Los dirigentes de la CETRAPAM, Eduardo von Eckartsberg (izq.), Juan Carlos Aveiro, miembro de la SETAMA, Jorge Jure Vallejos y César Ruiz Díaz, durante una visita a la Cámara de Senadores el 4 de mayo de 2010.
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El proyecto Metrobus Pua'ê Porã crea más caos gerencial e inseguridad jurídica entre los transportistas debido a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pretende imponer un sistema de transporte que debe ser impulsado por la Secretaría de Transporte del Area Metropolitana, según Ley 1590/00. Esta norma había derogado las potestades del MOPC en materia de transporte. Sin embargo, el Ministerio pretende ser el gestor del sistema, en forma paralela a la SETAMA, solo mediante un proyecto de ley que aprobaría un crédito de 125 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.
El representante del Centro de Empresarios del Transporte Metropolitano (Cetrapam), César Ruíz Díaz, dijo que esta inseguridad jurídica hará que los transportistas no realicen más inversiones. Esto es así porque, de aprobar el Parlamento Nacional el proyecto Metrobus (Capiatá-Asunción), tendría que desaparecer unas 20 empresas que operan en este corredor. El empresario dijo que los transportistas firmaron un acuerdo con el gobierno de Fernando Lugo para renovar el parque automotor. Aseguró que hubo un compromiso del gobierno de dar un subsidio a las líneas a cambio de que compren ómnibus.
Algunas empresas comenzaron a comprar ómnibus, pero el proyecto Metrobus paralizará la renovación del parque automotor. Precisó que hay una enorme contradicción de la política del gobierno en materia de transporte: por un lado da un respaldo a las permisionarias con el subsidio estatal y, por otro lado, asesta un golpe bajo a las empresas al impulsar un nuevo sistema que necesariamente hará que desaparezcan líneas del área metropolitana.
Recurrirán a la Justicia
En noviembre de 2010, Ruíz Díaz había dicho a ABC Color que Cetrapam no reconoce al Viceministerio de Transporte como rector del transporte del área metropolitana, ya que el decreto 3810/10 es inconstitucional. Este decreto “revivió” el Viceministerio derogado por la Ley 1590/00. El empresario se reafirmó hoy en que el MOPC no tiene atribuciones para impulsar el proyecto Metrobus. Enfatizó que las autoridades de este Ministerio se creen los “dueños del país” al pretenden imponer un sistema que tiene su costo financiero y social. Criticó la falta de transparencia en el manejo del proyecto y advirtió que los empresarios recurrirán al Poder Judicial si el MOPC no reconoce los derechos de las empresas que obtuvieron permisos de la SETAMA. Aclaró que los itinerarios fueron otorgados en concesión por esta última institución.
No hay garantía para invertir
Ruíz Díaz dijo que se puede mejorar el transporte si el Estado otorga seguridad jurídica a los transportistas que desean invertir. Manifestó que se puede hacer también vías rápidas de circulación vehicular, como el MOPC pretende con el Metrobus, si los Municipios establecen carriles exclusivos para ómnibus y dársenas para alzar y bajar pasajeros.
El empresario enfatizó que ninguna empresa de transporte invertirá 50 millones de dólares para operar el Metrobus si no tiene garantía del Estado. Este es un costo aproximado del dinero que tendrá que arriesgar la sociedad anónima si el MOPC logra la potestad legal para impulsar el nuevo sistema. Advirtió que el costo del pasaje debe aumentar necesariamente o bien el Estado debe dar un subsidio a las empresas.
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