Los principales defensores y defensoras de la Ley 4457/11 en la Cámara de Diputados: Mario Morel Pintos (izq.), Cándido Aguilera, Blanca Lila Mignarro, Luis Neuman, Ariel Oviedo, Desiree Masi, Sebastián Acha, Amado Florentín, Salyn Buzarquis y Héctor Ocampos.
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El presidente Fernando Lugo aseguró que es inconstitucional la Ley 4457/11, para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), ya que viola los artículos 92 y 94 de la Constitución Nacional sobre derechos laborales con relación al salario mínimo y la estabilidad laboral. Por decreto 7516 del 24 de octubre de 2011, el titular del Poder Ejecutivo había objetado parcialmente esta norma.
El decreto dice que la ley objetada posibilitará la evasión fiscal porque elevó el monto de facturación anual para que las “micro” liquiden el IVA. Ahora es de G. 100 millones, según Ley 2421/04, y pasó a G. 500 millones. La Cámara de Diputados rechazó el veto del Ejecutivo y pasó a la de Senadores para su consideración.
El diputado oviedista Héctor David Ocampos, en la sesión del jueves pasado, pidió a sus colegas que rechace la objeción del Ejecutivo porque la ley establece políticas claras para apoyar a los empresarios “más vulnerables”.
El diputado oviedista Héctor David Ocampos, en la sesión del jueves pasado, pidió a sus colegas que rechace la objeción del Ejecutivo porque la ley establece políticas claras para apoyar a los empresarios “más vulnerables”.
Aseguró que si la mayoría de las MIPYMES está en la ilegalidad es porque el Estado no les da incentivos para formalizarse. Señaló que las “excepciones laborales” es para dar ocasión a los patrones a blanquear su empresa. Lugo se dejó engañar por algunos sindicalistas, según Ocampos, quien así se refirió al argumento de las centrales, que pidieron el veto de la ley por inconstitucional. Se olvidó de que el Ministerio de Justicia y Trabajo también rechazó la ley por estas mismas razones. La diputada liberal Blanca Lila Mignarro apoyó la tesis de su colega y dijo que el programa tuvo el apoyo de mucha gente y que no viola derechos laborales.
Proyecto “nacionalista”
El diputado colorado Mario Morel Pintos dijo que el proyecto es “eminentemente nacionalista”, ya que el objetivo es facilitar a miles de compatriotas a acceder a créditos más ventajosos y asistencia técnica a fin de mejorar sus productos para poder tener competitividad.
El mismo dijo que los legisladores no están cercenando derechos laborales, ya que ahora miles de obreros no ganan salario mínimo y no tienen seguro social. Precisó que ahora que desean legalizar las relaciones laborales de las mipymes, los sindicalistas protestan en contra del proyecto (la ley da la “excepción laboral” solo a las “micro”).
La socialista Aida Robles fue la única que defendió el veto y dijo que en “aras de un supuesto progreso” se está legislando en contra del sector más vulnerable. Enfatizó que la “competitividad”, de la que tanto hablan los proyectistas, no debe llevarse a cabo mediante la degradación de los obreros. El diputado colorado Clemente Barrios también defendió el veto, ya que así lo resolvió la comisión de justicia y previsión social.
El decreto de Lugo dice que la ley prevé un fondo de más de G. 24.000 millones (15.000 salarios mínimos) a ser presupuesto en forma anual, pero no dice que dónde saldrá el dinero.
Este fondo es para créditos para las MIPYMES, pero el Ejecutivo asegura que no es necesario porque la Agencia Financiera de Desarrollo y el Banco Nacional de Fomento ya tienen una línea de crédito para el sector. También existe el fondo de garantía para las MIPYMES, según Ley 606/95. El veto del Ejecutivo ha cercenado el proyecto y solo dejó intacta la nueva estructura burocrática del MIC (crea un viceministerio de mipymes) y establece derechos y obligaciones tanto para el Estado, las municipalidades y las beneficiarias de la ley.
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