Natalia Ruíz Díaz (izq), Mariela González, Carlos Lugo y Edgar Vázquez, en el local del CEPATE. Estos criticaron a Fernando Lugo y al Poder Judicial, en especial la Fiscalía General, por no cumplir el informe de Verdad y Justicia.
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Los abogados Carlos Lugo y Edgar Vázquez, del Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CEPAE), ofrecieron anoche una charla sobre el nivel de cumplimiento por el Estado paraguayo de las recomendaciones del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner. Los profesionales revelaron que la Fiscalía General del Estado sigue protegiendo a la mayoría de los represores de la dictadura.
Lugo dijo que de los 2.800 torturadores y represores plenamente identificados por sus víctimas, solo tres están presos en la agrupación especializada. Se trata de Lucilo Benítez (alias Kururu Pire), Camilo Almada Morel (Sapriza), Juan Aniceto Martínez (Mariscalito). Por su parte, Francisco Luis Tellez está ahora preso en su quinta en San Ignacio Misiones por “problemas de salud”. El abogado de CEPAE informó que en el 2009 y 2010 habían presentado 20 denuncias sobre violación de DDHH, pero hasta ahora la Fiscalía General no ha imputado a los involucrados en delitos de lesa humanidad.
La charla se realizó en el Centro Paraguayo de Teatro (CEPATE) y el objetivo fue dar a conocer el informe de Verdad y Justicia, que fue declarado de “interés nacional” por decreto N° 1875/09 del 23 de abril del año 2009. El presidente Fernando Lugo había ordenado la divulgación e implementación de las recomendaciones formuladas, a cargo de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo.
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Los abogados Carlos Lugo y Edgar Vázquez, del Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CEPAE), ofrecieron anoche una charla sobre el nivel de cumplimiento por el Estado paraguayo de las recomendaciones del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner. Los profesionales revelaron que la Fiscalía General del Estado sigue protegiendo a la mayoría de los represores de la dictadura.
Lugo dijo que de los 2.800 torturadores y represores plenamente identificados por sus víctimas, solo tres están presos en la agrupación especializada. Se trata de Lucilo Benítez (alias Kururu Pire), Camilo Almada Morel (Sapriza), Juan Aniceto Martínez (Mariscalito). Por su parte, Francisco Luis Tellez está ahora preso en su quinta en San Ignacio Misiones por “problemas de salud”. El abogado de CEPAE informó que en el 2009 y 2010 habían presentado 20 denuncias sobre violación de DDHH, pero hasta ahora la Fiscalía General no ha imputado a los involucrados en delitos de lesa humanidad.
La charla se realizó en el Centro Paraguayo de Teatro (CEPATE) y el objetivo fue dar a conocer el informe de Verdad y Justicia, que fue declarado de “interés nacional” por decreto N° 1875/09 del 23 de abril del año 2009. El presidente Fernando Lugo había ordenado la divulgación e implementación de las recomendaciones formuladas, a cargo de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo.
Propaganda y parentesco
Los abogados dijeron que la mayoría de los casos denunciados, con testigos y documentos, está encajonado en la Fiscalía General, cuyo titular fue el abogado Rubén Candia Amarilla desde el 1 setiembre de 2005 hasta 23 de noviembre de 2011. Lo llamativo es que el ex fiscal había inaugurado con bombos y platillos una “unidad especializada” en Derechos Humanos en marzo de 2011. Lo hizo solo por presión de los organismos que luchan contra el stronismo y la Comisión Intera- mericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Candia Amarilla nombró a los fiscales Fátima Britos, Juan de Rosa Avalos y Marcelo Conigliaro en esta unidad. Sin embargo, no los había liberado de los miles de casos ordinarios. Solo en materia de DDHH, había 850 causas en esa fecha, según la Fiscalía.
De acuerdo al abogado Lugo, estos fiscales no tenían ninguna preparación “especializada” para encarar una investigación. Al parecer el objetivo de Candia Amarilla fue trabar los trabajos de los fiscales.
Lugo dijo que los fiscales de la “unidad especializada en DDHH” fueron cambiados. Asumió Nestor Suárez, pero éste luego renunció a su cargo para trabajar como asesor jurídico del Ministerio del Interior. Esto es llamativo porque esta cartera fue acusada por la CODEHUPY de ser brazo derecho del sistema represivo del gobierno de Lugo. Ahora están en funciones las fiscalas Nancy Carolina Duarte y Alicia Sapriza (sobrina del comisario Mario Agustín Sapriza), según el abogado del CEPAE.
La encargada de la “unidad” es Soledad Machuca, quien es sobrina del ex delegado de gobierno en el Departamento de Paraguarí, Braulio Machuca Vargas, según Lugo. Este abogado duda de la objetividad de las investigación de estas fiscalas porque están condicionadas por su relación de parentesco con hombres de confianza del gobierno de Stroessner. Informó que el CEPAE presentó una denuncia contra el stronista por violación de DDHH.
En la reunión participaron varios periodistas y miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay, entre ellos Vicente Páez, Dionisio Arce Jara y Mariela González.
Rubén Candia Amarilla, ex fiscal general del Estado (de setiembre de 2005 hasta Noviembre 2011)
Los abogados dijeron que la mayoría de los casos denunciados, con testigos y documentos, está encajonado en la Fiscalía General, cuyo titular fue el abogado Rubén Candia Amarilla desde el 1 setiembre de 2005 hasta 23 de noviembre de 2011. Lo llamativo es que el ex fiscal había inaugurado con bombos y platillos una “unidad especializada” en Derechos Humanos en marzo de 2011. Lo hizo solo por presión de los organismos que luchan contra el stronismo y la Comisión Intera- mericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Candia Amarilla nombró a los fiscales Fátima Britos, Juan de Rosa Avalos y Marcelo Conigliaro en esta unidad. Sin embargo, no los había liberado de los miles de casos ordinarios. Solo en materia de DDHH, había 850 causas en esa fecha, según la Fiscalía.
De acuerdo al abogado Lugo, estos fiscales no tenían ninguna preparación “especializada” para encarar una investigación. Al parecer el objetivo de Candia Amarilla fue trabar los trabajos de los fiscales.
Lugo dijo que los fiscales de la “unidad especializada en DDHH” fueron cambiados. Asumió Nestor Suárez, pero éste luego renunció a su cargo para trabajar como asesor jurídico del Ministerio del Interior. Esto es llamativo porque esta cartera fue acusada por la CODEHUPY de ser brazo derecho del sistema represivo del gobierno de Lugo. Ahora están en funciones las fiscalas Nancy Carolina Duarte y Alicia Sapriza (sobrina del comisario Mario Agustín Sapriza), según el abogado del CEPAE.
La encargada de la “unidad” es Soledad Machuca, quien es sobrina del ex delegado de gobierno en el Departamento de Paraguarí, Braulio Machuca Vargas, según Lugo. Este abogado duda de la objetividad de las investigación de estas fiscalas porque están condicionadas por su relación de parentesco con hombres de confianza del gobierno de Stroessner. Informó que el CEPAE presentó una denuncia contra el stronista por violación de DDHH.
En la reunión participaron varios periodistas y miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay, entre ellos Vicente Páez, Dionisio Arce Jara y Mariela González.
Publicado por www.sindicatodeperiodistas.org
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