porque ha sufrido agresiones y amenazas de muerte. El 5 de marzo de 2007, el colega fue golpeado y amenazado de muerte por delincuentes que estaban robando rollos de madera de una reserva forestal ubicada a 17 kilómetros de Capiibary.
El periodista de La Nación estaba tomando fotos de la reserva que estaba siendo depredada bajo el manto protector de autoridades de la zona. A casi dos años de esta denuncia, el caso terminó en el “opa rei” en la Fiscalía General del Estado. El agresor identificado es Marcial Centurión (1) y (2). Hay que recordar que en Capiibary, en enero del 2000, ejecutaron al periodista Salvador Medina, hermano de Pablo, corresponsal de ABC Color. Salvador estaba realizando una serie de denuncias contra rollo-traficantes.

El 31 de octubre de 2008, Núñez Barreto casi fue agredido por campesinos sin tierra de Capiibary. Dirigentes de la “Organización de Lucha por la Tierra” impidieron en aquella fecha otra golpiza al colega. El SPP hizo una denuncia pública del conato de agresión y las amenazas hechas por los labriegos que invadieron una propiedad privada y que luego fueron desalojados y detenidos en la comisaría local.

En la noche del 1 de enero, el periodista de La Nación fue agredido por una patota cuyos integrantes eran Omar Encina, hijo del concejal de Capiibary Aparicio Encina; Manuel Ortiz, primo del primero; Alcides Marmori, funcionario de la Justicia Electoral, y Mario Manuel Cáceres, director de tránsito de la comuna local. La denuncia también implica en el hecho a Rolo Martínez, Wilson Rivas, un tal Paredes, Claudio Osorio, maderero.

Núñez Barreto perdió tres dientes, sufrió cortes y hematomas en el rostro (ceja y nariz) y acusó golpes de patadas en la clavícula (hombro) y el estómago, según el parte médico. A pesar de ello la Fiscalía General del Estado no podrá imputar a los citados más arriba por “agresión grave” porque no corrió peligro la vida del denunciante.
Sin embargo, nuestro colega ahora ya teme por su vida porque no tiene protección de la policía de Capiibary. Hay que recordar que el periodista fue agredido ante la vista y oídos de dos uniformados: el suboficial mayor Rubén Darío Quintana y el suboficial 2o. Juan Carlos López García.

¿La Policía y la Fiscalía esperan que Alberto Núñez sufra una agresión grave para actuar?. Esta es la pregunta que se hacen miembros de la comisión directiva del SPP, que ya expusieron sus inquietudes ante el Ministerio del Interior el 4 de enero de 2010 y luego ante la Fiscalía de San Estanislao el 6 de enero.
El pasado 22 de febrero, el corresponsal denunció al SPP que un grupo de personas no le permitió hacer una cobertura en el hospital público de Capiibary. En vista de eso, pidió protección a la policía, pero éstos se hicieron del “ñembotavy”. Núñez Barreto fue solo hasta el hospital, donde estaba los restos de un joven muerto en un accidente. El periodista se retiró del lugar ante el conato de agresión de la gente allegada al occiso. En el interior del local público vio a Marmori, uno de sus agresores.

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(1) Periodista fue golpeado y amenazado de muerte en una reserva forestal

(2) Corresponsal amenazado por campesinos en lucha por el derecho a la tierra

Directivos del SPP visitaron a periodista de ABC Color amenazado por delincuentes

Pedro Benítez Aldana (izq.), gobernador José Ledesma, Amado Espínola, Dionisio Arce Jara y Cristino Peralta.

Miembros de la comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) visitaron el viernes pasado a Cristino Peralta, corresponsal del diario ABC Color del Departamento de San Pedro que está siendo amenazado por delincuentes de la zona ligados al tráfico de drogas. Estuvieron con el colega el secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana; Dionisio Arce Jara, secretario de Interior y Amado Espínola, miembro del gremio de Cruce Liberación.

Los directivos del SPP visitaron la capital de este Departamento con el objetivo de dar su solidaridad a Cristino, que está pasando por un mal momento debido a que grupos delictivos, apoyados por miembros de la Policía Nacional, le están hostigando desde hace meses.
El corresponsal está ahora realizando coberturas periodísticas con guarda espaldas otorgados por la Policía Nacional de San Pedro. Peralta había denunciado que, en la noche del 12 de febrero pasado, en la Ruta XI en la zona de Nueva Germania, le salieron al paso dos motociclistas armados. Estos pidieron al colega que detenga la marcha de su vehículo porque supuestamente querían hablarle, pero Cristino aceleró bruscamente su rodado para dejar atrás a los malvivientes.
Esta es la versión de Peralta, quien sospecha que detrás de la esta amenaza están policías. En una nota periodística del 2 de diciembre pasado, denunció que agentes de la Secretaría Antigrodas (SENAD) se dedican a extorsionar a narcotraficantes de San Pedro. El colega relató el caso en que estarían involucrados los policías.(1) y (2)

No tendrá ciento por ciento de seguridad

Peralta y los miembros del SPP ubicaron al gobernador José Pakova Ledesma en la Radio San Antonio FM. Benítez Aldana informó al gobernador liberal que están en San Pedro para exigir a las autoridades locales se otorgue protección personal al colega amenazado.
La respuesta del gobernador fue que esto sería imposible en un ciento por ciento debido a la gran corrupción que reina entre los miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado.
Manifestó que ni su familia está tranquila en la zona, ya que los delincuentes, en especial norcotraficantes, son aliados de la policía y de la Fiscalía. Por esta razón dijo que su hijo José Ramón, estudiante de agronomía en San Pedro, se refugió en su casa en Guayaybi, ya que fue amenazado por delincuentes. Las declaraciones del gobernador coincidieron con los cambios de jefes dispuestos por la Policía Nacional el 26 de febrero en San Pedro, Concepción y Caaguazú.
Cristino no es el único periodista que permanentemente trabaja hostigado por mafiosos, entre ellos Nino Silguero, periodista de Radio Panambi Vera de Villarrica; Sergio Escobar Rober, periodista de ABC Color de San Estanislao y Alberto Núñez, periodista de Diario La Nación de Capiibary. Esta situación preocupa a la comisión directiva del SPP, por lo que ya hizo varias gestiones ante los organismos de seguridad del Estado, en especial en el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, para pedir protección de los colegas.

(1) Corresponsal sospecha que policías de Narcóticos lo están amenazando

(2) Acusan a brigada de narcóticos de realizar operaciones extorsivas

Denuncia de gobernador muestra que Filizzola ha perdido el rumbo de la investigación del EPP

Por Dionisio Arce Jara (*)

El gobernador liberal José Pakova Ledesma (foto) asegura que los jefes policiales y miembros de la Fiscalía General del Estado engañan al ministro socialista Rafael Filizzola con relación a las andanzas de los cabe- cillas del fantasmal Ejército del Pue- blo Paraguayo. Aclaró que el ministro no está metido con el EPP, pero sí cree que están involucrados gente de su entorno. De lo contrario, ya hu- bieran caído los líderes del supuesto grupo guerrillero, precisó.
De las declaraciones de Pakova se puede deducir que Filizzola no controla la Policía Nacional. Los secuestradores estuvieron en la zona de Hugua Ñandu y Horqueta (Concepción) durante el secuestro del ganadero Fidel Zavala, desde el 15 de octubre de 2009 hasta el 17 de enero de 2010, y hasta unas semanas atrás. Esta fue la información dada por el ministro y miembros de la Fiscalía. El principal responsable de la seguridad del Paraguay perdió el rumbo en las investigaciones sobre el EPP, ya que hace unos días atrás dijo que el “ejército” de una docena de hombres está en Pedro Juan Caballero.

Filizzola siempre negó la existencia del EPP como un grupo armado con un objetivo político: el de instaurar un gobierno marxista o de izquierda (1). Luego del asalto del cuartel militar de Tacuati (San Pedro, 1 de enero de 2009) el ministro fue el actor principal de la militarización del norte. Nunca habló de la existencia de células de guerrilleros apoyados por las FARC, pero luego del secuestro de Zavala cambió de discurso.
El ministro socialista, luego de la liberación de Zavala, declaró que los guerrilleros siguen meticulosamente su manual de procedimiento, que fue encontrado supuestamente en la casa de Alejandro Ramos Morel, uno de los prófugos buscados por la Policía.
Esto significa que Filizzola ahora está convencido de que el EPP es un grupo que tiene como ideología la “lucha de clases” marxista y emplea la violencia como método para imponer un nuevo “orden político” en Paraguay. El gobernador Ledesma no se refiere a este grupo en este sentido, ya que solo dice que es un equipo de mafiosos que tiene la inocultable protección de policías y fiscales.
La denuncia de Pakova afecta en forma negativa al corazón del gobierno del presidente Fernando Lugo y Federico Franco. El gobernador se reunió el viernes pasado en San Pedro con integrantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay que visitaron al corresponsal de ABC Color, Cristino Peralta, quien está siendo hostigado por delincuentes de la zona.
El gobernador dijo que está preocupado por la situación de inseguridad de San Pedro y, en especial, por la mala fama que adquirió este departamento con la irrupción del supuesto ejército marxista o de extrema izquierda. Manifestó que la mayoría de la gente de la zona es trabajadora y que solo una pequeño grupo de delincuentes y policías y fiscales que lo apañan espantan a los inversionistas o empresarios. El objetivo político de Pakova es que se instalen en su jurisdicción pequeñas fábricas, pero hasta ahora no pudo llevarlo a la práctica debido a la inseguridad, precisó.

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

(1) Para Filizzola, bandas que operan en el norte no tienen fines políticos

Gobernador asegura que la Policía y la Fiscalía son cómplices de supuestos terroristas del EPP

Por Dionisio Arce Jara (*)

 

Cristino Peralta, José Pakova Ledesma, Amado Espínola, periodista de Cruce Liberación, y Dionisio Arce Jara, secretario de Interior del SPP.

El gobernador del Departamento de San Pedro, José Pakova Ledesma, aseguró que los altos jefes de la Policía Nacional y los miembros de la Fiscalía General del Estado son cómplices y encubridores del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Aclaró que ésta es la razón por la cual la fuerza pública aún no puede capturar a los principales cabecillas de este ejército fantasmal, entre ellos Magna Meza, Osvaldo Villalba Ayala, Gilberto Setrini y Manuel Cristaldo Mieres.

El gobernador hizo estas declaraciones durante un encuentro con miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay en la Radio San Antonio FM de San Pedro. Los directivos del SPP pidieron a las autoridades locales seguridad para Cristino Peralta, corresponsal de ABC Color.

Algunos de los citados supuestos guerrilleros y secuestradores han obtenido mucha fama, aunque mala, gracias a los medios de comunicación, ya que sus rostros están en los medios impresos y televisivos desde el secuestro de María Edith de Debernardi en noviembre de 2001. El gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco confeccionó afiches y preparó un “spot” de televisión con las siglas del EPP: Enemigos del Pueblo Paraguayo.
Preocupado por su imagen

No es la primera vez que Ledesma acusa públicamente a miembros de la Policía y de la Fiscalía sin dar nombres. Reconoció que está preocupado por esta razón, ya que puede afectar a su imagen en forma negativa, aunque precisó que ya lo hizo una vez y tuvo que soportar una querella por difamación y calumnia. Se trata del Crio. Princ. (R) Dionisio Isasio Ginés, quien fue denunciado por el gobernador de apañar a los del EPP en el secuestro de Luis Lindstron. Pakova ganó el pleito y el ex jefe policial no fue investigado.
El gobernador liberal, que no tiene guardia personal, dijo que arriesga su vida con sus denuncias. Recordó que, cuando era comandante de la Policía Nacional Viviano Machado, entregó informes sobre el paradero de Mieres, pero ni los miembros del Ministerio del Interior ni de la Fiscalía movieron un dedo para apresar al delincuente, precisó. Comentó que también había denunciado al Ministerio, con nombres y apellidos, sobre las andanzas de los policías corruptos de San Pedro, pero lo único que obtuvo fue que los mismos fueron luego premiados con ascensos por el ministro Filizzola.

El gobierno de Lugo dispone de cinco mil millones de guaraníes para las personas temerarias que informen al Ministerio del Interior del paradero de los supuestos terroristas. Sin embargo, hasta ahora solo cayeron en las redes de la Policía y de la Fiscalía, como supuestos integrantes del “terrible” ejército, campesinos y dirigentes sociales.

Cree en la honestidad de Filizzola

Pakova aclaró que está convencido de la honestidad de Filizzola, por lo que así éste se salvó de ser también calificado, aunque sea por deducción lógica, de cómplice del EPP. El gobernador sostiene que el ministro está siendo engañado por sus subalternos. Hay que recordar que estos fueron criados y educados bajo la doctrina de la seguridad nacional de la dictadura del finado Gral. Alfredo Stroessner.

La dictadura stronista no solo creó e implementó el método represivo en las investigaciones de hechos punibles, sino que ha generado una cultura de la corrupción. La salida poco decorosa de los dos primeros comandantes de la Policía Nacional de la era de Lugo, Federico Acuña y Viviano Machado, da razón a Pakova, en el sentido de que Filizzola no pudo elegir a los “hombres de caqui” más eficientes y honestos.

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(*) Periodista de ABC Color y Secretario de Interior del SPP.