El diputado Enrique Salyn Buzarquis y sus colegas de la Comisión de DDHH que ni siquiera asisten a las reuniones para atender denuncias de violaciones en Paraguay. (ver miembros de esta Comisión).
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En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados aprobó una moción del diputado liberal Enrique Salyn Buzarquis sobre la violación de DDHH en Bolivia. El legis-lador pidió a sus colegas un pronunciamiento “respetuoso, pero no tibio o diplomático, bajo la excusa de la neutralidad”...a favor de los presos políticos, de los legisladores y gobernadores procesados penalmente, de la gente masacrada y mujeres violadas y abusadas...
Sin embargo, la diputada del derechista Partido Patria Querida, Olga Ferreira de López, el miércoles pasado renunció como miembro de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados porque está cansada de instar a sus colegas a tratar las denuncias realizadas ante la Comisión. Es decir, a los diputados paraguayos no les preocupa las violaciones de los DDHH en Paraguay, pero sí las cometidas en Bolivia. Buzarquis participó de un “foro sobre DDHH” en Bolivia, realizado en Asunción por dirigentes sociales y legisladores del vecino país. La diputada socialista Aida Robles, también de esta Comisión, fue la única que se pronunció en contra de la moción de su colega liberal.
Los diputados, por mayoría, expresaron su solidaridad con las ex autoridades electas por voluntad popular y ciudadanos de Bolivia que “por razones políticas están siendo injustamente perseguidos, procesados o detenidos, en franca vulneración del derecho internacional de los DDHH, pactos y tratados internacionales y normas de derecho interno que garantizan el ejercicio de los derechos civiles y políticos”. Los legisladores pidieron también al gobierno boliviano “revisar la situación de los presos políticos recluidos sin sentencia y en algunos casos ni siquiera con inicio de proceso judicial, más de tres años en su mayoría, en contravención con las disposiciones legales vigentes en materia penal e internacional”.
Los diputados, por mayoría, expresaron su solidaridad con las ex autoridades electas por voluntad popular y ciudadanos de Bolivia que “por razones políticas están siendo injustamente perseguidos, procesados o detenidos, en franca vulneración del derecho internacional de los DDHH, pactos y tratados internacionales y normas de derecho interno que garantizan el ejercicio de los derechos civiles y políticos”. Los legisladores pidieron también al gobierno boliviano “revisar la situación de los presos políticos recluidos sin sentencia y en algunos casos ni siquiera con inicio de proceso judicial, más de tres años en su mayoría, en contravención con las disposiciones legales vigentes en materia penal e internacional”.
Los diputados y el caso Bonzi
Los diputados paraguayos también exigieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a pronunciarse oportunamente por la violación de DDHH en Bolivia. La resolución de los legisladores es por una cuestión ideológica o de persecución política contra el gobierno de Morales. Buzarquis utilizó de nuevo ayer el “disco rayado” sobre el peligro del socialismo del Siglo XXI, cuyo objetivo es el control de los tres poderes del Estado por parte del Ejecutivo.
Buzarquis dijo que en Bolivia no se respeta el debido proceso en el ámbito penal cuando se trata de un opositor de Evo Morales. Sin embargo, los diputados paraguayos no se pronunciaron en contra del Jurado de Enjuiciamiento y de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en el caso del juez Gustavo Bonzi. Este fue suspendido en sus funciones porque ordenó la libertad de los 14 proce- sados por el secuestro del ganadero Luis Lindstron porque la Fiscalía General del Estado no presentó ninguna prueba.
El diputado liberal dijo también que en Bolivia no hay libertad de prensa, pero la Cámara de Diputados de Paraguay no tuvo problemas en sancionar una “Ley Mordaza” contra las radios comunitarias.
El Parlamento Nacional sancionó el año pasado una ley para otorgar tierras de la Secretaría de Medio Ambiente a la Comunidad Indígena Kuetuvy Ko'eti de la Etnia Ache Guayaki. Se trata de la finca Nº 470, situada en el lugar denominado Cai Cue del Distrito de Curuguaty, Departamento Canindeyú. Es una clara violación de DDHH, ya que la comunidad Ava Guaraní también estaba recla- mando parte de la propiedad.
El presidente Fernando Lugo vetó la ley, pero ambas cámaras se ratificaron. El proyecto de ley fue presentado por los diputados de Patria Querida, Sebastián Acha, Carlos Soler Cano y Olga Ferreira de López. Estos casos son apenas una prueba de que los diputados son los principales violadores de los DDHH.
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