Por Dionisio Arce Jara (*)
El juez Gustavo Bonzi realiza declaraciones a los periodistas luego de concluir la audiencia preliminar. Los abogados de los acusados dijeron que tuvo coraje para hacer frente a un proceso legal que violó los DDHH.
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El juez de Yby Ya'u (Departamento de Concepción) Gustavo Bonzi resolvió ayer el sobreseimiento de 14 campesinos acusados por la Fiscalía General del Estado de “secuestro en grado de complicidad y asociación criminal”. El juez tomó la determinación luego de analizar la acusación y los alegatos de la defensa. Concluyó que el Ministerio Público hizo un relato generalizado de los hechos punibles que supuestamente cometieron los acusados, pero no demostró cómo y en qué medida participaron del secuestro del ganadero Luis Lindstron (del 1 de agosto al 12 de setiembre de 2008).
Los abogados de los acusados, entre ellos el abogado Roque Orrego y Florencio Díaz Morales, aseguraron que, de esta manera, la conducta del gobierno del presidente Fernando Lugo y la Fiscalía General del Estado, pueden ser calificadas de “terrorismo de Estado”.
La audiencia preliminar se había iniciado el 8 de marzo de 2011, pero fue suspendida luego de la recusación del juez Jorge Benítez Ruiz, de Concepción, por parte de la Fiscalía. Los que fueron sobreseídos por el juez son: Rumilda Giménez González, Alcides Ramón Giménez González, Aguedo Ramón Giménez, Mary Blanca Bracho Martínez, Antonio Ramón Bernal, Sindulfo Agüero, Sixto Sánchez, Zonia Ignacia Muñoz, Juan Simón Ovelar, Stela Agüero de Meza, Alcio Alcides Soria, José Villalba, Julián De Jesús Ortiz y Juana Bernal Maiz.
Estos fueron detenidos el 19 de enero de 2010 y exhibidos públicamente como peligrosos criminales por agentes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía Antisecuestro.
Las conexiones telefónicas
Los agentes fiscales Sandra Quiñónez Astigarraga, Federico Delfino Ginés y Francisco Ayala Miranda, presentaron como “pruebas” contra los citados campesinos supuestas conexiones telefónicas con miembros del fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Entre las “evidencias” estaban también libros sobre Hugo Chávez (presidente de Venezuela), documentos de bancos, sentencias y antecedentes judiciales de personas no relacionadas con este caso, fotografías familiares, aparatos celulares, documentos y tarjetas personales, videos y objetos personales incautados en allanamientos de viviendas. En marzo, la Fiscalía había desistido de unas 150 supuestas pruebas que tenían tinte de persecución ideológica.
Otras “pruebas” fueron las fotografías (de potenciales víctimas de secuestros y de miembros del EPP) supuestamente encontradas en la computadora de Rumilda Giménez. Los abogados defensores dijeron que fueron “plantadas” por la Fiscalía General y la Policía Antisecuestro, bajo el mando del ex ministro “socialista” Rafael Filizzola.
(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP
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