La diputada Rocío Casco es la principal defensora del proyecto de ley inconstitucional aprobado por la Cámara Baja el 10 de agosto de 2016 (foto de Cámara de Diputados).
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En el orden del día de la Cámara de Senadores de hoy fue incluido el proyecto de ley de “protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de agosto de 2016 (ver documento). Había sido presentado el 3 de marzo de 2015 por los diputados Rocío Casco, Ramón Duarte Jiménez, Esmerita Sánchez, José Ledesma, Blanca Vargas de Caballero y Del Pilar Eva Medina de Paredes.
La mayoría de los diputados, en especial José María Ibáñez y Bernardo Villalba, se habían opuesto tenazmente al proyecto porque atenta contra los derechos de los hombres y las mujeres establecidos en la Constitución Nacional, entre ellos los artículos 25 (de la expresión de la personalidad, y 26 (de la libertad de expresión y de prensa). Sin embargo, mediante acuerdo político con miras a las elecciones del 2018 y para captar la simpatía de las feministas, aprobaron con modificaciones el documento presentado en marzo del 2015.
El artículo 39 del proyecto de ley que tiene media sanción determina que “la jurisdicción penal ordinaria será competente para entender en los hechos punibles de violencia contra las mujeres”. El artículo 41 señala que el Ministerio Público o Fiscalía General debe “iniciar y proseguir la investigación, ejerciendo la acción penal a través de los/las agentes fiscales”.
El artículo 7 del proyecto de ley describe los tipos de violencia contra las mujeres “de manera enunciativa” (violencia psicológica, telemática, mediática, política, institucional, laboral). El objetivo de los diputados es garantizar “el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Así también busca combatir todo tipo de discriminación, ya sea en el ámbito privado o familiar, en el trabajo y en la esfera pública. El proyecto de ley hace referencia a varias leyes y tratados internacionales que están en vigencia desde hace años cuyo objetivo es similar a las intenciones plasmadas en el papel por los diputados.
Lo curioso del proyecto de ley es que describe varios derechos consagrados en la Constitución (igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y seguridad de las personas, derecho a la propiedad, derecho a la intimidad y la imagen, derecho a la educación y al trabajo. Sin embargo, da entender que es “derecho exclusivo” de las mujeres.
Los legisladores también buscan combatir la violencia contra las mujeres atentando contra los derechos constitucionales de los hombres, entre ellos lo establecido por el artículo 23 (de la prueba de la verdad) de la Constitución, que determina: “La prueba de la verdad y de la notoriedad no serán admisibles en los procesos que se promoviesen con motivo de publicaciones de cualquier carácter que afecten el honor, la reputación o a la dignidad de las personas, y que se refieran a delitos de acción penal privada o a conductas privadas que esta Constitución o la ley declaran exentas de la autoridad pública”.
El trasfondo del proyecto de ley es convertir, mediante la interpretación de fiscales y jueces corruptos, como hecho punible de “acción penal pública” la difamación, calumnia o daño moral contra las mujeres.
El documento que está en poder de Senadores dice que el Ministerio de la Mujer será la institución que coordinará la tarea de proteger a las mujeres contra todo tipo de discriminación y violencia. El proyecto crea una “mesa interinstitucional de prevención de la violencia contra la mujer”, donde estarán representantes de los ministerios del Interior, de Justicia y el de Trabajo, la Policía Nacional, la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, la Dirección de Estadísticas y Censos, Secretaría de la Información y Comunicación, Fiscalía General del Estado, Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, comisiones de equidad y género de la Cámara de Senadores y la de Diputados, municipalidades y gobernaciones.
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