Miles de funcionarios se concentraron el 17 de junio frente al local de la Secretaría de la Función Pública, sito en la calle Constitución. Irónicamente, la ministra Lilian Soto viola la Carta Magna en este punto de Asunción.
La ministra socialista Lilian Soto ha asegurado, mediante comunicados, que los funcionarios no tienen “derecho adquirido”, pese a lo que establece el artículo 102 de la Constitución Nacional. La misma convenció al "voluble y presionable" Fernando Lugo a vetar la Ley 4003, del 20 de mayo de 2010, que establece la jornada de seis horas diarias para el sector público.
Un comunicado de la Secretaría de la Función Pública del 3 de junio dice que “la instauración de un esquema de privi- legios no contribuye a la construcción de una sociedad justa. El Paraguay ha sufrido funestas consecuencias derivadas de la ausencia de igualdad ante la Ley y es por ello que desde la Secretaría de la Función Pública, en el Gobierno que asumió el 15 de Agosto de 2008, hemos sostenido de un modo firme la necesidad de defender la esencia fundamental de ese derecho”.
La ministra dice que la política de Lugo es establecer en las cláusulas de contrato colectivo “compensaciones” económicas por el aumento de la carga horaria de seis a ocho horas por día. Si los funcionarios no tienen “derechos adquiridos”, ¿por qué el Estado pagará miles de millones de guaraníes al año por el aumento de la jornada laboral?. Los estatales deben así trabajar si o si ocho horas por día sin recibir un solo guaraní extra sobre la base de esta visión seudolegal. El decreto 4484, del 3 de junio de 2010, por el que se vetó la Ley 4003/10, también asegura que habrá compensaciones económicas por trabajar ocho horas por día.
La instauración de un esquema de privilegios no contribuye a la construcción de una sociedad justa. El Paraguay ha sufrido funestas consecuencias derivadas de la ausencia de igualdad ante la Ley y es por ello que desde la Secretaría de la Función Pública, en el Gobierno que asumió el 15 de Agosto de 2008, hemos sostenido de un modo firme la necesidad de defender la esencia fundamental de ese derecho.
En este marco, el proceso de dignificar el trabajo en el Estado sería imposible por la vía de la reducción del horario laboral de 8 a 6 horas diarias porque claramente implicaría andar el camino hacia una indeseada meta de precarización del empleo público, en desmedro de las propias aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras, y también en perjuicio de las demandas ciudadanas de mayor eficiencia en la administración pública.
La Secretaría de la Función Pública promueve que, en los convenios colectivos de condiciones de trabajo se concreten cláusulas que facilitan la regularización de su jornada laboral a 8 horas diarias, con justas compensaciones por el aumento de la carga horaria. Esta política se está siguiendo de un modo progresivo en cada institución estatal, según las disponibilidades presupuestarias.
Asimismo, -a través de los Reglamentos Internos de los organismos y entidades del Estado que homologa y registra- se promueve la conciliación de jornadas laborales diferenciadas para aquellos funcionarios que fueron nombrados durante la vigencia de la Ley Nº 200/70, que no fueron promocionados desde la promulgación de la Ley Nº 1.626/00 y para quienes no sea posible la compensación mencionada.
De igual modo, se encuentra en estudio la posibilidad de incorporación de todo el funcionariado público que falta, al seguro de salud del Instituto de Previsión Social, y para los más de 11 mil funcionarios del ámbito administrativo que aún perciben menos del sueldo mínimo, está prevista la nivelación de sus salarios al mínimo legal, de un modo progresivo en cada institución estatal, según las disponibilidades presupuestarias.
La Misión de la Secretaría de la Función Pública es “formular y garantizar la implementación de políticas para la calidad de la gestión pública y el desarrollo de las personas que trabajan en el Estado, orientadas a su profesionalización para el servicio a la ciudadanía”.
Nuestros mejores esfuerzos se orientan a la eliminación de falencias que aún persisten en el sistema, porque la profundidad y extensión de los rezagos, exigen mucho más de 2 años para superarlos. El rumbo que nos hemos trazado en ese sentido orienta nuestras acciones.
Es así que hemos asumido el compromiso de diseñar y apoyar la implementación de políticas laborales equitativas en el sector estatal, con el esfuerzo de otras carteras de Estado y coherentes con las políticas laborales para el sector privado, enmarcadas en leyes y estimuladas por planes de constante mejoramiento cualitativo de la atención a la ciudadanía en base a la capacitación del funcionariado.
La igualdad de derechos es un factor inspirador positivo de la sociedad por su concomitancia con ideales de libertad, justicia, y bien común. Perseverar en estructuras basadas en privilegios, sólo permitirá la persistencia de discriminaciones descalificadoras perjudiciales para la vigencia de un clima de convivencia ecuánime y armónica.
Por todo lo expuesto, consideramos que la decisión del Presidente de la República de estampar su firma en el veto a la modificación del horario de trabajo en el sector público, está basada en estrictos principios de justicia laboral y social.
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