martes, 26 de abril de 2011

Periodistas se manifestaron hoy contra el Canal 9

Un grupo de periodistas, miembros del SPP, se manifestó esta mañana contra el Canal 9 TV Cerro Corá por los despidos, la persecución laboral y la censura impuesta por la empresa. Los colegas tuvieron el apoyo de miembros de otros gremios. La manifestación se realizó luego del acto frente al monolito de Santiago Leguizamón, que está ubicado frente al canal. La gente repudió la censura impuesta al periodista Manuel Cuenca, quien ya no puede emitir su tradicional programa cultural “la revista de la semana”.
También condenaron la disposición de la empresa por la cual retiró de la cobertura del área judicial a Silvio Cuevas, quien luego salió del canal y recibió muestras de aprecio y solidaridad de sus colegas. 
La foto muestra al periodista Silvio Cuevas (centro) rodeado de sus colegas del área judicial, frente al Canal 9.
Repudiaron a Pizarro
Los periodistas también denunciaron que los trabajadores del Canal 9 son maltratados por el periodista argentino Jorge Pizarro, quien fue contratado por la empresa como director de programación o jefe de prensa. El mismo es uno de los responsables de las persecuciones denunciadas por los compañeros. El SPP denunció que Pizarro fue contratado en violación al Código Laboral y la Ley 978/96, de Migraciones (reside en el país en calidad de turista). 
Concentración de medios 
El secretario general adjunto del SPP, Osvaldo Zayas, habló en la ocasión y advirtió a los colegas que el caso del Canal 9 es un ejemplo vivo del problema que genera la política de concentración de medios en una sola empresa. El canal forma parte de un Holding de empresas que incluye el Canal 5 Paravisión. Esta concesión fue obtenida en forma irregular durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. 
Pavisión había sacado como jefe de prensa a Hugo Díaz por orden de Pizarro. El colega fue a parar al archivo del Canal 9, según se informó. El periodista Pablo Herken, comentarista económico, y la colega Ilusión Quiñónez, renunciaron a fines del año pasado a sus puestos de trabajo en el Canal 5 por no soportar la persecución del periodista argentino. 
Hay que recordar que otro caso por el cual Canal 9 fue muy cuestionado por la gente fue el despido de la compañera Daniela Candia, quien luego aceptó un retiro voluntario con indemnización, poniendo fin al conflicto laboral. El caso fue una abierta persecución por su tarea sindical como negociadora de condiciones laborales. 
Por esta razón, el secretario general adjunto del SPP exhortó a los trabajadores de prensa, periodistas, choferes, operarios de máquinas, empleados administrativos, etc., para luchar en pos de un solo objetivo: el respeto de los derechos laborales. En la ocasión también hablaron otros trabajadores y representantes de gremios, entre ellos Jorge Alvarenga, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).


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Periodistas recordaron el asesinato de Santiago Leguizamón

Coco Arce, secretario de Organización del SPP (izq.), Dante Leguizamón, hijo de Santiago Leguizamón, y Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP, durante el acto frente al monolito del finado periodista.
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Los socios del Sindicato de Periodistas del Paraguay recordaron esta mañana el alevoso crimen del periodista Santiago Leguizamón y condenaron la inacción de la justicia paraguaya, razón por la cual el caso quedó en la impunidad como el de otros periodistas (ver casos). Un día como hoy, en la siesta del 26 de abril de 1991, Santiago había sido asesinado en Pedro Juan Caballero por sicarios de los jefes mafiosos del narcotráfico. Estos se molestaron por las denuncias hechas por el colega, quien horas antes de ser asesinado había dicho a Humberto Rubín: “Prefiero la muerte física a la muerte ética”.
El secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana, fue uno de los oradores de la jornada frente al monolito de Santiago, ubicado en la avenida Carlos Antonio López de Asunción. 

Policías no tenían plata 
Anoche, el juez José Valiente de Pedro Juan Caballero disertó sobre el caso de Santiago en la Manzana de la Rivera de la Municipalidad de Asunción. En la ocasión dijo, entre otras cosas, que la policía paraguaya no tenía plata ni para cargar combustibles. Con ello resaltó que el gobierno del finado Gral. Andrés Rodríguez y los administradores de justicia no tenían la intención de esclarecer el asesinato. 
El colega Benítez Aldana también dijo hoy que la justicia no remitió al Brasil el exhorto de extradición de los autores materiales e intelectuales porque no tenía plata para pagar las fotocopias del expediente. Comentó que la actual administración de justicia, luego de 20 años de impunidad, podría enviar los documentos al vecino país, pero esta acción sería tarde porque el caso prescribe en setiembre de 2011. 
Periodista de Radio Amambay, sin jubilación 
El secretario general del SPP también hizo una breve exposición sobre la “otra impunidad” que envuelve la labor periodística. Se trata de la falta de respeto de los derechos laborales de los periodistas por parte de los patrones;en mayor medida, los dueños de radios y canales de televisión. Manifestó que, debido a la falta de acción del Estado, hay periodistas que no ganan siquiera el salario mínimo y no tienen derecho a la seguridad social. El mismo citó como un ejemplo emblemático de injusticia social el caso de Tito Tellez, ex empleado de Radio Amambay de Pedro Juan Caballero. El radialista tiene edad para jubilarse, pero no puede acceder a este derecho porque su patrón evadió el seguro social por varios años. Manifestó que Tellez figuraba en el Instituto de Previsión Social como “jornalero” y no como periodista. El colega está postrado debido a una enfermedad y el SPP ahora gestiona su caso ante el IPS a fin de salvar los escollos legales para que se jubile por invalidez. 

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Juez sospecha que vínculo entre Gral. Rodríguez y Yamil posibilitó impunidad en caso Santiago

El juez José Valiente (fot), de Pedro Juan Caballero, disertó anoche en la Manzana de la Rivera de la Municipalidad de Asunción sobre el caso del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, que en la fecha cumple 20 años. El juez conoce el expediente porque, como abogado, había actuado en representación del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Manifestó que el asesinato quedó impune porque los órganos del Estado (Fiscalía General y Policía Nacional) nada hicieron al respecto. 

El juez sospecha que los vínculos políticos-familiares y comerciales del extinto Gral. Andrés Rodríguez con el clan de Fahd Yamil Georges, poderoso empresario brasileño vinculado supuestamente con el tráfico de drogas, habrían posibilitado la impunidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Santiago. Manifestó que una de las hijas de Yamil, cuyo nombre no reveló, era ahijada del ex presidente de la República, según versión que recibió durante su investigación sobre el caso.
Valiente informó que el hijo de Yamil, Daniel Alvarez Georges, y su sobrino, Luis Enrique Georges, habían sido investigados en Brasil como los supuestos autores intelectuales del asesinato de Santiago. Enfatizó que la relación entre el ex presidente y el clan habría sido una de las razones por las cuales la justicia paraguaya y la Policía Nacional no hicieron un trabajo serio para esclarecer del crimen, que fue cometido en el “día del periodista”. 
El juez recordó que Santiago, meses antes de su asesinato el 26 de abril de 1991, había publicado varios artículos, en el cerrado Diario Noticias, sobre el tráfico de drogas en la frontera, pero sin dar nombres de los responsables. Posteriormente, en el diario se publicaron otros artículos, sin la firma del finado, que vinculaban al clan Yamil en los hechos. Sin embargo, los delincuentes habrían culpado a Leguizamón, quien había recibido amenazas de muerte debido a su labor periodística. 
Policía Nacional nunca informó 
Valiente informó que la justicia paraguaya no hizo nada para procesar a los autores morales y materiales, aunque aclaró que el asunto era difícil porque el Brasil no permite la extradición de sus connacionales. Aclaró que dos criminales de la frontera, en el año 1992, confesaron a la policía brasileña haber participado en el asesinato de Santiago. Se trata de José Aparecido de Lima y José Araulho, alias Tiro Certo, quienes fueron identificados por un testigo del crimen. 
El juez de la causa de Pedro Juan Caballero procesó a los autores materiales del crimen solo mediante publicaciones de la prensa nacional. Sin embargo, los mismos luego fueron liberados porque el Estado paraguayo no solicitó el procesamiento en el Brasil de los criminales, según Valiente, quien aseguró que la Policía Nacional nunca informó a la justicia sobre el resultado de su investigación. 
Extinción de la causa 
El magistrado, quien habló del caso Leguizamón a invitación del SPP, dijo que el caso quedó impune porque no existió voluntad política de los órganos del Estado. José Aparecido de Lima y Bras Vaz de Moura, otro sindicado como autor material del crimen, también fueron asesinados tiempo después, posiblemente por orden de sus patrones. Tiro Certo continúa desaparecido aunque estaría con vida, según Valiente, quien informó que, debido a este problema, el proceso penal contra los autores morales del asesinato del periodista había quedado congelado en el Brasil. 
Valiente advirtió que, según el Código Procesal Penal del Paraguay, una causa prescribe en 15 años, que se cumplirá en setiembre de 2011. A fin de evitar este hecho, la justicia paraguaya podría enviar los expedientes al Brasil para procesar a los supuestos autores intelectuales. Esto es bastante difícil por la complejidad del caso. Luis Enrique Georges fue el único que prestó declaración en Paraguay luego de la orden de captura emitida por un juez en 1996. La causa fue archivada y prescribirá en setiembre. 

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Solo el caso del periodista Salvador Medina concluyó con la condena del asesino

El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Pedro Benítez Aldana (foto), habló también anoche en la Manzana de la Rivera de la Municipalidad de Asunción. Se refirió al caso del asesinato de Santiago Leguizamón y a otros nueve crímenes de trabajadores de prensa desde el año 1991. Benítez aseguró que solo en el caso del crimen del periodista Salvador Medina, periodista de la radio comunitaria Ñemity de Capiibary (San Pedro), terminó con la condena del asesino: Milciades Maylin. Este fue condenado a 25 años de cárcel, pero se salvaron los autores intelectuales, ya que el periodista denunciaba a los traficantes de rollos de madera. El pasado 5 de enero se cumplieron diez años de este asesinato.
El caso de Santiago es emblemático, ya que no solo tuvo una gran difusión mediática, por ser periodista y empresario dueño de una radio de Pedro Juan Caballero, sino porque el crimen fue cometido en el “día del periodista”. Los autores intelectuales de este crimen, ligados al narcotráfico, habrían querido dejar un mensaje a todos los trabajadores de prensa del Paraguay: “no se metan con nosotros”. 
Caso Tito Palma y otros 
Sin embargo, el secretario del SPP dijo que no hay que olvidar también los demás crímenes que quedaron impunes: 1) Calixto Mendoza, asesinado el 2 de marzo de 1997 en Yvy Ya'u (San Pedro); 2) Benito Román Jara, el 5 de enero de 2000 en Yvy Ya'u ); 3) Yamila Cantero, el 6 de julio de 2002 en Santa María (Misiones); 4) Samuel Román, el 20 de abril de 2004 en Capitán Bado (Amambay); 5) Angela Acosta, el 15 de diciembre de 2006 en Mayor Otaño (Itapúa); 6) Martín Ocampos, el 14 de enero de 2009 en Huguá Ñandú (Concepción). Benítez Aldana dijo que, en estos casos, la justicia no movió un dedo para atrapar a los autores materiales e intelectuales. 
Un caso que también tuvo repercusión internacional como el de Santiago fue el asesinato del periodista chileno Tito Palma, el 22 de agosto de 2007 en Mayor Otaño. En la actualidad están procesados por el hecho los hermanos Nelson Gustavo y Fabio Vera Sanabria, según el colega Benítez. El último trabajador de prensa asesinado fue Merardo Romero, periodista radial de Itakyry (Alto Paraná). El crimen fue consumado el 3 de marzo de 2011 y tiene connotaciones políticas. Están procesados como autores materiales Arnildo Rojas y José Pérez (autores materiales) y José Ramón Valenzuela (supuesto autor intelectual). 


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miércoles, 20 de abril de 2011

El SPP y SINTRATEL denuncian persecución laboral ante Ministerio y pidieron reunión tripartita

El Sindicato de Periodistas del Paraguay y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio y Televisión denunciaron la persecución laboral en el Canal 9 TV Cerro Corá. La nota lleva las firmas de Pedro Benítez Aldana, secretario general del SPP, y de Miguel Vera, secretario general de SINTRATEL. Los gremios pidieron una reunión tripartita para el lunes 25, que se realizaría a partir de las 10:00, para tratar las inquietudes con los directivos del canal.
El SPP y SINTRATEL hacen incapié en los casos que afectaron a los compañeros Manuel Cuenca, cuyo programa tradicional fue suspendido; Silvio Cuevas, periodista que ya no podrá cubrir el área judicial, y Hugo Díaz, ex jefe de prensa del canal. Los gremios aseguran que el canal violó derechos laborales al hacer los cambios sin tener en cuenta la trayectoria profesional de los colegas. 

Reunión con Pilar Callizo  
Los gremios pidieron la reunión tripartita, que es una instancia de conciliación, al Ministerio de Justicia y Trabajo porque los directivos del Canal 9 desde hace meses se niegan a hablar con los responsables del SPP y de SINTRATEL sobre las reinvindicaciones de los trabajadores. En todos los casos logran reunirse solo con la directora de Recursos Humanos, Carolina Vargas, quien no tiene poder de decisión con relación a las reinvindicaciones de los compañeros.  
Sin embargo, y para sorpresa de los gremios, el Canal 9 convocó para la mañana de hoy a los miembros del SPP y de SINTRATEL. En la reunión estuvo presente la abogada María del Pilar Callizo, quien fue presentada por la jefa de Recursos Humanos como representante de la patronal para realizar un “arbitraje”.  
La intención del Canal 9 era evitar la tripartita para acordar con Callizo y Vargas los casos que preocupan a los trabajadores de la empresa. Sin embargo, los representantes del SPP y de SINTRATEL exigieron se realice la reunión del próximo lunes para que un funcionario de Justicia y Trabajo sea el arbitro de los asuntos a tratarse.  
En la reunión realizada en Canal 9 estuvieron también Coco Arce, secretario de organización del SPP; Dionisio Arce Jara, secretario de Interior, y Ramón Zalazar, miembro de SINTRATEL.  
Caso Antena de TV y de Jorge Pizarro  
Los gremios denunciaron al Ministerio que los trabajadores del Canal 9 son maltratados por el periodista argentino Jorge Pizarro, quien fue contratado por la empresa como director de programación o jefe de prensa. El mismo es uno de los responsables de las persecuciones denunciadas por los colegas. Además de ello, el SPP denunció que Pizarro fue contratado en violación al Código Laboral y la Ley 978/96, de Migraciones.  
Por otro lado, nuestro gremio también denunció ante Justicia y Trabajo que Canal 9 estaría en falta con las normas de seguridad en el trabajo con relación a la antena que está ubicada en la plaza Carlos Antonio López. “Es preciso conocer el cumplimiento legal de la política de prevención de riesgos establecidos en el artículo 99 de la Constitución Nacional y el título quinto, artículos 272 al 282 del Código del Trabajo. Entendemos que, de una vez por todas, debe conocerse cómo incide en los trabajadores el efecto de la radioactividad emitida, no solamente por la antena, sino también por los demás equipos utilizados para la emisión de los programas televisivos”, reza parte de la nota del SPP. 
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Sindicato lanza programa de periodistas contra la impunidad y la precarización laboral

Miguel Vera, Dante Leguizamón, Lawrence Morroni, Pedro Benítez, Coco Arce y Ramón Zalazar, durante la conferencia de prensa sobre la semana del periodista.
Miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas lanzaron hoy el programa para conmemorar el 26 del corriente el día del periodista. En esa fecha se cumplirán 20 años del asesinato de Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero. La mayoría de los actores materiales de este crimen fue asesinado por sus patrones del cartel de la droga de esta ciudad. Por su parte, algunos actores intelectuales fueron sobreseídos y otros ni siquiera procesados por la justicia.
La semana del periodista, que arranca el 25 de abril, está enmarcada por la recordación de este triste hecho que enluta a la familia periodística. Además, la comisión directiva del SPP también expondrá su punto de vista sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores que, junto a la inseguridad, atentan directamente contra el derecho a la libertad de expresión y prensa. Por esta razón, el lema de la semana del periodista es: “Por un trabajo digno para todos y todas; contra la impunidad y precarización laboral”.  
El secretario general del SPP, Pedro Benítez Aldana, y el secretario de organización, Coco Arce, brindaron información sobre los distintos temas a ser abordados en la semana del 25 al 29 de abril. En la reunión de prensa realizada hoy estuvieron también Miguel Vera y Ramón Zalazar, miembros del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Radio y la Televisión (SINTRATEL), gremio que se adhiere al programa de la “semana del periodista”.  
Debate sobre caso Santiago  
En la conferencia de prensa estuvieron igualmente Dante Leguizamón y Lawrence Morroni, hijo y yerno de Santiago, respectivamente. La familia del asesinado periodista es la protagonista del programa para reinvindicar la labor periodística en la figura de Santiago, ya que un representante de los Leguizamón hablará sobre este luctuoso caso en el panel que se realizará el 25 de abril, a las 19:00 horas, en la Manzana de la Rivera, situada en Ayolas y Benjamín Constant. En la ocasión también serán panelistas el juez José Valiente, quien había llevado el proceso contra algunos imputados, y Pedro Benítez Aldana, quien realizó una recopilación del expediente.  
Manifestación contra Canal 9  
El 26 de abril se realizará el ya tradicional acto frente al monolito de Santiago Leguizamón ubicado en la avenida Carlos Antonio López, cerca del Canal 9 TV Cerro Corá. En la ocasión dará un mensaje el secretario general del SPP a las 9:00 y luego se hará una manifestación frente a este canal para protestar contra la persecución laboral, maltrato personal y la censura impuesta por la patronal. Se abordará el caso de los compañeros Manuel Cuenca, Silvio Cuevas y Hugo Díaz. A las 19:00 se hará una “gala en homenaje a los/las periodistas” en el salón Amba'y de la Uninorte, situado en Brasil 141. El encuentro será con la participación especial de la Orquesta Sinfónica de esta Universidad.  
El Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP) también organiza un panel sobre el caso de Santiago para el 27 de abril. El encuentro se hará a las 19:00 en el aula magna de la Faculta de Derecho a la Universidad Católica,sito en Independencia Nacional 176.  
El jueves 28 de abril se realizará un panel sobre los “Derechos Laborales de los Trabajadores y Trabajadoras de Prensa” en el salón auditorio de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional, sito en Comandante Gamarra y Gobernador Irala. Ver documento sobre situación de la prensa en el Paraguay.
El 29 del corriente está previsto un panel sobre “Terrorismo: realidad social y manipulación mediática”. La exposición estará a cargo de Hugo Pereira, profesor de la Universidad Nacional de Concepción, y de Dionisio Arce Jara, periodista de ABC Color y secretario de interior del SPP. El encuentro se hará a las 19:00 en Filosofía UNA.
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lunes, 18 de abril de 2011

Sindicato de Periodistas denuncia persecución laboral, maltratos verbales y censura en Canal 9

El sindicato de Periodistas del Paraguay, SPP, denuncia y repudia la actitud persecutoria, de maltratos verbales, cambios arbitrarios de lugares de trabajo, orden de evitar entrevistas en guaraní y levantamiento de programas de compañeras y compañeros por parte de directivos del Canal 9 TV Cerro Corá. Este ambiente convulsionado, ejecutado por el supuesto gerente de prensa, señor Jorge Pizarro -de quien diversos medios de comunicación aseguran que pese a la irregularidad de su situación migratoria desarrolla actividades laborales-, produce un clima de terror y un alto nivel de estrés laboral en las trabajadoras y los trabajadores del Canal 9.
A una semana de la orden de “evitar las entrevistas en guaraní” -que en los hechos es una prohibición-, en reportajes periodísticos por parte del señor Pizarro, ahora aparecen los maltratos verbales con actitudes de prepotencia, traslados de las fuentes de coberturas, levantamiento de programas, a trabajadoras y trabajadores de la empresa con trayectoria reconocida y de mucha antigüedad en la profesión. 
Por orden del señor Pizarro, se despidió al analista de temas económicos Pablo Herken y los colegas Pablo Díaz y Jotita Bernabé fueron cesados en sus labores en el Canal 5 Paravisión y trasladados al Canal 9, sin tareas específicas. Al colega Silvio Cuevas, quien se encuentra con un pico de hipertensión arterial, se le sacó de la cobertura judicial y a Manuel Cuenca se le comunicó la no emisión de su programa "La revista de la Semana". A Cuenca también se le está negando la cobertura de "Tañarandy", entre el Jueves y Viernes Santo, cobertura realizada tradicionalmente por el colega teniendo en cuenta la estructura de su programa semanal. El colega Andrés Caballero también fue maltratado verbalmente y le sacaron de la gerencia de prensa. 
Pidieron por escrito 
Cuando la Comisión Directiva del SPP recurrió a los directivos del Canal para aclarar todos estos temas, además de la censura al guaraní impuesta por el Sr. Pizarro, por intermedio de la Jefa de Recursos Humanos, señora Carolina Vargas, se nos dijo que se presente por escrito el reclamo. Una actitud lamentable pues es más fácil recurrir al dialogo para aclarar la situación planteada. 
Con respecto a la censura al guaraní, la señora Vargas negó que tal hecho existiera y se limitó a mencionar que lo que ocurrió fue que se les pidió a las y los cronistas que “eviten” las entrevistas en guaraní y que de suceder, se traduciría al castellano, debido a que varios programas emitidos por el Canal 9 son retransmitidos en otros países latinoamericanos. 
Maltratos verbales y persecuciones 
Hemos consultado con varios compañeros y compañeras trabajadoras del Canal 9 sobre la actitud de prepotencia del Sr. Pizarro. La totalidad de las y los consultados confirmaron que efectivamente el mencionado directivo recurría permanentemente a tales hechos, que orillaban el hostigamiento y la persecución, como recurso para que los compañeros que tienen antigüedad, decidan renunciar a su lugar de trabajo así como los derechos que les otorgan las leyes laborales.. 
Ante los organismos del Estado 
El SPP tiene la obligación de denunciar estos hechos ante las autoridades administrativas del Trabajo a los efectos de normalizar el relacionamiento de las trabajadoras y trabajadores del Canal con los directivos del mismo. Presentaremos, por tanto, acciones administrativas ante el Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante la Defensoría del Pueblo y las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso Nacional y si fuere necesario, recurriremos a los estrados judiciales. 
Recurriremos, asimismo, a la Dirección de Migraciones para cerciorarnos de la situación migratoria del señor Pizarro, quien está ejerciendo una actividad laboral en nuestro país, persiguiendo y maltratando a compañeras y compañeros. 
CONATEL debe responder 
Ya cuando sucedió una similar circunstancia, que obligó a la compañera Daniela Candia a renunciar a la empresa, en el mes de enero pasado, el SPP había solicitado a la CONATEL la legalidad de la supuesta propiedad de la empresa por parte del mexicano-estadounidense Angel González, quien, según se menciona, es dueño de decenas de empresas periodísticas de canales de televisión en Latinoamérica 
Hasta la fecha, el actual presidente de la empresa estatal, Dr. Jorge Antonio Seall Sasiain, no respondió la nota ni concedió la audiencia solicitada por los directivos del SPP, que habíamos solicitado la información. 
Solidaridad 
El Sindicato de Periodistas del Paraguay manifiesta su solidaridad con todas y todos los colegas del Canal 9, expresa su firme decisión de ponerse al frente de la lucha por el respeto a los derechos laborales y sindicales de las compañeras y los compañeros e insta a la unidad en esta lucha que se avecina. 


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jueves, 14 de abril de 2011

Los diputados discriminan a los docentes del sector privado en el caso de jubilación mínima

Por Dionisio Arce Jara (*) 

Los diputados que apoyaron el nuevo proyecto de ley para otorgar a los docentes del sector privado el derecho a la jubilación tenían un solo objetivo: favorecer a las empresas y ONG’s dueñas de colegios, escuelas y universidades. Las entidades no quieren pagar el aporte obrero patronal del IPS de acuerdo al salario mínimo (G. 1.507.500), tal como dice la Ley 375/56, sino sobre la base de lo que realmente ganan los docentes.
Es decir, mediante la presión de los empresarios, de ONG’s y un grupo de docentes, primó el criterio de que los educadores del sector privado deben aportar de acuerdo a lo que ganan (los docentes, 9% sobre el salario imponible que está fijado por turnos u horas cátedras; los patrones, 14%, según Ley 98/92). 
No obstante, el proyecto establece que el Instituto de Previsión Social unificará en una sola cuenta los aportes de los docentes que trabajan en dos o más entidades privadas. De esta manera tendrían en el futuro una jubilación igual al salario mínimo (en algunos casos más del mínimo). Otro grupo de docentes, mediante el pluriempleo, tendrán una jubilación igual al haber mínimo que será establecido por otra ley (ver ABC Color)
El proyecto establece que “la base imponible de los sujetos de la presente ley será la suma total de las remuneraciones realmente percibidas, ya sea en una sola entidad o bajo la modalidad de pluriempleo”. 
Sin embargo, los grandes perdedores serán los docentes que aportarán por solo un tercio del salario piso (salario real), ya que el proyecto establece que los jubilados de este sector no tendrán derecho a la jubilación mínima. 
La propuesta del IPS, que tiene una redacción confusa, dice: “Cuando el monto del haber jubilatorio resultante del cálculo resulte inferior al que corresponda al haber jubilatorio mínimo vigente en el IPS se concederá el monto del primero…”. 
La administración del Dr. Luis López González, presidente del ente previsional, solicitó se incluya en este artículo un párrafo por el cual se aclara que la masa de aportantes no dará un subsidio a los jubilados docentes que no logran alcanzar el mínimo del haber jubilatorio que se establecerá por otra ley y que ya tiene media sanción del Parlamento Nacional. 
El artículo tercero del proyecto dice que, a fin de determinar la jubilación ordinaria de los docentes del sector privado, el IPS tendrá en cuenta los salarios imponibles de los últimos diez años (para los demás trabajadores dependientes se calcula sobre la base del promedio de los salarios imponibles de los tres últimos años).
(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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Docentes del sector privado tendrían "subsidio" del Estado para tener una jubilación

Por Dionisio Arce Jara (*) 

La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley por el cual se otorga a docentes del sector privado el derecho a la jubilación por el sistema del seguro obligatorio del Instituto de Previsión Social, ya que solo tenían el derecho a las prestaciones médicas. No parece real, pero es así. Los legisladores se dieron cuenta que, luego de más de 68 años de la creación del Instituto, los trabajadores del sector de la educación, dependientes de empresas privadas, también tienen derecho a la jubilación.
 El bajo nivel de conciencia individual y colectiva de los docentes posibilitó que los legisladores tardaran décadas en reparar esta injusticia social. De no tener variación el proyecto remitido a la Cámara de Senadores, el Estado dará un subsidio para que sea realidad esta reparación histórica. Esta fue la propuesta de la diputada oviedista Fabiola Oviedo, que fue aceptada por el consejo del IPS y por todos los legisladores. 
El Instituto de Previsión Social había sido creado en febrero de 1943 para prestar servicios de salud y jubilación a los trabajadores en relación de dependencia. Así establece claramente la carta orgánica de aquel año y del decreto-ley 1860/50, modificado por Ley 375/56, y otras sucesivas leyes sin que se pierda la esencia o la razón de ser de este derecho constitucional. Sin embargo, en la Ley del año 1967 los legisladores cometieron un grave error al señalar que los docentes solo tienen derecho a los servicios de salud del IPS. 
Las sucesivas autoridades del ente previsional interpretaron que los docentes del sector privado solo tienen derecho a la salud, olvidando que son también trabajadores en relación de dependencia (Ley 375/56). 
El artículo sexto señala que el Estado dará un subsidio a los docentes, en reconocimiento de los años de servicios, por un porcentaje del 12,5% equivalente al aporte jubilatorio no abonado por los docentes nacidos hasta el año 1975 y que a la fecha de la promulgación de la ley cuenten con aportes superiores de 59 meses en el IPS. El subsidio se calculará de tal forma a completar los 300 meses de aportes necesarios para la jubilación ordinaria, según el proyecto. 
Llama la atención este proyecto si se tiene en cuenta que el Estado nunca pagó su deuda histórica al Instituto y los legisladores no hacen nada al respecto. Además, el gobierno del "cambio" tampoco está honrando las viejas deudas del Ministerio de Educación y Cultura (ver ABC Color)
(*) Periodista del diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP


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domingo, 20 de marzo de 2011

Frente Guasu sigue firme con el neostronista Lugo

Por Dionisio Arce Jara (*)
Algunos miembros del Frente Guasu: Luis Aguayo (arriba y a la izq.), Belarmino Balbuena, Gustavo Codas, Aníbal Carrillo, Camilo Soares, Hugo Richer, Carlos Filizzola y Sixto Pereira.
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Los miembros del Frente Guasu, coalición de 21 partidos y movimientos de izquierda, festejaron hoy el primer aniversario de este grupo político que se formó para participar en las elecciones municipales de noviembre de 2010. El presidente Fernando Lugo participó del acto para demostrar, una vez más, que es afín a las ideas de los “progresistas”.
Sin embargo, las acciones del gobierno revelan que Lugo es de derecha, neostronista y neoliberal. Pese a ello, los chavistas, bolivarianos, castristas y guevaristas, quienes dijeron que luchan contra las “fuerzas conservadoras y retardatarias”, siguen firmes junto al “obispo de los pobres”. Paraguay es el único país del mundo donde los izquierdistas se alían con partidos reaccionarios (PLRA y Patria Querida). Estos siguen pensando en la “unidad”, pese al fracaso del proyecto Miguel Carrizosa, para las elecciones del 2013 (ver caso Camilo Soares versus PLRA 1  y 2)
Algunas acciones marcan a este gobierno como de derecha y neostronista. No pueden ocultar los discursos “progresistas” de Lugo ni la campaña antiluguista de la prensa y de los partidos reaccionarios (ANR, UNACE, Patria Querida y PLRA).  
El diario ABC Color inició su campaña contra el “chavista” Lugo luego de ganar las elecciones de abril de 2008. En el editorial del 30 de setiembre de 2008, el diario advierte sobre la “peligrosa” relación entre el ex obispo y Hugo Chávez de Venezuela. Sin embargo, el día anterior Lugo firmó un convenio con el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, para supuestamente combatir los secuestros. Solo algunos bolivarianos del hoy Frente Guasu alzaron su voz de protesta, pero continúan apoyando al “gobierno del cambio”.  
Del 23 de abril al 23 de mayo del 2010, pobladores de cinco departamentos vivieron bajo el inconstitucional “Estado de Ex- cepción”, a pedido del presidente, para combatir al fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El operativo terminó en el “oparei” (en la nada) y solo hubo una tímida protesta de ciertos grupos de izquierda, pese a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos.  
Constancio Mendoza (izq.), Ricardo Canese, Carlos Cáceres, Luis Aguayo, entre otros frente a la Casa del Pueblo.

Ley antiterrorista y presos políticos  
El 24 de junio de 2010, Lugo promulgó la Ley Antiterrorista 4024, que es la copia del proyecto que habían rechazado el presidente y los movimientos y partidos de izquierda en el 2007. Solo unos pocos castristas, bolivarianos y guevaristas protestaron por este hecho, como el Partido Comunista, pero siguieron con el “gobierno del cambio”.  
Lo más grave, en el penal de Tacumbú iniciaron una huelga de hambre algunos de los campesinos acusados de haber participado en el secuestro del ganadero Luis Lindstron. Los abogados defensores demostraron que la Fiscalía General del Estado no presentó pruebas, por lo que son calificados como “presos políticos del Bicentenario”. Los líderes de izquierda del Frente Guasu no dijeron nada hasta ahora a pesar de que el proceso penal es solo para destruir las organi- zaciones campesinas.  
Proyecto neoliberal apoyado por bolivarianos  
En materia económica, el proyecto de tercerización de los aeropuertos muestra que el gobierno de Lugo nada tiene que ver con Chávez ni Evo Morales. Ningún grupo de izquierda se manifestó en contra, salvo el Partido Tekojoja, el trotskysta Partido de los Trabajadores (opositor a Lugo) y el Partido Comunista, que se retiró del Frente Guasu por esta razón. El socialista Partido P-MAS apoya el proyecto, pese a que existen serios indicios de que sería otro gran negociado.  
La política económica de Lugo es solo para apoyar los agronegocios de los sojeros y de los ganaderos, pese a que el presidente tiene un discurso negativo contra los grandes productores del campo. El presidente eligió al nicanorista Dionisio Borda para dirigir la línea neoliberal y solo unos pocos izquierdistas se manifestaron en contra de esta decisión.  
En la “Casa del Pueblo” del Partido Febrerista, Lugo y sus partidarios de izquierda de nuevo hablaron de que el Frente Guasu representa el cambio social y político del país. Sin embargo, a casi tres años de la llegada del ex monseñor al Palacio de López, sigue la estructura corrupta y prebendaria heredada de los colorados.
Los "revolucionarios" del socialista Partido P-MAS, luego de terminar el acto del primer aniversario del Frente Guasu, se retiraron de la Casa del Pueblo con una ruidosa manifestación.

(*) Periodista del Diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP

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