Caso Adolfo Trotte: grave atentado contra la ética periodística y los derechos constitucionales

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay, haciéndose eco de la preocupación de la ciudadanía con relación al abuso del derecho a la libertad de expresión y de prensa, ha analizado la cobertura periodística del caso que involucra a Adolfo Trotte, supuesto asesino de su esposa Sonia. El SPP vio la necesidad de discutir el caso no solo desde la perspectiva ética, sino también desde el ámbito laboral y profesional. Llegamos a la conclusión que, en ciertos casos, la cobertura periodística atenta contra la ética y los derechos constitucionales de la familia afectada por tan lamentable suceso.Considerando:

Que el artículo 26 de la Constitución Nacional garantiza “la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución...y “que no habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa”...
Que el artículo 28 “reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime”. 

Que el artículo 29 señala: “..Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”.

Que el Artículo 33 determina que “La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública”.

La Comisión Directiva del SPP señala: 

1- Dentro de este contexto constitucional y teniendo en cuenta la ética periodista sobre el derecho a la intimidad, señalamos que la cobertura del caso ha rebasado los límites establecidos por estas normas, cuyo objetivo es salvaguardar derechos de la ciudadanía y de la prensa.

2- Denunciamos que la mayoría de los medios presiona a los trabajadores de prensa (periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos) para buscar la “primicia” sin importar derechos de las familias involucradas en el luctuoso hecho criminal. Esta situación lesiona el principio constitucional de la libertad de conciencia.

3- Denunciamos que este hecho irregular ha atentado contra el derecho laboral de la compañera Carmen Ruiz, periodista de Canal 5 Paravisión. La Comisión Directiva del SPP tuvo que intervenir para que la empresa no lleve a cabo la medida de “suspensión laboral por tres días”, que significa recorte salarial. La sanción “disciplinaria”, dejada sin efecto, fue dispuesta porque la colega no pudo lograr una entrevista con la madre de la asesinada. No obstante, el canal dispuso que Ruiz dejara la presentación de noticias que estaba realizando en determinadas jornadas, lo que también devino en menores ingresos para la compañera.

4- Lamentamos la cobertura sensacionalista de los medios, en especial la televisiva, ya que los canales no tienen problemas para pasar en vivo y en directo algunos hechos sin importancia convertidos en “noticiables”. En cambio, los medios no dan cobertura a cuestiones de mayor interés nacional.

5- Entendemos que el pueblo tiene el derecho a la información, es decir, a recibir “información veraz, responsable y ecuánime”. Sin embargo, ello no debe justificar la invasión de la esfera íntima de las familias afectadas por este hecho lamentable y repudiable.

6- Exigimos a los medios de comunicación el respeto a la libertad de conciencia de los trabajadores de prensa y a informar con objetividad. Ello no debe significar censurar a los periodistas, sino evitar que la finada Sonia y sus familiares sean “revictimizados” como los malos de la película y mostrar al supuesto asesino como la estrella de un drama familiar.

7- Valoramos el hecho de que los diarios ABC Color y Última Hora hayan aplicado una censura legítima contra irresponsables que abusaban del derecho a la libertad de expresión. Gente sin identificar utilizaron los medios digitales para denostar a la familia y atentar contra la memoria de la víctima.

8- Sin embargo, consideramos que la censura impuesta por ABC Color Digital (eliminó la posibilidad de hacer comentarios) y la limitación de Última Hora no se deben a cuestiones éticas, sino a un oportunismo para realizar mercadotecnia. Es decir, si la intención es evitar el abuso de terceros también deberían considerar esta política cuando se trata de otros temas de interés nacional.

9- Vemos con preocupación que, desde hace unos años y coincidiendo con la campaña de criminalización de la pobreza y de los dirigentes sociales de éste y de otros gobiernos anteriores, los medios dan “vía libre” a los lectores para realizar comentarios en contra de campesinos sin tierra, sindicalistas, trabajadores de la calle (lavacoches), jóvenes y niños en situación de calle, indígenas, etc. 

10- Vemos también que la supuesta apertura democrática de los medios, a través de su sistema de libre expresión mediante suscripciones en la web, es usado para reforzar, en forma favorable a sus intereses económicos, la línea editorial sobre ciertos temas, como privatización o concesión de empresas públicas, reforma agraria, caso EPP, transgénicos, etc. En este sentido, hemos recibido denuncias de que ciertos medios digitales eliminan comentarios que no están con las ideas e intereses políticos y económicos de los directores de medios.

11- Instamos, finalmente, a todas y todos los colegas a hacer respetar la libertad de conciencia, a realizar coberturas informativas que respeten la dignidad y la intimidad de las personas y a no caer en el macabro concepto patronal, que repudiamos profundamente, de que “la primicia” o el “rating” determinan la conciencia.

Publicado por www.sindicatodeperiodistas.org