Por Dionisio Arce Jara (*)

Quiñónez y Ayala al parecer siguieron la misma línea folklórica, ya que en el acta de imputación señalan que los detenidos mantenían “fluidas comunicaciones con los integrantes del mencionado grupo delictivo (EPP), por lo que podrían estar vinculados al secuestro del Sr. Luis Alberto Lindstron Picco, atendiendo a la circunstancia que en dicho campamento (casa de Alejandro Morel, prófugo) fueron halladas varias evidencias, entre ellas parte del dinero pagado en concepto de rescate del Sr. Lindstron”.
En el punto referente a las “circunstancias fácticas”, los citados fiscales solo hacen referencia a que “Osvaldo Villalba Ayala y Manuel Cristaldo Mieres y otras personas aún no identificadas privaron de su libertad a los Sres. Rosalino Meza, Ruth Espínola de Meza y a otros varios personales de la Estancia Viudita Cué”. Seguidamente, señalan que Lindstron Picco llegó al establecimiento el 31 de julio y que recién al día siguiente lo llevaron contra su voluntad y se internaron en los “montes de la zona” de Kuruzu de Hierro.
No identifican a dueños de líneas
Luego de esta exposición, los fiscales ya no nombran a Villalba y Mieres como los dueños de las líneas de celulares, pero dan a entender que éstos son los supuestos miembros del EPP que mantenían fluida comunicación con los detenidos el 19 y 20 de enero de 2010.
Los supuestos “llamadores” son: Rumilda Estela Giménez González, Antonio Ramón Bernal Maíz, Sindulfo Agüero Insaurralde, José Mariano Villalba Ayala, Sixto Sánchez, Zonia Ignacia Muñoz Péres, Juan Rimón Ovelar Irala, Stela Agüero de Meza, Alcio Alcides Soria Riveros, Alcides Ramón Giménez González, Julián De Jesús Ortiz Achucarro, Aguedo Ramón Giménez, Juana Bernal Maíz y Mari Blanca Bracho Martínez.
Quiñónez y Ayala Miranda aseguran que estos campesinos de Horqueta (Concepción) tendrían extrecha conexión con los secuestradores de Lindstron Picco, ya que las tarjetas de recarga de saldo de celulares, incautadas de una fosa del patio trasero de Alejandro Morel el 4 de agosto de 2009, así lo demuestran. Sin embargo, los fiscales no prueban en el acta quiénes son los dueños de las líneas de celulares y solo dicen que los encarcelados llamaban a los siguientes números: 0976-529140, 0971-734393, 0972-415161, 0971-779818, 0971-733503 y 0976-145065.
Quiñónez había allanado la casa de Morel (los fiscales identifican al sitio como “campamento del EPP) el 4 de agosto de 2009, donde se encontraron las tarjetas usadas y 28.000 dólares, que supuestamente forman parte de los 130.000 dólares que pagaron los Lindstron por el rescate del secuestrado. La representante del Ministeiro Público nunca informó cómo encontró el termo de plástico que contenía estas “evidencias” en contra de Morel y de los que habían sido detenidos luego de la aparición con vida del ganadero Fidel Zavala.
(*) Periodista del Diario ABC Color y Secretario de Interior del SPP
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