Ejecución presupuestaria del Indert llegó al 76% de lo autorizado por Hacienda, según funcionaria

Por Dionisio Arce Jara (*)

Carmen Buena (foto), titular de la Dirección Financiera del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), informó que la ejecución presupuestaria de la institución alcanzó el 76 por ciento del plan de gasto real del 2009, que superó 240.000 millones de guaraníes, según plan financiero.
La funcionaria dijo que éste es el monto que finalmente el Ministerio de Hacienda había autorizado al Instituto para ejecutar durante el año pasado, ya que del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, de más de 393.000 millones de guaraníes, se deben descontar 53.000 millones de guaraníes, del recurso del Tesoro Nacional, y 100.000 millones de guaraníes, de un préstamo del Banco Mundial.

Hacienda no permitió al Indert utilizar 53.000 millones de guaraníes para la compra de tierras. Por su parte, el Parlamento Nacional retiró del presupuesto de la entidad 100.000 millones de guaraníes del crédito otorgado por el Banco Mundial, debido a la campaña desatada en contra del proyecto de compra de la propiedad de Ulisses Rodrigues Teixeira.

Reducida ejecución hasta octubre

“La Ejecución Presupuestaria a nivel institucional al 30.09.2009 es de Gs. 83.895.500.357, lo que equivale al 35%. Analizando el Rubro 450 - Tierras, la ejecución al 30.09.09 es de Gs. 65.510.702.951, lo que equivale al 38%”, señala una parte del informe del presidente del Indert, abogado Alberto Alderete, durante la interpelación realizada por la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2009.
El presupuesto aprobado por el Parlamento Nacional para el Indert, ejercicio de 2009, fue de 293.954.487.574 de guaraníes. De este monto se debe restar 53.000 millones de guaraníes que no permitió usar Hacienda. El presupuesto real quedó establecido en 240.954.487.574 de guaraníes.
“En cuanto a la ejecución en concepto de Royaltíes e IMAGRO, también a la fecha mencionada, se ha ejecutado Gs. 4.138.556.528, lo que equivale al 15% y el IMAGRO por su parte, tiene una ejecución de Gs. 3.254.213.820, que equivale al 17%”, según había dicho Alderete en Diputados.

Uno de los motivos de la interpelación de Alderete fue la baja ejecución presupuestaria hasta setiembre de 2009. Sin embargo, la información fue manipulada por legisladores que se oponen a la reforma agraria, en especial por los diputados del Partido Patria Querida, manifestó el renunciante presidente del Indert. El funcionario se salvó del voto de censura (pedido de destitución al Poder Ejecutivo) solo porque los diputados oviedistas y algunos luguistas abandonaron la sesión de Diputados del 5 de noviembre de 2009.
Los fadulistas, en especial los diputados Carlos Soler y Sebastián Acha, dijeron que las inversiones ejecutadas llegaron apenas al 20 por ciento debido a la “inutilidad” de Alderete. Sin embargo, a octubre de 2009, la ejecución alcanzó el 35 por ciento de lo presupuestado, aunque a diciembre del año pasado alcanzó el 76 por ciento, según datos del Indert.
Por otro lado, el Indert tenía un rubro para compras de tierras de más de 172.000 millones de guaraníes, de los cuales había ejecutado 145.000 millones de guaraníes, lo que representa un nivel de ejecución presupuestaria del 84 por ciento, según datos a diciembre de 2009.

(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

Congreso no otorgó G. 100 mil millones para la reforma agraria tras “bombardeo” contra Indert

Por Dionisio Arce Jara (*)

Tras la decisión de la Cámara de Senadores de despojar de 100 mil millones de guaraníes para la compra directa de tierras y expropiaciones, de un crédito otorgado por el Banco Mundial al Paraguay, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), abogado Alberto Alderete (foto), había emitido un comunicado que no tuvo, como es de esperar, repercusión en los grandes medios de comunicación enemigos de la reforma agraria.
“La decisión de la Cámara de Senadores tiene la lamentable consecuencia de privar a miles de familias campesinas del acceso a los alimentos, al trabajo, al desarrollo de su cultura y a una vida digna. El Indert y el gobierno están siendo bombardeados por una campaña que pretende poner en tela de juicio la legalidad y transparencia de sus actuaciones. La agricultura familiar campesina, con su innegable y vigorosa gravitación como singularidad sociocultural, deberá superar la difícil prueba de la supervivencia”, señala el comunicado emitido el 24 de octubre de 2009.

El presidente del Indert manifestó que la “mezquindad y los intereses políticos adversos al anhelado cambio que reclaman el campesinado y la ciudadanía, apuntan a convertir en escombros y dejar en ruinas al Indert y a la reforma agraria”.

A continuación trascribimos el comunicado del Intert:

La decisión de la Cámara de Senadores tiene la lamentable consecuencia de privar a miles de familias campesinas del acceso a los alimentos, al trabajo, al desarrollo de su cultura y a una vida digna, pues, bien sabemos, que dichas familias solo pueden acceder a tales derechos humanos a través de la agricultura, teniendo en cuenta que las ciudades y pueblos no las pueden absorber ni darles trabajo por el alto nivel de desempleo que también padecen.
No hay nada que justifique la decisión de los senadores. Todos los argumentos esgrimidos por los que votaron la resolución no tienen un fundamento racional, ya que esos recursos no estaban atados a la compra de las tierras de Paso Kurusu. El dinero podía utilizarse para comprar tierras o pagar expropiaciones en cualquier departamento del país que, mediante una asistencia integral a través de la CEPRA a miles de familias, iba a posibilitar el acceso al desarrollo económico, social, cultural y político, creando comunidades desarrolladas.

Fantasmas instalados en algunos medios

El Indert y el gobierno están siendo bombardeados por una campaña que pretende poner en tela de juicio la legalidad y transparencia de sus actuaciones, pero son más preocupantes aún ciertos fantasmas instalados en algunos medios, que hacen gala de impune abuso y manoseo en perjuicio de personas e instituciones, sin el mínimo derecho al cotejo de fuentes. Por citar solo dos anécdotas últimas, mintieron abiertamente acerca de que el Indert omitió el cumplimiento de la Ley de Contrataciones (cuando el procedimiento de adquisición ni siquiera había tenido inicio) y que el tasador del MOPC sigue figurando en plantilla del Indert (cuando el mismo es jubilado del ente agrario desde 1999 y acaba de cobrar un saldo por un trabajo puntual que se le adeudaba desde 2007). ¿Tenemos garantías de equidad cuando todo vale? (1).
Determinados sectores no quieren que el Indert expropie tierras, pero tampoco desean, ni siquiera, que se recuperen tierras fiscales o lotes adjudicados en situación irregular. Entonces ¿cuál es el destino que quieren darle a los miles de pequeños agricultores que necesitan de la tierra y de una agricultura rentable y sostenible, en forma vital para tener acceso a los alimentos, a la vivienda, al agua y al trabajo; en resumen, a la vida misma?.
La agricultura familiar campesina, con su innegable y vigorosa gravitación como singularidad sociocultural, deberá superar la difícil prueba de la supervivencia, testimoniando que es una alternativa absolutamente válida e inexcusable para el desarrollo, en un país con vocación agraria, con más del 40% de su población asentada en el medio rural, resistiendo a presiones internas y externas de desarraigo.

Inversión social de los Mennonitas

La reforma agraria basada en la agricultura familiar campesina y comunitaria es necesaria para los propios beneficiarios y es vital para todo el país, pues los pequeños agricultores son los que producen los alimentos que consumimos a diario.
Si la gran inversión social realizada por colonias mennonitas ha frenado fehacientemente la inseguridad en torno a sus tierras, lo mismo espera lograr el gobierno a través de la CEPRA, invirtiendo en los asentamientos miserables para que las familias asentadas tengan alguna vez la oportunidad de ver a sus hijos educarse, con salud y oportunidades, como tienen nuestros hijos en las ciudades.
El Indert integra el gran proyecto social del gobierno que busca sacar de la miseria y de la pobreza a cientos de miles de compatriotas y, aún golpeado y arrinconado, seguirá luchando por una reforma agraria integral. A pesar de todo.

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

(1) El abogado Alberto Alderete se refiere al diario ABC Color

Titular del Indert dice que sojeros desean tierras de Teixeira para la agricultura mecanizada

Por Dionisio Arce Jara (*)

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), abogado Alberto Alderete, está convencido de que detrás de la campaña contra el proyecto de compra de las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira están los intereses personales de poderosos terratenientes, ganaderos afiliados a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y empresarios sojeros agluti- nados en varios gremios que no quieren la reforma agraria.

Alderete, quien había renunciado al cargo el 25 de febrero porque supuestamente estaba estresado, no identificó a los empresarios interesados en la propiedad de Teixeira, pero dio a entender que la feroz campaña mediática contra el gobierno de Fernando Lugo no es por una cuestión patriótica. Todo lo contrario, el objetivo de los enemigos de la reforma agraria es evitar que las grandes extensiones de tierras, como la del empresario brasileño, pasen a manos de los campesinos.

Aseguró que algunos empresarios y cierto sector del Parlamento Nacional, como el Partido Patria Querida, desean que la propiedad de Teixeira quede en poder de empresas para implantar en la zona la agricultura mecanizada. Alderete también dio a entender que esta idea subyace de los ataques de políticos y empresarios contra su gestión y en los artículos de ABC Color, que no paró un solo día de criticarlo desde el 8 de octubre de 2009 (1), día en que estaba siendo interpelado por la Cámara de Diputados, hasta enero de 2010.

Sistema cooperativo en tierras de Teixeira

El gobierno de Fernando Lugo tenía previsto establecer en las tierras del brasileño Teixeira un modelo cooperativo para la producción pecuaria, según el abogado Alderete Prieto.
El proyecto de compra de las tierras de Teixeira está por ahora “congelado” debido a la denuncia de supuesta estafa hecha ante la Fiscalía General del Estado por los diputados Carlos María Soler y Sebastián Acha, del derechista Partido Patria Querida.
Alderete dijo que en las tierras de Teixeira se previó instalar el área comunitaria de los campesinos en un solo lugar, como viviendas, hospitales, escuelas, colegios, servicios de electricidad y agua corriente. La colonia agrícola debe tener un sistema de producción diversificado de acuerdo a la calidad del suelo. En cuanto a los bosques vírgenes del inmueble, de unos 15.000 de las más de 21.000 hectáreas del inmueble, el presidente del Indert había dicho a los diputados que tenía pensado mantener el medio ambiente nativo. Sin embargo, aclaró que mediante un sistema de educación colectiva se podría permitir a los tenedores de las tierras a explotar el monte en forma racional; es decir, permitir la extracción de árboles maduros y al mismo tiempo realizar una sistemática reforestación para reserva del futuro.

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

(1) Indert condena a muerte 15.000 Ha. de bosques

Indert entregó más de 1.700 títulos de tierras y compró propiedades por G. 37.000 millones

Por Dionisio Arce Jara (*)

“Constatamos que el proceso de adjudicación y titulación de tierras estaba basado en un sistema de gestión corrupto y clientelista, orientado a distribuir tierras de manera indiscriminada –y no necesariamente a sujetos del Estatuto Agrario-, en un esquema populista cuyo único objetivo era sostener ante la opinión pública que se habían distribuido miles de hectáreas en un determinado plazo. Quedaba claro que lo importante, en el criterio de las anteriores gestiones, era cuántas hectáreas se habían entregado y, no precisamente a quiénes, para qué y de qué modo”, señala el segundo párrafo de la respuesta entregada por el abogado Alberto Alderete Prieto, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a la Cámara de Diputados durante su interpelación el 8 de octubre de 2009.

“En el afán de intervenir en ese sistema para corregirlo, se inició un trabajo de observación minucioso que permitió detectar la existencia de miles de expedientes con innumerables irregularidades. Las anomalías estaban presentes desde el primer paso del proceso, esto es, desde la misma solicitud de compra del beneficiario y el posterior informe del Indert sobre la ocupación de la tierra, vivienda, cultivos y otros datos obligatorios establecidos. Es así que los funcionarios del Indert responsables de realizar falseaban los datos del solicitante del lote para disfrazarlo de sujeto del Estatuto Agrario. Estas maniobras ilegales beneficiaron a comerciantes, profesionales independientes, funcionarios públicos y otras personas, en detrimento de campesinos y campesinas de nuestro país”, según Alderete.

El renunciante presidente del Indert dijo que, del 16 de agosto de 2008 al 7 de octubre de 2009, la institución entregó a familias campesinas “1.762 títulos, lo que equivale a cuatro títulos por día”. El funcionario también reveló que durante este lapso el Instituto compró tierras, a precio de mercado, por más de 37.700 millones de guaraníes. Además, compró inmuebles que estaban en poder del Banco Nacional de Fomento por más de 4.600 millones de guaraníes. En el momento de la interpelación, el Instituto estaba gestionando la compra por la vía de excepción (sin licitación pública) inmuebles por más de 2.000 millones de guaraníes. A esto se debe sumar las tierras compradas mediante este mecanismo administrativo, en diciembre de 2009, por más de 18.000 mil millones de guaraníes.

Defendió labor del CEPRA

Otra parte de la defensa de Alderete se refiere a la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), creada por Decreto Nº 838/08 del Poder Ejecutivo. El funcionario dijo que los objetivos de este sistema de trabajo son:  “coordinar y promover el desarrollo económico y social político y cultural, impulsar la gestión de las políticas publicas en relación a los asentamientos creados y a contribuir al logro de la Reforma Agraria (art.2º). El INDERT es la Institución responsable de la coordinación para la ejecución de los trabajos y proyectos de campo, para lo cual cuenta con el apoyo de otras instituciones publicas, como Ministerios y Entes Descentralizados”.

“A partir de su creación, se ha trabajado directamente en el terreno a fin de realizar un diagnostico y relevamiento de la situación de aquellas comunidades con mayores deficiencias en cuanto a necesidades básicas insatisfechas, para lo cual se conformaron equipos técnicos multidisciplinarios e interinstitucionales que en forma conjunta recorrieron cada uno de los lugares identificados inicialmente”, según Alderete.

“Ante este nuevo escenario se ha optado por dotar de mayores recursos a los proyectos de asistencia y apoyo para el arraigo, a través de proyectos integrales de asistencia a los pequeños productores, que consisten básicamente en la provisión de insumos para consumo y producción, y el apoyo de técnicos promotores de desarrollo, tanto para la producción como para el fortalecimiento de las organizaciones campesinas con apoyo de autoridades locales (Municipios y Gobernaciones), a fin de lograr la sostenibilidad y compromiso por parte de los beneficiarios futuros. Este proyecto tiene un horizonte de desarrollo de 5 años”, según el documento que había presentado el titular del Indert a Diputados (1).

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(*) Periodista del diario ABC Color y secretario de Interior del SPP

(1) Nota del abogado Alberto Alderete entregada a la Cámara de Diputados en respuesta a la preguntas de la interpelación del 8 de octubre de 2009.

Sindicato pidió a viceministro se brinde seguridad a periodista de radio de Alto Verá

Dionisio Arce Jara (izq.), Vicente Páez Chávez, Pedro Benítez y el viceministro Carmelo Caballero.

Miembros de la comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay se reunieron hoy con el viceministro de Seguridad Interna, abogado Carmelo Caballero, para solicitar seguridad para José María Martínez, periodista de la radio La Voz de Alto Verá, de Itapúa.
El colega itapuense presentó una denuncia el lunes 8 de marzo ante la Fiscalía General del Estado contra un poblador de Alto Verá identificado como Milciades Atienza.

La denuncia señala que, en el momento en que Martínez estaba realizando comentarios en contra de la administración municipal, llamó a la radio 99.3 FM el citado Atienza para amenazar de muerte al comunicador. El denunciado es un allegado a las autoridades municipales, según se informó.
Estuvieron con el viceministro, Pedro Benítez Aldana, secretario general adjunto del SPP; Dionisio Arce Jara, secretario de Interior, y Vicente Páez Chávez, secretario de Finanzas.
Cabe recordar que anteriormente fueron blanco de ataques y amenazas los periodistas radiales Cándido Gómez y Nelson Gómez, también de Alto Verá. El SPP repudió la nueva amenaza contra los trabajadores de la comunicación y en la fecha solicitó al viceministro Caballero para que se brinde seguridad a Martínez.
El alto funcionario del Ministerio del Interior dijo que tomará cartas en el asunto, en el sentido de que dará instrucciones a los jefes de la Policía Nacional de Alto Verá para proteger al trabajador de prensa.

Caso periodista de Capiibary

Los miembros de la comisión directiva del SPP también aprovecharon la entrevista para señalar a Caballero que continúa en un estado de inseguridad el periodista Alberto Núñez Barreto, corresponsal del diario La Nación de Capiibary (San Pedro).
Benítez Aldana informó al viceministro que los policías de la zona se niegan a dar protección al colega porque tienen un sentimiento de resquemor en su contra debido a las denuncias que hace contra ciertos miembros de la Policía Nacional. El representante del gobierno de Fernando Lugo dijo que ordenará una evaluación del trabajo de los miembros de la Comisaría de Capiibary en este caso particular.
Caballero informó que dentro de unas semanas terminará el sumario administrativo que se ordenó contra el suboficial mayor Rubén Darío Quintana y el suboficial 2o. Juan Carlos López García. Estos fueron denunciados por Núñez Barreto por “omisión de auxilio”, ya que no impidieron la golpiza que había recibido por parte de una turba en noche del 1 de enero de 2010.
Los miembros del SPP también recordaron al viceministro que el colega de Capiibary también viene siendo amenazado por miembros de una “comisión garrote”. Caballero dijo que el Ministerio no permitirá la aparición de grupos armados, pero si comisiones de vecinos que ayuden a la policía local.

Fiscalía de Capiibary no investiga a garroteros que amenazan a periodista de La Nación

El Intendente Juan Cuenca Castillo (izq.). Aparece también Diana Vargas. Abajo: Rigoberto González (izq.) e Idalino Frutos, agredidos por los garroteros.

La Fiscalía General de Capiibary, Departamento de San Pedro, no está investigando a los integrantes de un grupo parapolicial que está provocando miedo entre los pobladores debido a la impunidad con que se mueven en la zona. El periodista del diario La Nación, Alberto Núñez Barreto, ha denunciado a los cabecillas del grupo de garroteros, debido a ello fue amenazado en varias ocasiones.

La fiscala Nimia Avalos no ha llamado siquiera a prestar declaración informativa a los supuestos garroteros, que estaría encabezado por Bruno César Benítez, de acuerdo a denuncias publicadas por el corresponsal. Hay que recordar que el 10 de marzo se realizó una reunión pública, convocada por la “comisión garrote”, con el único objetivo de presionar a Núñez Barreto a dar explicaciones sobre sus supuestas denuncias falsas sobre agresiones sufridas por campesinos.
Una nota del corresponsal del diario La Nación del 4 de marzo pasado dice: “Comisión Garrote amedrenta a los pobladores de la zona de Capiibary”. El periodista informó que “los miembros de esta agrupación realizaron un aparatoso allanamiento que tenía como objetivo detener a un joven e incautar de una motocicleta que ni siquiera fue denunciada como robada. De acuerdo informes, los civiles armados estaban vestidos con uniforme camuflado de uso militar y portaban potentes armas. El detenido (Juan Caballero Matto) afirmó que fue golpeado y ahora está internado”.
“Joven de 18 años denuncia a “comisión garrote” de Capiibary por brutal golpiza”, señala el diario La Nación en su edición digital del 8 de marzo de este año, según nota enviada por el corresponsal.
“Las denuncias contra la “comisión garrote” siguen imparables en Capiibary. Esta mañana, un joven de 18 años, se presentó ante el Ministerio Público de esta ciudad a cargo de la agente Nimia Ávalos, para acusar al grupo armado por haberlo sometido a brutales torturas en una escuela de un asentamiento de este municipio”, según el corresponsal.
El 10 de marzo, el diario La Nación dice: “Víctimas de “comisión garrote” de Capiibary destacan brutalidad del grupo”. Los supuestos líderes de este grupo, Bruno César Benítez y Gregorio Ríos, acusaron al corresponsal, durante la reunión en aquel día, de haber supuestamente exigido coimas a los civiles armados a cambio de dejar de publicar sus actos ilícitos.

Las víctimas de los garroteros, según Núñez Barreto, son: Martiniano Gamarra Matto, 30 años; Idalino Frutos, 28 años; Rigoberto González Ríos, 18 años; Rodolfo Valdez Gavilán, 23 años y Brígida Riquelme Esquivel, 38 años.

Complicidad de las autoridades

No solo la fiscala de Capiibary es cómplice y encubridora del grupo parapolicial, sino las autoridades de la Municipalidad local y de la Gobernación del Departamento de San Pedro. Núñez Barreto señala en sus denuncias que el intendente de esta ciudad, Juan Cuenca Castillo, y su esposa Mabel Garcete de Cuenca, concejala departamental, organizaron la reunión del 10 de marzo para repudiar su labor periodística y apoyar a los garroteros.
En la reunión estuvieron Diana Vargas, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y Pedro Arturo Santacruz, funcionario de esta institución. No es claro la labor de estos funcionarios al dialogar con las autoridades que apoyan a los garroteros. El ministro Rafael Filizzola no exige a la Fiscalía investigar al grupo armado.
La comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay está preocupada por este hecho porque el corresponsal viene siendo hostigado en forma permanente por el grupo parapolicial. Los garroteros se sienten poderosos debido al apoyo tácito que reciben de la fiscala Avalos y de la coordinadora fiscal de San Juan Bautista, Lilian Ruiz.

 

Rigoberto González, de 18 años, muestra las huellas de los golpes que recibió por parte de garroteros protegidos por la fiscala Nimia Avalos de Capiibary y policías de la zona.

Radio San Roque de Ayolas despide a periodista

Fernando Lugo y el monseñor Melanio Medina en setiembre de 2008, en Misiones (foto de APC).

El Sindicato de Periodistas del Paraguay denuncia el despido del periodista Gabriel Bustamante de Radio San Roque González de Ayolas. El colega se desempeñaba como cronista de un programa periodístico mañanero denominado “Al Día”, conducido por William Aquino, corresponsal del Diario ABC Color en esta ciudad.

Bustamante realizaba también programas deportivos y transmisiones de partidos de fútbol, con el sistema de espacios comprados. Ante esta situación, el secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana, conversó con el Obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, Monseñor Mario Melanio Medina, quien es el responsable de la emisora, ya que pertenece a la Iglesia Católica. Sin embargo, aseguró que no puede hacer nada a favor del colega despedido porque la radio está “tercerizada”, por lo que es responsabilidad de la empresa adjudicataria.
Benítez Aldana viajó hasta Ayolas para entrevistarse con uno de los responsables de la emisora, Gabriel Alfonso, quien informó sobre la negativa de la empresa en admitir nuevamente a Bustamante. De esta forma, el SPP tiene vía libre para recurrir a las instancias legales correspondientes para hacer valer los derechos del trabajador, principalmente, para percibir sus haberes por un despido injustificado.

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La Jerarquía de la Iglesia no pone condiciones

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Sobre el caso Bustamante podemos deducir lo siguiente: la jerarquía de la Iglesia Católica paraguaya no fijó condiciones a los arrendatarios de la radio, en el sentido de exigencias éticas, profesionales e, inclusive, de programación. Es decir, el monseñor Medina o el apoderado legal de la licencia dada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), no estableció ninguna regla básica de conducta periodística a los empresarios, entre ellos Alfonso.
A fin de evitar lamentables casos como el de Bustamante, quien ni siquiera puede ser defendido por los verdaderos dueños de la radio San Roque González, se hubiera establecido en el acuerdo de arrendamiento una exigencia de la Iglesia Católica para que la empresa respete la libertad de expresión y de prensa, consagrada en la Constitución Nacional, el cumplimiento de las normas laborales y del seguro social obligatorio.
De acuerdo a informes que recibió el SPP, el colega despedido ni siquiera estaba siendo tenido en cuenta como parte del “staff” periodístico permanente de la radio San Roque González, ya que dependía de los caprichos de los conductores que compran espacios periodísticos.
La Diócesis de Misiones y Ñeembucú es tenedora de un permiso de uso legal del espectro radioeléctrico por parte de CONATEL. Esto es una práctica muy extendida en nuestro país. El SPP considera que es irregular, ya que los verdaderos dueños de la licencia de la emisora no se hacen responsables de las programaciones ni mucho menos del respeto a la Constitución y a las leyes laborales y del Instituto de Previsión Social (IPS).
Otro aspecto llamativo de la Radio San Roque González es que la Diócesis de Misiones y Ñeembucú no tiene el más mínimo control de la programación, que debe ser una tarea primordial para el monseñor Medina porque la emisora debe seguir las pautas éticas de la Iglesia Católica en cuanto al valor social de los medios masivos. Por esta razón los arrendatarios de la radio pueden contratar y despedir periodistas de acuerdo a sus intereses comerciales.

Sindicato condena cierre de programas de canal 7 y de radio FM de San Juan Bautista

Francisco Gómez de la Fuente (izq.), Claudia Páez, Luis Horacio Fernández y Pedro Benítez Aldana, en San Juan Bautista Misiones.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) repudia y condena los graves atropellos contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión cometidos por el presidente de la Cooperativa San Juan Bautista de las Misiones, Sabino Acosta, y la dueña de Radio San Juan FM, Ana Gadea.

En el primer caso, se suspendió un programa emitido vía cable en el canal 7 TV, de la Cooperativa San Juan Bautista. Acosta levantó el programa en vivo “Cooperativismo Hoy”, conducido por Francisco Gómez de la Fuente, porque no le gustó la persona invitada para una entrevista.
La Cooperativa San Juan Bautista es propietaria del Canal de Cable (TV 7) y Sabino Acosta es el presidente de la institución. Gómez de la Fuente quedó sorprendido por lo que consideró “una decisión inédita” en su carrera profesional. Aseguró además que se trata de la violación de un contrato firmado por las partes con vigencia actual.
En el segundo caso, la propietaria de radio San Juan FM, Ana Gadea, levantó el programa radial ”sin límites ni censura” porque, supuestamente, no le gustaba el estilo periodístico de los conductores.
Los conductores del programa radial, Claudia Elisa Páez y Luis H. Fernández, quedaron sin trabajo, pese a tener contrato hasta el 18 de julio. Fernández dijo que la dueña de la radio levantó el programa “porque criticaron a políticos y dirigentes cooperativistas” y porque “se abusaba de la libre expresión”.
Tanto a Acosta como a Gadea no les importaron el contrato en vigencia y en ambos casos se transgredió el artículo 26 de la Constitución Nacional que garantiza La Libertad de Expresión y de Prensa. Estos hechos nos retrotraen a la oscura y sanguinaria época de la dictadura de Alfredo Stroessner cuando los gobernantes, ejerciendo un poder autoritario, censuraban a los medios de comunicación y a los periodistas.
En los casos de Canal 7 TV y Radio San Juan FM ocurrió igual, pues sin disimulo alguno se ejerció una inaceptable y repudiable censura tan solo porque un supuesto adversario político fue entrevistado.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay no cesará en su afán de hacer respetar la libertad de expresión y los derechos del trabajador. Para este efecto recurrirá a las instancias gubernamentales que correspondan.
En este sentido, el SPP presentará protestas ante organismos nacionales e internacionales para hacer respetar los derechos de los periodistas que garantiza el artículo 26 de la Constitución Nacional, como así también el derecho al trabajo.
El Secretario General del SPP, Pedro Benítez Aldana, estuvo presente en la ciudad de San Juan Bautista para solidarizarse con los compañeros periodistas Francisco Gómez de la Fuente, Luis Horacio Fernández y Claudia Páez.
El Artículo 26 de la Constitución, de la libertad de expresión y de prensa, determina: Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.

Sindicato se solidariza con periodista de Radio Yuty querellado por un candidato a intendente

Esta es la denuncia del periodista César Ferreira y que fuera publicada por el diario ABC Color el 17 de febrero de 2010.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresa su solidaridad con el periodista César Ferreira, de Radio Yuty, del Departamento de Caazapá, por la amenaza y acción judicial (difamación y calumnia) que está soportando por parte de un político del lugar, debido un sondeo de opinión que había realizado sobre los futuros candidatos a Intendente de la ciudad.

Entre los nombres mencionados por la audiencia figuraba como principal candidato el del Abogado Benjamín Adaro, quien se sintió “manoseado” porque su nombre apareció en la encuesta telefónica. Recurrió inclusive a los estrados judiciales en contra de Ferreira y el martes 23 se realizará la audiencia de conciliación en el juzgado civil de Caazapá. El SPP seguirá de cerca este caso porque considera que es otro grave atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Adaro llamó a Ferreira pidiéndole que borre su nombre de la lista de candidatos y, si no lo hacía, “verá la forma de hacerlo”. El periodista le explicó que era solo un sondeo realizado por iniciativa de la gente, sin buscar herir a nadie y que proseguirá con este tipo de programa.

Posteriormente, Ferreira se comunicó con los principales directivos del SPP, explicando la situación y mencionando que Adaro no cesó en sus amenazas. Nuestra organización, que agrupa a periodistas de todo el país, tiene la obligación de respaldar a los compañeros que realizan actividades informativas de interés para la ciudadanía. Por esta circunstancia, expresamos nuestra solidaridad con el compañero César Ferreira.
El diario ABC Color, versión digital del 17 de febrero de 2010, informó sobre la denuncia realizada por Ferreira bajo el titulo: Político colorado amenaza con "destrozar" a locutor. “Si volvés a mencionar mi nombre y te encuentro por la calle te voy a destrozar me dijo", había dicho Adaro al periodista cuando éste se negó a acatar su exigencia. Esta es la versión difundida por el diario y que sirvió base para que el candidato a Intendente presente una querella criminal.

Sobre el caso, la comisión directiva del SPP señala que la libertad de expresión, el derecho a informarse (de la ciudadanía) y la libertad del ejercicio del periodismo están garantizados por los artículos 26, 28 y 29 de la Constitución Nacional y nadie podrá coartar impunemente el ejercicio de estos derechos.
Adaro pretendió presionar al periodista para que no ejerza su derecho a la libertad de expresión y, por ende, para que los ciudadanos no reciban información sobre la calidad humana, intelectual y perfil político de los candidatos a Intendente. El caso es que Ferreira no podía excluir del sondeo al seccionalero porque, de hecho, implica anular esta iniciativa periodística que es común durante las campañas electorales.
El político colorado, con la presión manifestada contra el periodista y ahora con su querella criminal, está atentando contra artículos de la Constitución Nacional. 
A continuación transcribimos el mandato de la Carta Magna.

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Artículo 26 - DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa.
Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.

Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.
Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios.

Artículo 29 - DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.
El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.

Masacre de Caaguazú, apuntes contra la amnesia selectiva

Por Nemesio Barreto Monzón (*)

Se cumple hoy 30 años de una de las masacres más terribles perpetradas du- rante la prolongada dictadura de Stroessner. Pero pese al tiempo transcurrido, este caso sigue en la total impunidad. Parece ser que a la Justicia paraguaya se le perdió la vara. La masacre es conocida como el “Caso Caaguazú”. Fue probablemente la represión más emblemática emprendida por el dictador Stroessner y sus sicarios contra el “comunismo apátrida y ateo” (1).

Todo comenzó cuando un grupo de campesinos de la Colonia Nueva Esperanza (Acaray-mí) fueron desplazados de sus tierras por la señora Olga Mendoza, esposa del general Ramos Giménez. En la madrugada del sábado 8 de marzo de 1980, en el kilómetro 37 de la Ruta Internacional, un grupo de 12 campesinos abordó un ómnibus de la Empresa “Rápido Caaguazú” para viajar a Asunción. En aquella represión de campesinos de Alto Paraná, pertenecientes a las Ligas Agrarias Cristianas, participaron militares, policías  y milicianos del partido colorado. Esta desgarradora historia fue internacionalmente conocida, en parte por la prensa extranjera pero sobre todo por el libro "En busca de la Tierra sin mal" (2).
Pasaron 30 años sin que las autoridades competentes se preocuparan seriamente de castigar a los responsables de aquella brutal represión ni siquiera por saber dónde están los cadáveres de los 10 desaparecidos, enterrados en una fosa común. Los nombres de las víctimas merecen ser recordados: Adolfo César Brítez, Gumersindo Brítez Coronel, Fulgencio Castillo Uliambre, Concepción González, Federico Gutiérrez, Reinaldo Gutiérrez, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Estanislao Sotelo y Feliciano Verdún. Los asesinos siguen impunes hasta la fecha de hoy.
No obstante el tiempo transcurrido, y gracias a la solidaridad de la gente, se ha podido averiguar algunos nombres de los responsables de aquel macabro festín en el que participaron civiles, policías y militares de las “gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación”. Uno de los responsables es el ya fallecido ex Delegado de Caaguazú, Dr. Jorge Sebastián Miranda, quien quedó el descubierto en septiembre de 1993, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (3).
Existen otros responsables de aquella masacre que a modo de ejemplo merecen ser conocidos y sometidos a proceso penal, como Camilo Almada Morel, el entonces mayor Sixto Benítez Coronel y el general (SR) Carlos Alberto Ayala González, ex Secretario Ejecutivo de la SENAD (1997-1998). Conforme a la Nota Nº 37/81, firmada por el general Bernardino Valoy Arza, en marzo de 1980, el entonces teniente coronel Carlos Alberto Ayala González, era comandante de la Segunda División de Infantería (con sede en Villarrica) y jefe de operaciones de la masacre de campesinos de Caaguazú. Se presume que Ayala González fue auto herido. Cierto o no, existe un certificado médico expedido por el Dr. Victoriano Santacruz Martínez en fecha 11 de marzo de 1980.  Ayala González actuaba en coordinación permanente con el Jefe de Inteligencia Militar, Benito Guanes Serrano, y Pastor Coronel. Asimismo, y según informes de sus ex comandados, Ayala González es el que conoce dónde fueron enterrados los campesinos asesinados. Pero la justicia nunca actuó, ya sea porque ella depende de quién es el que comete el crimen y quiénes son  las víctimas, o porque aplica textualmente el viejo consejo de Don Quijote: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dadiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algun pleyto de algun tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria, y ponlas en la verdad del caso”. (Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quixote de la mancha).
Dos de los sobrevivientes de aquella masacre, Apolonia Flores y Victoriano Centurión, denunciaron a los verdugos en todas las instancias pero sin ningún resultado; algunos de los responsables ya fallecieron, mientras que otros viven tranquilamente en confortables mansiones. Apolonia Flores Rotela tenía 12 años en la época en que ocurrieron los hechos, recibió dos balazos en el muslo y pasó seis meses en la prisión de mujeres “Casa del Buen Pastor” (Archivo del terror. Microfilm Nº 00018F 0352 y 00018F 0353).  Apolonia era menor de edad, hablaba sólo guaraní  y nunca había ido a una escuela. Sin embargo, fue procesada como “subversiva”  por el entonces Juez José Francisco Appleyard, quien años después fue abogado defensor del general Lino Oviedo.

En tanto que Victoriano Centurión, logró escapar de las fuerzas represivas, asilándose en la Embajada de Panamá. Victoriano Centurión, un carismático líder campesino, era conocido como “Vitó” o como el “profeta Centú”. El libro “En busca de la tierra sin mal” (Pág. 78) dice que “Era un pequeño comerciante de Caaguazú, que conoció a través de un cursillo a las Ligas Agrarias, ya por 1970. Si la meta era vivir como hermanos, Centú quiso practicarlo enseguida. Por eso dejó de ser comerciante y repartió la mercadería de su almacén entre los vecinos organizados. Desalambró sus propias tierras y las de sus vecinos y lo pusieron todo en común. A raíz de este hecho y por sus palabras que denunciaban las injusticias sin miedo y ante cualquier autoridad, los campesinos organizados le fueron teniendo suma confianza. Otro factor que aumentó su prestigio fue su conocimiento de la medicina natural”. Centú, como se le conoce, mítico líder de las Ligas Agrarias Cristianas, sobrevivió a la “Masacre de Caaguazú”, vivió 10 años en Venezuela. De regreso a Paraguay, Centurión se estableció nuevamente en el campo, dedicándose al cultivo de autoconsumo. Hoy, casi octogenario, es el líder campesino paraguayo más respetado. Pese a los muchos ofrecimientos, nunca se vendió. Las veces que le hicieron alguna oferta, respondía con un argumento inapelable: “Si hubiera querido ser un hombre rico, no hubiera desalambrado mis tierras, hubiera seguido explotando a mis hermanos campesinos”.
Finalmente, es de esperar que la fiscal Sandra Quiñones, que en los últimos años ha ganado experiencia en el rubro de secuestros, tome también este caso. Si no lo hace, por alguna razón valedera, podría pensarse que ella sólo se ocupa de “ricos y famosos” y no de gente con menor ingreso relativo (léase: pobres).

Notas:

1. "Las verdades anticomunistas de hoy" y “Estudiando Felices sin Comunismo” (editados por el Ministerio de Educación y Culto en 1977), eran dos folletos que los alumnos estudiaban en las escuelas y en los seminarios de la Junta de Gobierno del Partido Colorado (ANR). El entonces ministro Raúl Peña decía que “el Ministerio de Educación y Culto tiene la firme convicción de que a través de este Manual se combatirá con éxito al enemigo común de los sagrados valores de nuestra Patria y de nuestra civilización cristiana y democrática”. Muchos “gorilas” de hoy templaron su espíritu anticomunista en aquellas clases “magistrales” del fascismo paraguayo.

2. En busca de la Tierra sin mal.  Indo American Press Service, Bogotá, mayo de 1982. (Con prólogo del Monseñor Pedro Casaldáliga).

3. Véase Nota Nº 32 de la Cámara de Diputados dirigida al Fiscal General del Estado, Dr. Luis Escobar Faella (firmada entre otros por el actual senador Blas Llano).

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(*) Periodista independiente. Vivió en el exilio en Suecia en la década de 1980. Actualmente trabaja como traductor de lenguas nórdicas. “Las relaciones sueco-brasileñas en el siglo XIX” (Traducción, 1989). y “Días sangrientos en Paraguay” (Traducción, 1996). Autor de “Paraguay y sus vínculos con Suecia” (1992) y diversas monografías: “Documentos de la Emperatriz Amalia (1988), “Periodismo y Servilismo” (2003), “La CIA en Paraguay” (2006).