"El EPP mata a cinco militares en Arroyito", informó el diario ABC Color Digital el 27 de agosto de 2016, tan solo media hora después del atentado. El periodista Hugo Pereira (foto) dice que Aldo Zuccolillo es uno de los directores de medios que inventan terroristas para defender sus agronegocios.
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El experiodista de Canal 9, Hugo Pereira, realizó un nuevo análisis de la actividad criminal de la supuesta guerrilla marxista llamada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que está formada por jóvenes campesinos de los departamentos de Concepción y San Pedro. En la fecha se cumple ocho días del cruel asesinato de ocho militares en Arroyito (Horqueta, Concepción). El atentado criminal se produjo aproximadamente a las 9:00 AM del 27 de agosto de 2016. Minutos después del atentado la mayoría de las radios y medios digitales responsabilizaron al EPP, entre ellos ABC Digital. La certeza en atribuir el hecho a este grupo criminal llevó de nuevo al colega a escribir un artículo titulado el “fantasma de los grandes medios de comunicación que mata y justifica la represión campesina”.
Pereira califica como “asesinos de escritorio” a aquellos directores de medios y periodistas que no dudan de la existencia real de este grupo armado, formado en el siglo XXI con ideología de los guerrilleros de los años '60 y '70. El periodista dice que en realidad los asesinos son paramilitares entrenados y pagados posiblemente por narcosojeros y narcoganaderos. El objetivo de la masacre, por lo tanto, es culpar del hecho a los campesinos, supuestos protectores de guerrilleros de izquierda.
Pereira califica como “asesinos de escritorio” a aquellos directores de medios y periodistas que no dudan de la existencia real de este grupo armado, formado en el siglo XXI con ideología de los guerrilleros de los años '60 y '70. El periodista dice que en realidad los asesinos son paramilitares entrenados y pagados posiblemente por narcosojeros y narcoganaderos. El objetivo de la masacre, por lo tanto, es culpar del hecho a los campesinos, supuestos protectores de guerrilleros de izquierda.
La expresión “asesinos de escritorio” es atribuida a Kurt Tucholsky, periodista antimilitarista alemán que nació el 9 de enero de 1890 y murió el 21 de diciembre de 1935, por Juan Carlos Monedero (politólogo español). Esta es la versión de Pereira en su análisis del atentado que costó la vida a ocho militares y el papel de los medios de comunicación de Paraguay. Tucholsky había hecho una feroz crítica a los medios de prensa de su época al decir que “el periodismo es el tejido de mentiras más complejo que jamás se haya inventado”. Otro comentario del alemán dice: “Los esfuerzos de todos los profesionales de la prensa van dirigidos a utilizar todos los medios técnicos y organizativos a su alcance para construir una reproducción que tome un cariz de verdad para el público, pero sin que por ello queden en entredicho los intereses de los clientes, de la industria o de los partidos políticos”.
La idea del antimilitarista alemán es que muchos medios y periodistas realizan un lavado de cerebro de la gente para que acepten la política represiva del régimen o gobierno de turno en contra de un sector de la población, como el caso de la propaganda Nazi contra los judíos. Joseph Goebbels, ministro encargado de la propaganda del gobierno de Adolf Hitler, decía: “miente, miente, que algo quedará; cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Pereira viene sosteniendo, desde el primer atentado atribuido al EPP contra la Estancia Santa Herminia (marzo de 2008), que los medios empresariales copian la receta de Goebbels para sostener que existe en Paraguay una guerrilla marxista. Por eso califica a los directores de medios y periodistas como “asesinos de escritorio”, ya que su papel es justificar la aniquilación de supuestos soldados del EPP y del ACA por parte de militares y policías.
Por su parte, el exasesor de Inteligencia del Ministerio del Interior, José María Amarilla, plantea una hipótesis poco creíble y antojadiza sobre la aparición del grupo criminal. Asegura que es una “guerrilla tardía” debido a que el Paraguay es un país mediterráneo. El autor de la nota, publicada en la web www.nodal.am, es sociólogo y periodista (trabajó en el diario Ultima Hora y en el desaparecido diario Noticias). El mismo fue nombrado en este cargo por el exministro Rafael Filizzola, durante el gobierno del expresidente Fernando Lugo.
“Se instaló clandestinamente (la guerrilla marxista leninista) en Paraguay desde 1997 desde el interior de un minúsculo partido de izquierda, como un proyecto político – militar dirigido contra los gobiernos del reciente historial de elecciones abiertas, el periodo democrático más extenso en la historia paraguaya desde su independencia en 1811. Su objetivo: derrocar al gobierno para establecer una “dictadura del proletariado. Como todo proyecto tardío, la legitimidad de sus acciones fue desde siempre, dudosa. Una cosa era levantarse en armas contra la dictadura de Alfredo Stroessner –quien gobernó Paraguay con mano cruel entre 1954 y 1989—invocando el derecho de los pueblos a rebelarse contra la tiranía, y otra muy distinta es atacar a gobiernos electos por las urnas en procesos democráticos largamente esperados por el común de los paraguayos”, según Amarilla, fundador del Partido Patria Libre, que supuestamente fue la base de la sustentación ideológica del nacimiento del EPP, según el diario ABC Color.
El periodista Pereira sostiene que el EPP y la Agrupación Campesina Armada (ACA) son solo instrumentos de empresarios nacionales y extranjeros para criminalizar a los campesinos que luchan por proteger sus campos de labranza y sus vidas de la fumigación de sojales con agrotóxicos. En este plan de criminalización juega un papel fundamental los medios de comunicación cuyos dueños están vinculados con los agronegocios (soja y ganadería), entre ellos el presidente Horacio Cartes, dueño del grupo formado por el diario La Nación, diario Popular, Radio 970 AM y el sitio sitio web hoy.com.py; Aldo Zuccolillo Moscarda, director del diario ABC Color y radio Cardinal, y Antonio J. Vierci, dueño del grupo formado por Ultima Hora, radio Monumental, La Tele y Telefuturo. No obstante, hay que advertir que con la irrupción de las redes sociales (Facebook, Twitter, Whatapp), la gente de diversas edades y niveles culturales se constituyen en factores potenciadores de la guerra mediática de estos grandes medios contra las organizaciones campesinas.
Los medios de Cartes, Zuccolillo y Vierci apoyan abiertamente el agronegocio, en especial la exportación de carne y de granos (soja y arroz). Las radios tradicionales o analógicas, que no controlan estos poderosos empresasarios, también son afines a la política de criminalización de las luchas populares porque reciben dinero del estado y de las binacionales Itaipú y Yacyreta (publicidad estatal).
Otro actor no menos importante en este plan de liquidar las organizaciones campesinas es el Poder Legislativo, la mayoría de los miembros de este Poder son dueños de estancias. El 24 de junio de 2010, el expresidente Fernando Lugo promulgó la Ley 4024/10, “que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”. La ley antiterrorista posibilita la violación de los derechos humanos porque su aplicación está sujeta a la interpretación de los fiscales y jueces. El Poder Judicial y la Fiscalía General de Estado también sostienen este perverso esquema neo-stronista (terrorismo de Estado) para encarcelar a campesinos. Esta ley fue una exigencia de las Naciones Unidas luego del atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de setiembre de 2001. En Agosto de 2007, la Cámara de Senadores archivó el proyecto por presión de grupos políticos y campesinos de izquierda. Lugo había encabezado la marcha popular contra la inconstitucional ley, pero sugestivamente fue quien remitió de nuevo al Congreso Nacional luego del secuestro del ganadero Fidel Zavala en octubre de 2009, que fue atribuido al fantasmagórico y mediático EPP.
El EPP y ACA no hacen correr a los inversionistas
Pereira es también licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Ciencias Sociales. Escribió varios artículos de investigación sobre la realidad social y económica del norte de Paraguay. Es socio e investigador del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI) de Paraguay. El mismo ha publicado sobre el tema EPP en revistas académicas nacionales y del exterior. Asegura que detrás de esta supuesta guerrilla de izquierda está un grupo de "paramilitares" cuyo objetivo es defender los intereses de los ganaderos y sojeros, principales destructores del medio ambiente, y de las empresas extranjeras (frigoríficos) que se instalaron en Concepción y San Pedro. No nos enfrentamos a una guerrilla, sino a un modelo represivo contra la clase campesina que es propiciado por grupos mafiosos, según Pereira.
El anuncio hecho por el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, el pasado 24 de agosto prueba la hipótesis del colega. “la inversión de 220 millones de dólares en la construcción de una cementera en la ciudad de Vallemí, ubicada en el extremo norte del departamento de Concepción, por parte de un grupo empresarial italiano, hecha por el suelo la repetida historia de que la violencia del norte paraguayo hace correr las inversiones extranjeras. A la anunciada inversión debe sumarse la puesta en funcionamiento, en breve, de la mayor empresa productora de carne a nivel mundial, JBS, cuyo frigorífico funcionará en Belén con la misma capacidad de operaciones del frigorífico Concepción, la principal empresa del sector y la mayor exportadora de carne de Paraguay”, escribe Pereira en su blog. El colega dice que las acciones criminales del EPP y de la Agrupación Armada Campesina (ACA) causan terror en la clase campesina, pero no así a los terratenientes y empresarios extranjeros.
A continuación transcribimos parte de la nota publicada ayer por el periodista sobre el “fantasma de los grandes medios de comunicación que mata y justifica la represión campesina”:
Organización campesina + violencia guerrillera se convirtieron en dos elementos infaltables de las líneas discursivas de la prensa, líderes políticos, fiscales y otros actores luego de la quema del galpón del establecimiento sojero en Kuruzú de Hierro. Ocho años después de ese hecho, la reciente masacre de Arroyito, el 27 de agosto de 2016, reavivó la versión que relaciona población rural con “la violencia del EPP”.
Extraordinaria coincidencia con lo ocurrido en Kuruzú de Hierro en el 2008. Hablar de la violencia del EPP y ACA en el departamento de Concepción, en términos de guerrilla que utiliza métodos terroristas, es desviar la atención sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en la zona. Composto y Navarro (2012), quienes echan luz sobre el tema que tratamos, plantean el desarrollo de estrategias que en conjunto “constituyen un dispositivo expropiatorio destinado a respaldar el avance y la profundización” de actividades extractivas en los territorios de las comunidades rurales. Tres de esas estrategias consideramos clave porque tienen pleno desarrollo en el departamento de Concepción.
La primera es la criminalización de la protesta. Se puede ver claramente cómo en localidades campesinas como Kuruzu de Hierro y Arroyito se ha relacionado con acciones violentas la exigencia del derecho a vivir en un ambiente sano y el acceso a la tierra, por lo que todo reclamo que tenga dicha orientación se vincula automáticamente con supuestas reivindicaciones del EPP y ACA. En esta estrategia, una “antesala” de la represión directa, en términos de Composto y Navarro (2012), juega un papel muy importante la formación de la opinión pública que empieza a percibir a los líderes de organizaciones sociales como “potenciales amenazas” para el conjunto de la sociedad, es decir, juega un papel fundamental la prensa.
La segunda es la represión, los despliegues de las fuerzas institucionales para imponer respuestas autoritarias a fin de poner orden a la “ingobernabilidad” provocada por un modelo extractivo que deja como saldo profundas consecuencias socio-ambientales y desigualdades socio-económicas (Ibídem) que generan las protestas de las comunidades afectadas. Luego de ser convertidos y expuestos públicamente como “violentos”, “delincuentes”, etc., se ha arremetido de manera implacable contra pobladores campesinos de Concepción.
La tercera estrategia se basa en la militarización y la contrainsurgencia en los territorios en conflictos. Durante el gobierno de Fernando Lugo, cuya trayectoria fue siempre asociada a la lucha de pueblos campesinos, se inició sin embargo un período de sendos operativos policiales y militares, incluyendo dos estados de excepción, que se profundizó con el gobierno de Horario Cartes que instaló en la zona, mediante una ley inconstitucional, un estado de excepción permanente. El norte paraguayo vive un proceso de militarización en donde la respuesta estatal tiene la lógica de lucha contra grupos insurgentes, a los que se presenta como integrados o apoyados por habitantes campesinos de la zona conflictiva. En realidad, como señala Harvey (2004), citado por Composto y Navarro (2012, op.cit.), los pobladores rurales organizados son vistos por las élites empresariales y el poder estatal como “movimientos insurgentes” contra actividades “productivas”, extractivistas, destructoras del medio ambiente.
La expresión: asesinos de escritorio debe hacer pensar a los grandes medios de comunicación sobre su responsabilidad histórica ante los hechos que están ocurriendo en el norte de Paraguay. Por su parte la opinión pública debe ampliar su mirada para tener una mejor comprensión sobre la realidad norteña desde una perspectiva distinta a aquella que la ha simplificado a un problema de inseguridad y guerra “contra el comunismo”, y entender que lo que hoy está ocurriendo en la zona es un proceso de expropiación de territorios rurales.
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