Algunos dieron la espalda al partido colorado (Luis Castiglioni). Esta tarde una mayoría de colorados y liberales dará la espalda al país.
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Una mayoría de senadores se manifestó en contra del proyecto de Horacio Cartes de limitar las atribuciones del Congreso en materia de presupuesto de gastos. La propuesta aún no fue tratada en la cámara alta, pero aseguran que el proyecto de ley colisiona con los artículos 202 y 216 de la Carta Magna. Sin embargo, esta tarde habría mayoría en la Cámara de Senadores para aprobar el proyecto de acuerdo público-privado, que es un eufemismo usado por los diputados para encubrir su verdadera finalidad: dar en concesión los servicios públicos mediante una ley marco y no de acuerdo a determinados proyectos. Este plan estaría en colisión con el inciso “11” del artículo 202, de los deberes y atribuciones del Congreso, de la Constitución.
El proyecto de “promoción de la inversión en infraestructura pública” o de “acuerdo público-privado había sido aprobado, en forma sigilosa, por la Cámara de Diputados, el 11 de junio de 2013.
El proyecto de ley no tuvo el más mínimo debate en Diputados y mucho menos a nivel de la ciudadanía, en especial de los sindicatos y partidos políticos, debido a que la prensa ocultó los datos sobre la finalidad del programa impulsado por el gobierno de Federico Franco. El exdiputado Sebastián Acha fue el único que habló en contra del programa.
Si los senadores sancionan el proyecto de ley, tal como fue aprobado por Diputados, entregarán a Cartes un cheque en blanco para dar en concesión los servicios públicos esenciales, como el agua (Essap), electricidad (Ande) y telecomunicaciones (Copaco). También entrarán en las generalidades de la ley los servicios de la Administración Nacional de Puertos, de la Dirección Nacional de Aeropuertos, la Industria Nacional del Cemento y Petróleos Paraguayos.
Crédito internacional, sin aval del Congreso
El proyecto de ley no identifica las áreas o servicios a ser concesionados por el Estado, ya que lo define como “organismos y entidades del Estado”. El plan fue presentado por la prensa como un contrato público-privado para que empresas nacionales y extranjeras inviertan en la construcción de obras viales. En realidad es un mecanismo de financiación de obras públicas mediante la contratación de empresas que no solo construirán rutas o puentes, sino que al mismo tiempo dispondrán del dinero para su ejecución. Así, el estado podrá endeudarse con instituciones financieras internacionales sin necesidad del control o venia del Congreso, tal como establece la Constitución.
Otro punto cuestionable del proyecto es que la la Dirección de Contrataciones Públicas ya no tendrá participación para dirimir conflictos. Ello, pese a que el documento determina que los contratos se adecuarán a la Ley 2.051/03, de Contrataciones Públicas. El proyecto no es nada claro, ya que dice que también se adecuarán a la Ley 1.608/00, de Concesiones. No obstante, otro párrafo dice que también estarán sujetos al “marco regulatorio” o la ley a ser promulgada, los decretos del Poder Ejecutivo que reglamenta la ley y las resoluciones de la “unidad de proyectos de participación público-privada” que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Se repetiría caso Gramon Berres
Existen otras cuestiones graves aprobadas por Diputados, ya que el gobierno o el estado renuncia a la soberanía nacional. Es que, luego de implementarse la tercerización de los bienes del Estado, solo permite los arbitrajes nacionales o internacionales. Así la justicia ordinaria no podrá actuar en caso de fraudes cometidos contra del estado.
Esto dará pie para que se remita el fraude cometido por Gramon Berres, quien como embajador del dictador Alfredo Stroessner comprometió al país (1986 y 1987) en un proyecto para instalar una empresa farmacéutica y otra citrícola en La Colmena. La deuda no se pagó y diez bancos ganaron la demanda, que supera 85 millones de dólares. Ello, pese a que es una deuda no aprobada por el Congreso. El litigio se libró lejos de la esfera del Poder Judicial del Paraguay. La justicia de Suiza fue la que intervino en el proceso y dio aval al contrato firmado por Berres, quien no solicitó el aval del Congreso, aunque sí del dictador, tal como señala la constitución stronista.
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